Judicial
Abogado de Arístides Valencia espera que su cliente se presente el viernes para enfrentar audiencia, «sí su estado de salud se lo permite»
El abogado defensor del exministro de Gobernación, Arístides Valencia, llegó este martes al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para conocer la intimación contra su cliente, quien es acusado de negociar con pandillas.
El profesional del derecho aseguró que Arístides Valencia se encuentra fuera del país desde el pasado 27 de enero, debido a que está recibiendo un tratamiento médico.
Asimismo, Julio Vargas, el abogado en cuestión, informó que su cliente podría regresar al país el próximo viernes para enfrentar la audiencia inicial por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
“Esperamos que se haga presente, si su estado de salud lo permite, el día viernes, el día de la audiencia, ahorita está recibiendo tratamiento médico fuera del país”, declaró sin precisar el lugar.
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, reveló en una entrevista televisiva que Valencia salió del país el pasado 27 de enero con destino a Guatemala.
Sobre el requerimiento presentado por Fiscalía, Vargas dijo sentirse confiado de obtener un buen resultado.
“Son elementos mínimos, considero que es bastante posible obtener un buen resultado en esa audiencia”, expuso.
La Fiscalía General de la República acusa a Valencia, al exministro de Seguridad, Benito Lara, al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, al supuesto enlace entre el FMLN y grupos criminales, Wilson Alvarado, y al columnista de origen alemán, Paolo Lüers, de negociar votos con grupos criminales durante los comicios presidenciales de 2014.
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador prevé intimar a todos los imputados este martes.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
