Judicial
Agente del CAM es condenan a 15 años de prisión por el asesinato de un agricultor en Suchitoto
La Fiscalía General de la República demostró la culpabilidad de Pedro de Jesús López Arias, agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de Suchitoto, por el asesinato de un joven de 22 años, con disparo de arma de fuego. El imputado fue condenado a 15 años de prisión.
La condena fue emitida por el Juzgado de Sentencia de la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlan.
El crimen se registró el 31 de julio de 2018, aproximadamente a las 11:45 de la mañana, en el cantón Milingo del municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán.
De acuerdo a la prueba testimonial, el imputado junto a la víctima, Miguel Antonio Hidalgo Hidalgo y otras tres personas regresaban de realizar tareas agrícolas. Se presume que hubo una disputa entre ambos lo cual provocó la escena sangrenta.
El imputado se entregó momentos después del hecho afirmando que fue de forma accidental; sin embargo, los Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de Cojutepeque, demostraron en el juicio, que existieron intenciones de lesionar, por parte del imputado.
Por su parte, éste aseveró en su primera versión, que alguien le había disparado a Hidalgo Hidalgo, y él había respondido haciendo dos disparos.
La víctima presentaba una lesión a la altura de la región pectoral, y en la escena solo se encontraron dos casquillos disparados con el arma de López Arias, quien posteriormente dijo que disparó accidentalmente a la víctima.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
