Nacionales
Inspeccionan puntos de venta para verificar cobro legal de tambos de gas en el país
La Defensoría del Consumidor lleva a cabo verificaciones de oficio y como respuesta a denuncias de la población ante anormalidades en el cobro del subsidio del gas propano.
Dichas acciones se llevaron a cabo en diferentes puntos de venta del departamento de San Salvador y fueron lideradas por el director de Hidrocarburos y Minas de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, Henry Müller, y el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
“Se han fortalecido las inspecciones para verificar el cobro de los precios que establece la Ley transitoria para la estabilización de precios del gas licuado de petróleo”, explicó Henry Müller.
Además, detalló que se han efectuado 76 inspecciones en los últimos días y aumentarán para la próxima semana. Aquellos distribuidores que falten a la ley serán sancionados con multas entre 500 y 10,000 dólares.
Estas son “inspecciones de oficio y en atención de denuncias, en las cuales se levanta un acta” para constatar que se cumple o no con la normativa. “El mensaje es que se cumpla la ley”, exhortó el funcionario.
Se han llevado a cabo 14,334 inspecciones en el rubro del gas, a envasadoras (peso de cilindros) y puntos de venta (verificación del precio).
“El Gobierno retiera que el subsidio se mantiene en El Salvador. En las últimas hotas las noticias han generado zozobra en la población, en función de eso hemos activado un procedimiento con la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, el Ministerio de Hacienda y la Defensoría del Consumidor”, dijo por su parte Ricardo Salazar.
Son cerca de 1.8 millones de familias beneficiadas con el subsidio al gas, en el que se establece la siguiente escala de precios por peso: tambo de 35 libras: $15.50 con subsidio general y $7.46 con el subsidio focalizado; 25 libras: $11.13 y $3.09; 20 libras: $8.98 y $0.94, y 10 libras: $4.61 y $0.00. Las denuncias pueden ser hechas al 910 de la Defensoría del Consumidor.
L a Policía Nacional Civil (PNC) está haciendo labores de acompañamiento y patrullajes preventivos en diferentes fincas de Ahuachapán, uno de los departamentos con mayor tradición cafetalera del país, como parte de las acciones de seguridad impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Este despliegue ha permitido que los trabajadores se trasladen y desarrollen sus jornadas con mayor tranquilidad, sin el temor de ser víctimas de robos o hechos delictivos que en años anteriores al régimen de excepción afectaban la actividad.
Los cortadores destacan que ahora existen mayores garantías para trabajar, lo que ha generado una mayor afluencia de personas a las fincas y mejores condiciones económicas, incluyendo pagos más justos por la corta del grano.
«Aprovechamos la temporada también con la certeza de que vamos a lugares seguros, antes uno si iba era con miedo, porque las pandillas no dejaban trabajar tranquilo. También nos motiva que hay más gente interesada en trabajar y eso hace que el pago sea más justo. Nos pagan entre $2 o $2.50 la arroba», expresó Douglas Chanico, cortador de una de las fincas de la zona de Atiquizaya.
Además, los trabajadores señalan que el clima de seguridad les permite hacer sus tiempos de comida con calma y permanecer en las zonas de trabajo sin la constante preocupación por su integridad.
La PNC mantiene patrullajes permanentes en los alrededores de las fincas y en los accesos principales, incluso hasta el momento en que los cortadores finalizan sus labores y se retiran, garantizando un entorno seguro tanto para ellos como para los productores.
Estas acciones refuerzan la estabilidad en el sector cafetalero y contribuyen al desarrollo económico de Ahuachapán y el país en general.
Maquinaria y equipo técnico del Fondo de Conservación Vial (Fovial) trabajan en el reciclado de pavimento, previo a colocar la carpeta asfáltica desde la Ruta Militar hasta la calle al cantón Agua Zarca, en San Miguel.
Novecientos metros lineales interviene el equipo técnico del Fovial, y hasta el momento la obra ha avanzado más del 50 %, y se proyecta finalizar a mediados de mes.
El lunes comenzó la colocación de la carpeta asfáltica, y posteriormente harán las obras de señalización. Para ello deben esperar 21 días hasta que esté seca la capa asfáltica.
Edenia Reyes, residente en la zona, comentó que la calle tenía varios años de no ser intervenida y ya presentaba dificultades para el tránsito.
«Estaba bastante fea y está quedando excelente; esta calle conecta la Ruta Militar con el periférico Gerardo Barrios y es muy transitada», comentó la migueleña.
«Esa calle necesitaba que se le diera una buena reparada. Desde hace varios años no la intervienen, y creo que esa capa asfáltica que le pusieron en ese entonces fue muy delgadita porque rápido se hicieron grandes hoyos. Hoy va a quedar entera», comentó Marcos Ulloa, que vive en el sector.
La capa asfáltica en el tramo intervenido tiene un grosor de siete centímetros, y esto permitirá la durabilidad de la vía, que además de conectar con el periférico y la Ruta Militar se dirige al Parque Recreativo Altos de la Cueva, así como a nuevos negocios en la zona.
Óscar René Gómez Rodríguez fue condenado a 10 años de prisión por el hurto de una motocicleta el 8 de octubre de 2025 en el distrito de Santiago de María, Usulután Norte.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la víctima estacionó su motocicleta frente a su negocio, y en el video de una cámara de vigilancia identificó las características físicas de la persona que se llevó la motocicleta.
Con la información obtenida, la víctima interpuso la denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC).
Debido a un control preventivo que desarrollaba la policía en la 3.º calle oriente en la colonia 9 de Noviembre se observó que en el interior de un taller estaba Gómez Rodríguez con la motocicleta que tenía reporte de hurto.
El imputado fue capturado en flagrancia por el delito de hurto agravado y fue condenado por el Juzgado Primero de Paz de Santiago de María.
