Judicial
Abogado René Medrano abandonó el caso de Matteo Pasquale y Franco Pacetti que pretendían ser víctimas
El Juzgado Segundo de Instrucción, según resolución que este medio tuvo oportunidad de conocer, declaró el día 24 de febrero de 2020, abandonada la Querella (facultad para acusar en el proceso) del abogado René Alberto Medrano quien actuaba en representación de las supuestas víctimas, los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes tienen una orden de captura de Interpol por el caso de Extorsión y Apropiación de las acciones, en perjuicio del empresario Enrique Rais.
Este proceso penal fue iniciado sin ninguna denuncia y fue a petición única de Wil Walter Ruiz (primo hermano del Ex Fiscal General Douglas Meléndez) para acusar nuevamente a Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, el abogado Héctor Francisco Grimaldi y Ernesto Gutiérrez, siempre se dijo que era una doble persecusion y es una réplica del caso identificado públicamente como “Rais-Martínez” ya que se fundó en las mismas escuchas cuestionadas en su validez y autenticidad, provenientes de un procedimiento de intervención telefónica illegal donde nunca obtuvieron autorización judicial para escuchar teléfonos del empresario Enrique Rais y en una declaración de un Testigo con Clave, que en la audiencia inicial los fiscales del caso, tuvieron que aceptar que se trataba de un testigo criteriado.
Precisamente en la misma resolución el Juzgado declaró improcedente: la petición de selección de audios, por haber tenido un año para solicitarlo sin haberlo hecho, también se ordena la destrucción del expediente por ya no ser útil al ser una copia; y la declaración anticipada del Testigo Criteriado por carecer de fundamentación para motivar la razón por la cual no podría brindar su testimonio en una eventual vista pública.
De acuerdo a la resolución del juzgado de instrucción, al abogado René Medrano se le admitió la calidad de querellante, el día 09 de agosto de 2019; no obstante transcurrido el plazo para presentar acusación, no fue presentada lo que conforme al artículo 115 del Código Procesal Penal, trae como consecuencia que se declare abandonada la Querella, no permitiendo que se continúe la acción penal sobre el caso y contra los procesados en el mismo, por parte del Querellante.
El abogado que ejerce la defensa técnica de Hugo Blanco Rais, al ser consultado expresó que: “la declaratoria de abandono de la Querella viene a ratificar lo que desde un inicio en este proceso destacó la defensa, que el caso carecía de los mínimos elementos probatorios para sustentarse, ha sido un gran desgaste para el órgano judicial que la fiscalía –durante la administración del Ex Fiscal General Meléndez- haya iniciado oficiosamente una investigación con pruebas cuestionables y sin control judicial, ni participación de la defensa, en flagrante violación de los derechos humanos de nuestro cliente. Los ciudadanos canadienses durante 5 años han querido presentarse como víctimas, pero nunca fueron capaces de proponer una sola diligencia y por tanto no contaban con ninguna prueba para sostener esta acusación.”
En la misma resolución también se le confiere un plazo de tres días para que fiscalía informe sobre la razón por la que no presentó en tiempo la acusación, bajo prevención de declarar la extinción de la acción penal.
El abogado consultado también aclara: “Que el plazo para presentar acusación tanto para Fiscalía como para querella ya transcurrió sin que se haya presentado ninguna; por lo que consideramos que la actual Fiscalía, a cargo del Fiscal General Raúl Melara, actuará apegada a la Constitución y a los derechos humanos de los procesados, evitando la continuidad de un proceso penal carente de pruebas, donde no han existido reales y efectivas oportunidades de defensa por causas no atribuibles a los procesados, pero que no permitió la utilización de todos los medios que la ley permite, para controvertir los supuestos elementos de prueba de cargo que aportó fiscalía al inicio de esta causa”
También destacó que: “para que exista un control institucional de las actuaciones de los distintos agentes fiscales y así garantizar que funcionen con objetividad, imparcialidad e independencia, presentarán una nota al Fiscal General, para que realice una auditoría que determine la razón por la cual un mismo fiscal auxiliar ha estado a cargo de un proceso penal en que fiscalía pidió sobreseimiento a favor de Matteo Pasquale y Franco Pacetti donde Blanco Rais era victima; ese fiscal luego presenta un requerimiento en contra de Hugo Blanco Rais sobre un hecho que un juez ya reconoció que a lo sumo podía ser de naturaleza mercantil. Y ahora ese mismo fiscal que no estaba ni siquiera asignado a la unidad de crimen organizado, aparece acreditándose para ser parte en este proceso. No estamos haciendo ningún señalamiento específico, pero genera sospechas y recelos que es necesario que la Fiscalía aclare” Indicó.
El abogado también dejó entrever que están haciendo las consideraciones pertinentes y documentado los expedientes para presentar pruebas que en la fiscalía, a cargo del Ex Fiscal General Meléndez, pudo haber acciones ilícitas de favorecer a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, como también a algunos de sus abogados, de manera que en los casos que tenían la calidad de imputados se archivaran o sobreseyeran las investigaciones y en aquellos donde tuvieren interés se les facilitare la condición de víctimas para acusar a personas específicas, especialmente a los señores Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
