Judicial
Abogado de Arístides Valencia espera que su cliente se presente el viernes para enfrentar audiencia, «sí su estado de salud se lo permite»
El abogado defensor del exministro de Gobernación, Arístides Valencia, llegó este martes al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para conocer la intimación contra su cliente, quien es acusado de negociar con pandillas.
El profesional del derecho aseguró que Arístides Valencia se encuentra fuera del país desde el pasado 27 de enero, debido a que está recibiendo un tratamiento médico.
Asimismo, Julio Vargas, el abogado en cuestión, informó que su cliente podría regresar al país el próximo viernes para enfrentar la audiencia inicial por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
“Esperamos que se haga presente, si su estado de salud lo permite, el día viernes, el día de la audiencia, ahorita está recibiendo tratamiento médico fuera del país”, declaró sin precisar el lugar.
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, reveló en una entrevista televisiva que Valencia salió del país el pasado 27 de enero con destino a Guatemala.
Sobre el requerimiento presentado por Fiscalía, Vargas dijo sentirse confiado de obtener un buen resultado.
“Son elementos mínimos, considero que es bastante posible obtener un buen resultado en esa audiencia”, expuso.
La Fiscalía General de la República acusa a Valencia, al exministro de Seguridad, Benito Lara, al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, al supuesto enlace entre el FMLN y grupos criminales, Wilson Alvarado, y al columnista de origen alemán, Paolo Lüers, de negociar votos con grupos criminales durante los comicios presidenciales de 2014.
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador prevé intimar a todos los imputados este martes.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
