Judicial
Acusan por el delito de lesiones graves y agravadas a policía que lesionó de bala a joven en San Julián
Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará el lunes el requerimiento fiscal contra un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), que lesionó con un fusil a un joven de 19 años en el municipio de San Julián, en Sonsonate; este día informó que ya se presentó una acusación formal contra del agente.
Las autoridades fiscales confirmaron que acusaron al policía por el delito de lesiones graves y agravadas en el Juzgado de Paz de Sonsonate. También pidieron que se mantenga en prisión mientras es investigado, tras confirmar que lo detuvieron el domingo al conocer el hecho.
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El joven, reconocido como Alfredo Canesa, fue herido con impactos de bala, uno en cada pierda, por el agente, tras presuntamente negarse a pagar $50 para que no lo remitieran a un centro de contención a cumplir con cuarentena institucional.
El hecho ocurrió en un retén en San Julián cuando Canesa se conducía con un acompañante a bordo de una motocicleta y no pudo presentar la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, ya que se le habían olvidado.
En publicaciones de la corporación policial, que posteriormente fueron borrados, se dijo que, pese que uno de los dos disparos le fracturó un huezo, el joven no se sentía «ofendido».
La versión del joven, según la PNC, quedó consignada en un acta luego que de él habría hablado con investigadores policiales que llegaron al hospital donde se encuentra ingresado.
La familia del joven aseguró que el joven se encuentra dañado sicológicamente. También expuso que está pidiendo ayuda para que Alfredo sea operado de la pierna izquierda, donde tiene el huezo fracturado. Según testigos, Canesa trabajaba como albañil y era muy conocido en la zona.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
