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Judicial

Abogado René Medrano abandonó el caso de Matteo Pasquale y Franco Pacetti que pretendían ser víctimas

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El Juzgado Segundo de Instrucción, según resolución que este medio tuvo oportunidad de conocer, declaró el día 24 de febrero de 2020, abandonada la Querella (facultad para acusar en el proceso) del abogado René Alberto Medrano quien actuaba en representación de las supuestas víctimas, los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes tienen una orden de captura de Interpol por el caso de Extorsión y Apropiación de las  acciones, en perjuicio del empresario Enrique Rais.

Este proceso penal fue iniciado sin ninguna denuncia y fue a petición única de Wil Walter Ruiz (primo hermano del Ex Fiscal General Douglas Meléndez) para acusar nuevamente a Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, el abogado Héctor Francisco Grimaldi y Ernesto Gutiérrez, siempre se dijo que era una doble persecusion y es una réplica del caso identificado públicamente como “Rais-Martínez” ya que se fundó en las mismas escuchas cuestionadas en su validez y autenticidad, provenientes de un procedimiento de intervención telefónica illegal donde nunca obtuvieron autorización judicial para escuchar teléfonos del empresario Enrique Rais y en una declaración de un Testigo con Clave, que en la audiencia inicial los fiscales del caso, tuvieron que aceptar que se trataba de un testigo criteriado.

Precisamente en la misma resolución el Juzgado declaró improcedente: la petición de selección de audios, por haber tenido un año para solicitarlo sin haberlo hecho, también se ordena la destrucción del expediente por ya no ser útil al ser una copia; y la declaración anticipada del Testigo Criteriado por carecer de fundamentación para motivar la razón por la cual no podría brindar su testimonio en una eventual vista pública.

De acuerdo a la resolución del juzgado de instrucción, al abogado René Medrano se le admitió la calidad de querellante, el día 09 de agosto de 2019; no obstante transcurrido el plazo para presentar acusación, no fue presentada lo que conforme al artículo 115 del Código Procesal Penal, trae como consecuencia que se declare abandonada la Querella, no permitiendo que se continúe la acción penal  sobre el caso y contra los procesados en el mismo, por parte del Querellante.

El abogado que ejerce la defensa técnica de Hugo Blanco Rais, al ser consultado expresó que: “la declaratoria de abandono de la Querella viene a ratificar lo que desde un inicio en este proceso destacó la defensa, que el caso carecía de los mínimos elementos probatorios para sustentarse, ha sido un gran desgaste para el órgano judicial que la fiscalía –durante la administración del Ex Fiscal General Meléndez- haya iniciado oficiosamente una investigación con pruebas cuestionables y sin control judicial, ni participación de la defensa, en flagrante violación de los derechos humanos de nuestro cliente. Los ciudadanos canadienses durante 5 años han querido presentarse como víctimas, pero nunca fueron capaces de proponer una sola diligencia y por tanto no contaban con ninguna prueba para sostener esta acusación.”

En la misma resolución también se le confiere un plazo de tres días para que fiscalía informe sobre la razón por la que no presentó en tiempo la acusación, bajo prevención de declarar la extinción de la acción penal.

El abogado consultado también aclara: “Que el plazo para presentar acusación tanto para Fiscalía como para querella ya transcurrió sin que se haya presentado ninguna; por lo que consideramos que la actual Fiscalía, a cargo del Fiscal General Raúl Melara, actuará apegada a la Constitución y a los derechos humanos de los procesados, evitando la continuidad de un proceso penal carente de pruebas, donde no han existido reales y efectivas oportunidades de defensa por causas no atribuibles a los procesados, pero que no permitió la utilización de todos los medios que la ley permite, para controvertir los supuestos elementos de prueba de cargo que aportó fiscalía al inicio de esta causa”

 

También destacó que: “para que exista un control institucional de las actuaciones de los distintos agentes fiscales y así garantizar que funcionen con objetividad, imparcialidad e independencia, presentarán una nota al Fiscal General, para que realice una auditoría que determine la razón por la cual un mismo fiscal auxiliar ha estado a cargo de un proceso penal en que fiscalía pidió sobreseimiento a favor de Matteo Pasquale y Franco Pacetti donde Blanco Rais era victima; ese fiscal luego presenta un requerimiento en contra de Hugo Blanco Rais sobre un hecho que un juez ya reconoció que a lo sumo podía ser de naturaleza mercantil. Y ahora ese mismo fiscal que no estaba ni siquiera asignado a la unidad de crimen organizado, aparece acreditándose para ser parte en este proceso. No estamos haciendo ningún señalamiento específico, pero genera sospechas y recelos que es necesario que la Fiscalía aclare” Indicó.

 

El abogado también dejó entrever que están haciendo las consideraciones pertinentes y documentado los expedientes para presentar pruebas que en la fiscalía, a cargo del Ex Fiscal General Meléndez, pudo haber acciones ilícitas de favorecer a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, como también a algunos de sus abogados, de manera que en los casos que tenían la calidad de imputados se archivaran o sobreseyeran las investigaciones y en aquellos donde tuvieren interés se les facilitare la condición de víctimas para acusar a personas específicas, especialmente a los señores Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.

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Judicial

35 años de cárcel para sujeto que asesinó a su expareja en Ciudad Delgado

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.

El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.

Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.

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Judicial

10 años de cárcel a mujer que colaboraba con la Mara Salvatrucha

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El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.

Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.

Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.

La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.

El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.

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Judicial

Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.

Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.

Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

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