Judicial
Alcalde de Panchimalco seguirá proceso ordinario, según Código Penal alcaldes deben ser juzgados por Cámara de lo Penal
La jueza de Paz de Panchimalco en juicio sumario contra el alcalde de ese municipio, Mario Meléndez, se declaró incompetente de conocer ese proceso, debido a que según ella, el Código Penal establece que los alcaldes deben ser juzgados por una Cámara de lo Penal, por lo que seguirá un proceso ordinario por delito de hurto agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de tratar de apropiarse de 550 quintales de abono propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyo valor comercial ronda los 9 mi 350 dólares.
En el mismo juicio, la jueza detalló que cinco empleados de la alcaldía de Panchimalco deben seguir un proceso sumario con trámites simplificados y plazos abreviados, debido a que todos fueron detenidos en flagrancia. Este proceso se tiene que realizar en un periodo no mayor de 15 días.
En ese sentido, el proceso ordinario se llevaría a cabo en un juzgado de instrucción del Centro Judicial Isidro Menéndez, de esta capital.
El alcalde Mario Meléndez aseguró que hay un proceso con dolo en su contra y además de una «persecución política» y donde se han sumado la Fiscalía y acusadores querellantes del MAG.
Por su parte Herber Lovo, apoderado legal de Meléndez afirmó que su cliente es inocente de los delitos que se le imputan y que por ese motivo va a pedir un sobreseimiento definitivo, puesto que al interceptar la rastra cargada con abono, lo único que hizo fue proteger un bien público que supuestamente era llevado a instalaciones del partido Nuevas Ideas, por lo que él (el alcalde) no buscaba un beneficio personal.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
