Judicial
Alcalde de Panchimalco seguirá proceso ordinario, según Código Penal alcaldes deben ser juzgados por Cámara de lo Penal
La jueza de Paz de Panchimalco en juicio sumario contra el alcalde de ese municipio, Mario Meléndez, se declaró incompetente de conocer ese proceso, debido a que según ella, el Código Penal establece que los alcaldes deben ser juzgados por una Cámara de lo Penal, por lo que seguirá un proceso ordinario por delito de hurto agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de tratar de apropiarse de 550 quintales de abono propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyo valor comercial ronda los 9 mi 350 dólares.
En el mismo juicio, la jueza detalló que cinco empleados de la alcaldía de Panchimalco deben seguir un proceso sumario con trámites simplificados y plazos abreviados, debido a que todos fueron detenidos en flagrancia. Este proceso se tiene que realizar en un periodo no mayor de 15 días.
En ese sentido, el proceso ordinario se llevaría a cabo en un juzgado de instrucción del Centro Judicial Isidro Menéndez, de esta capital.
El alcalde Mario Meléndez aseguró que hay un proceso con dolo en su contra y además de una «persecución política» y donde se han sumado la Fiscalía y acusadores querellantes del MAG.
Por su parte Herber Lovo, apoderado legal de Meléndez afirmó que su cliente es inocente de los delitos que se le imputan y que por ese motivo va a pedir un sobreseimiento definitivo, puesto que al interceptar la rastra cargada con abono, lo único que hizo fue proteger un bien público que supuestamente era llevado a instalaciones del partido Nuevas Ideas, por lo que él (el alcalde) no buscaba un beneficio personal.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
