Judicial
Abogado querellante del caso caso Carla Ayala está en cuarentena, por lo que suspenden vista pública
El Juzgado Especializado por una vida libre de violencia contra la Mujer de San Salvador, suspendió la vista pública, programada para el lunes anterior, contra 13 involucrados con diferentes participaciones en el crimen en perjuicio de la agente de la PNC, Carla Mayarí Ayala.
La suspensión, hasta nuevo aviso se debió a que el abogado de la querella Arnau Baulenas, viajó a España y cuando regresó al país fue puesto en cuarentena a raíz de la emergencia que se vive por el Coronavirus.
En ese sentido la vista pública se programará hasta pasada la Semana Santa, toda vez que puedan presentarse las partes involucradas en el caso.
El principal sospechoso del asesinato, es el expolicía Juan Josué Castillo Arévalo, alias “Samurái”, quien permanece prófugo de la justicia. Además de Castillo Arévalo, son procesados:
El exjefe del desaparecido GRP, César Flores Castro; el inspector Pablo Estrada Villalobos; y los agentes, Salvador Enrique Chávez; Juan Antonio Linares; Josué Antonio Pérez; Alex Obdulio López; Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras Hernández.
De igual manera, están involucrados los civiles, Víctor David Castillo, Edgardo Alfonso Chavarría, José Atilio Jiménez, Joel Isaac Castillo y Edwin Isaac Esquivel. Los imputados son acusados de incumplimiento de deberes, feminicidio agravado en comisión por omisión, feminicidio agravado en complicidad no necesaria, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
La agente Ayala fue ejecutada la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en el bulevar Constitución, luego de una fiesta en la sede del ex Grupo de Reacción Policial (GRP), en la colonia San Fernando de San Salvador.
El cuerpo de Ayala fue encontrado en una tumba clandestina, en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier, departamento de Usulután, nueve meses después de su asesinato.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
