Judicial
Abogado querellante del caso caso Carla Ayala está en cuarentena, por lo que suspenden vista pública
El Juzgado Especializado por una vida libre de violencia contra la Mujer de San Salvador, suspendió la vista pública, programada para el lunes anterior, contra 13 involucrados con diferentes participaciones en el crimen en perjuicio de la agente de la PNC, Carla Mayarí Ayala.
La suspensión, hasta nuevo aviso se debió a que el abogado de la querella Arnau Baulenas, viajó a España y cuando regresó al país fue puesto en cuarentena a raíz de la emergencia que se vive por el Coronavirus.
En ese sentido la vista pública se programará hasta pasada la Semana Santa, toda vez que puedan presentarse las partes involucradas en el caso.
El principal sospechoso del asesinato, es el expolicía Juan Josué Castillo Arévalo, alias “Samurái”, quien permanece prófugo de la justicia. Además de Castillo Arévalo, son procesados:
El exjefe del desaparecido GRP, César Flores Castro; el inspector Pablo Estrada Villalobos; y los agentes, Salvador Enrique Chávez; Juan Antonio Linares; Josué Antonio Pérez; Alex Obdulio López; Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras Hernández.
De igual manera, están involucrados los civiles, Víctor David Castillo, Edgardo Alfonso Chavarría, José Atilio Jiménez, Joel Isaac Castillo y Edwin Isaac Esquivel. Los imputados son acusados de incumplimiento de deberes, feminicidio agravado en comisión por omisión, feminicidio agravado en complicidad no necesaria, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
La agente Ayala fue ejecutada la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en el bulevar Constitución, luego de una fiesta en la sede del ex Grupo de Reacción Policial (GRP), en la colonia San Fernando de San Salvador.
El cuerpo de Ayala fue encontrado en una tumba clandestina, en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier, departamento de Usulután, nueve meses después de su asesinato.
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
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14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
