Judicial
Abogado de Arístides Valencia espera que su cliente se presente el viernes para enfrentar audiencia, «sí su estado de salud se lo permite»
El abogado defensor del exministro de Gobernación, Arístides Valencia, llegó este martes al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para conocer la intimación contra su cliente, quien es acusado de negociar con pandillas.
El profesional del derecho aseguró que Arístides Valencia se encuentra fuera del país desde el pasado 27 de enero, debido a que está recibiendo un tratamiento médico.
Asimismo, Julio Vargas, el abogado en cuestión, informó que su cliente podría regresar al país el próximo viernes para enfrentar la audiencia inicial por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
“Esperamos que se haga presente, si su estado de salud lo permite, el día viernes, el día de la audiencia, ahorita está recibiendo tratamiento médico fuera del país”, declaró sin precisar el lugar.
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, reveló en una entrevista televisiva que Valencia salió del país el pasado 27 de enero con destino a Guatemala.
Sobre el requerimiento presentado por Fiscalía, Vargas dijo sentirse confiado de obtener un buen resultado.
“Son elementos mínimos, considero que es bastante posible obtener un buen resultado en esa audiencia”, expuso.
La Fiscalía General de la República acusa a Valencia, al exministro de Seguridad, Benito Lara, al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, al supuesto enlace entre el FMLN y grupos criminales, Wilson Alvarado, y al columnista de origen alemán, Paolo Lüers, de negociar votos con grupos criminales durante los comicios presidenciales de 2014.
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador prevé intimar a todos los imputados este martes.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
