Judicial
Abogado querellante del caso caso Carla Ayala está en cuarentena, por lo que suspenden vista pública
El Juzgado Especializado por una vida libre de violencia contra la Mujer de San Salvador, suspendió la vista pública, programada para el lunes anterior, contra 13 involucrados con diferentes participaciones en el crimen en perjuicio de la agente de la PNC, Carla Mayarí Ayala.
La suspensión, hasta nuevo aviso se debió a que el abogado de la querella Arnau Baulenas, viajó a España y cuando regresó al país fue puesto en cuarentena a raíz de la emergencia que se vive por el Coronavirus.
En ese sentido la vista pública se programará hasta pasada la Semana Santa, toda vez que puedan presentarse las partes involucradas en el caso.
El principal sospechoso del asesinato, es el expolicía Juan Josué Castillo Arévalo, alias “Samurái”, quien permanece prófugo de la justicia. Además de Castillo Arévalo, son procesados:
El exjefe del desaparecido GRP, César Flores Castro; el inspector Pablo Estrada Villalobos; y los agentes, Salvador Enrique Chávez; Juan Antonio Linares; Josué Antonio Pérez; Alex Obdulio López; Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras Hernández.
De igual manera, están involucrados los civiles, Víctor David Castillo, Edgardo Alfonso Chavarría, José Atilio Jiménez, Joel Isaac Castillo y Edwin Isaac Esquivel. Los imputados son acusados de incumplimiento de deberes, feminicidio agravado en comisión por omisión, feminicidio agravado en complicidad no necesaria, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
La agente Ayala fue ejecutada la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en el bulevar Constitución, luego de una fiesta en la sede del ex Grupo de Reacción Policial (GRP), en la colonia San Fernando de San Salvador.
El cuerpo de Ayala fue encontrado en una tumba clandestina, en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier, departamento de Usulután, nueve meses después de su asesinato.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
