Judicial
15 años de prisión a extranjeros que navegaban con 820 kilos de cocaína
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó hoy a 15 años de cárcel a los guatemaltecos Mynor Idardo Hernández Fuentes, Moisés Zelada Hernández, Jorge Mario Marroquín Fuentes, Sam Dilón Calderón ramos y el ecuatoriano Edison Javier Hernández Mero, por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.
El juzgador consideró que con la prueba tanto testimonial como documental y pericial, quedó plenamente establecida la participación de los extranjeros, en el delito de tráfico ilícito.
En su fallo el juez argumentó, “los 21 bultos que se encontraron en el mar, fuera de nuestras costas, no eran casualidad, los agentes de la Fuerza Naval Tridente ya habían sido alertados sobre esa embarcación y uno de los agentes de la marina observó cuando de la embarcación “Tiburón” lanzaban esos bultos “, dijo
Agregó además que es irrelevante que la captura de los ahora condenados haya sido en aguas internacionales, “casi todos los países estiman la droga como sustancia ilícita… porque dañan la salud pública… y los señores han cometido tráfico ilícito”, enfatizo.
El 27 de mayo de 2017 agentes de la Fuerza Naval Tridente mientras realizaban patrullaje preventivo en altamar fueron alertados de una embarcación denominada “Tiburón “, con bandera de Guatemala y que se encontraba a 280 millas del territorio Salvadoreño y observaron cuando los ahora lanzaron al agua sacos, posteriormente realizaron la búsqueda de los mismos encontrando 21 paquetes que luego de realizarles la pruebas pertinentes, dieron positivo a droga cocaína, siendo en total 820 kilos de polvo blanco valorada en $20 millones 500 mil dólares.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
