Judicial
Acusan por el delito de lesiones graves y agravadas a policía que lesionó de bala a joven en San Julián
Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará el lunes el requerimiento fiscal contra un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), que lesionó con un fusil a un joven de 19 años en el municipio de San Julián, en Sonsonate; este día informó que ya se presentó una acusación formal contra del agente.
Las autoridades fiscales confirmaron que acusaron al policía por el delito de lesiones graves y agravadas en el Juzgado de Paz de Sonsonate. También pidieron que se mantenga en prisión mientras es investigado, tras confirmar que lo detuvieron el domingo al conocer el hecho.
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El joven, reconocido como Alfredo Canesa, fue herido con impactos de bala, uno en cada pierda, por el agente, tras presuntamente negarse a pagar $50 para que no lo remitieran a un centro de contención a cumplir con cuarentena institucional.
El hecho ocurrió en un retén en San Julián cuando Canesa se conducía con un acompañante a bordo de una motocicleta y no pudo presentar la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, ya que se le habían olvidado.
En publicaciones de la corporación policial, que posteriormente fueron borrados, se dijo que, pese que uno de los dos disparos le fracturó un huezo, el joven no se sentía «ofendido».
La versión del joven, según la PNC, quedó consignada en un acta luego que de él habría hablado con investigadores policiales que llegaron al hospital donde se encuentra ingresado.
La familia del joven aseguró que el joven se encuentra dañado sicológicamente. También expuso que está pidiendo ayuda para que Alfredo sea operado de la pierna izquierda, donde tiene el huezo fracturado. Según testigos, Canesa trabajaba como albañil y era muy conocido en la zona.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
