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Incautación que realizo la Fuerza Naval de 168 paquetes de cocaína esta valorada en $4.2 millones
Autoridades del Gabinete de Seguridad Pública confirmaron esta tarde la incautación de 168 paquetes de cocaína valorada en $4.2 millones, en la zona oriental del país.
El ministro de Defensa, Francis René Merino Monroy, informó que la incautación ocurrió a las 3:30 de la madrugada de este domingo y en el operativo fueron decomisadas tres lanchas que eran utilizadas en la operación de trasiego de la droga. En la mañana se manejaba preliminarmente que era cocaína, pero en la tarde fue confirmada.
«Se ha contabilizado 168 paquetes de cocaína, esto tiene un valor en el mercado negro de 4.2. millones de dólares. También fueron ocupadas tres lanchas y cuatro motores fuera de borda de 75 hp (caballos de fuerza)», dijo el ministro.
Asimismo, un salvadoreño y cuatro nicaragüenses fueron detenidos por su presunta participación en la acción ilegal que tuvo lugar en el sector de la playa El Tamarindo y punta Amapala de Usulután.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, confirmó que las pruebas arrojaron que se trata de cocaína y agregó que en el operativo participaron elementos de la División Antinarcóticos y policías de la zona en apoyo de la Fuerza Naval.
«Una vez más, la institución policial en estas operaciones conjuntas da a conocer a través del Gabinete de Seguridad lo que es el resultado del trabajo que el Plan Control Territorial está dando hasta este momento», dijo Arriaza Chicas.
En lo que va de la implementación del Plan Control Territorial, más de 7,000 personas han sido detenidas por diferentes ilícitos relacionados a la narcoactividad.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
