Judicial
Acusan por el delito de lesiones graves y agravadas a policía que lesionó de bala a joven en San Julián
Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará el lunes el requerimiento fiscal contra un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), que lesionó con un fusil a un joven de 19 años en el municipio de San Julián, en Sonsonate; este día informó que ya se presentó una acusación formal contra del agente.
Las autoridades fiscales confirmaron que acusaron al policía por el delito de lesiones graves y agravadas en el Juzgado de Paz de Sonsonate. También pidieron que se mantenga en prisión mientras es investigado, tras confirmar que lo detuvieron el domingo al conocer el hecho.
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El joven, reconocido como Alfredo Canesa, fue herido con impactos de bala, uno en cada pierda, por el agente, tras presuntamente negarse a pagar $50 para que no lo remitieran a un centro de contención a cumplir con cuarentena institucional.
El hecho ocurrió en un retén en San Julián cuando Canesa se conducía con un acompañante a bordo de una motocicleta y no pudo presentar la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, ya que se le habían olvidado.
En publicaciones de la corporación policial, que posteriormente fueron borrados, se dijo que, pese que uno de los dos disparos le fracturó un huezo, el joven no se sentía «ofendido».
La versión del joven, según la PNC, quedó consignada en un acta luego que de él habría hablado con investigadores policiales que llegaron al hospital donde se encuentra ingresado.
La familia del joven aseguró que el joven se encuentra dañado sicológicamente. También expuso que está pidiendo ayuda para que Alfredo sea operado de la pierna izquierda, donde tiene el huezo fracturado. Según testigos, Canesa trabajaba como albañil y era muy conocido en la zona.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
