Judicial
«Hay testimonios de fiscales, quienes confesaron delitos, luego se hicieron ‘testigos criteriados’ de acusación contra su ex jefe Luis Martínez»Paolo Luers sobre Caso Corruptela
No cabe duda que el escritor y analista Paolo Luers tiene opiniones que son controversiales y hasta «calientes» para nuestra sociedad. Y es que su más reciente columna deja, otra vez, al descubierto la delicada situación que se dió en uno de los casos más sonados del año pasado, promovido por el exfiscal general Douglas Meléndez, nos referimos al «Caso Corruptela»
En su más reciente columna de opinión publicada en un periódico nacional, Luers hace un análisis de la situación del caso antes mencionado, llamando a usar la lógica como una primera herramienta para entender los indicios, que a su juicio, son claros. Y es que para el escritor hay que investigar de manera categórica los indicios que la fiscalía pueda tener sobre los métodos «ilegales» utilizados para preparar acusaciones y conseguir condenas, además que hay que apartar esas supuestas pruebas o actores del caso de inmediato.
Textualmente, el analista dice lo siguiente:
Si esto afecta a los casos, en el sentido de poner en peligro las condenas, no puede ser razón para no investigar a las fiscales o de no apartarlos de los casos donde han manipulado testimonios o pruebas.
“Ponen en peligro que se les caiga el ‘caso Corruptela’ por andar investigando y cambiando fiscales” – con este grito al cielo denuncian que los favorecidos de esta serían Luis Martínez, el ex fiscal general preso en Mariona; Enrique Rais, el empresario prófugo en Suiza; y Mauricio Funes, el ex presidente asilado en Nicaragua. Ellos son los acusados
en este caso.
¡Momentito! La cuestión no es si se les cae una condena o no, la única cuestión relevante es si hubo o no hubo ilegalidades en los procedimientos de la fiscalía – y la única manera de saber es investigando a los fiscales al cargo del caso. Y a sus superiores, incluyendo el entonces fiscal general Douglas Meléndez, porque hay fiscales que alegan que han sido obligados a dar falsos testimonios. Acordémonos que el tal ‘caso Corruptela’ incluye las irregularidades presuntamente cometidas por el entonces fiscal Luis Martínez para favorecer a Rais y Funes. Y resulta que ahora aparecen indicios que esta investigación sobre casos amañados también tuvo mañas.
Louers afirma que es realmente increíble que el Fiscal General en turno, Raúl Melara, deba ocupar su tiempo y recursos en investigar a su antecesor para saber y confirmar que Meléndez utilizó pruebas y las manipuló para comprobar que e¡otro exfiscal, Luis Martínez, también pudo ser víctima de procesos similares o haber manipulado juicios.
Si el nuevo fiscal general no logra que estas investigaciones internas se concluyan apegadas a las leyes y de manera transparente, el daño para la institución fiscalía sería irreparable. En cambio, si esta vez la fiscalía procede bien, se comprueba que estamos avanzando en la lucha contra la corrupción judicial.
Además, para Paolo Luers es totalmente inconcebible la demanda planteada por Roberto Rubio, de FUNDE, en la que le solicitaba a Raúl Melara no investigar todas alas irregularidades del Caso Corruptela, aduciendo que si dejaban sin efecto estos falsos testimonios de los supuestos criterios, el caso se vendría abajo y no valdría la pena todo el esfuerzo. El analista es claro en plantear que cualquier institución de justicia del mundo, ya sea policía o fiscalía, está obligada a investigar cualquier irregularidad y a que se investiguen a los que investigan, y de comprobarse las irregularidades, a que se les castigue y suspendan.
Lo que quiero decir es: Ir al fondo en estas investigaciones internas es mucho más importante que el daño que esto podría causar al ‘caso Corruptela’. Y si de hecho, luego de todo este desmadre, se perdiera este caso, la culpa la tendrán quienes han tratado de ganarlo con métodos fuera de la ley y la ética – no quienes decidieron investigar, exhibir y subsanar estas ilegalidades.
En el contexto de la actual investigación se reveló algo que parece insólito: Hay testimonios de fiscales, quienes confesaron delitos, luego se hicieron ‘testigos criteriados’ de acusación contra su ex jefe Luis Martínez – y siguen ejerciendo como fiscales. No puede ser. Afirmó Luers en su Carta.
La conclusión del analista es categórica y clara: aquí algo raro ocurrió, hay suficientes pruebas y denuncias que involucran al exfiscal Douglas Meléndez en el cometimiento de posibles delitos que el fiscal general actual, Raúl Meara, está obligado a investigar y profundizar, para demostrarle al pueblo salvadoreño transparencia y justicia:
Si estos fiscales/testigos realmente cometieron delitos, hay que apartarlos de la fiscalía. Si no cometieron delitos, hay que castigar a los otros fiscales que los obligaron a hacer confesiones y acusaciones falsas. Por esto es tan importante laactual investigación interna – y habrá que ampliarla hacia un montón de otros casos prominentes de las fiscalías de Martínez y Meléndez.
Lea la nota original acá:
CARTA SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. DE PAOLO LUERS
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la jornada de este martes en la vista pública contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales de 2015.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, tras supuestamente ofrecer beneficios económicos a pandillas a cambio de votos. Entre los acusados se encuentran Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y Arnd Richard Luers (Paolo Luers).
El Tribunal 1° de Sentencia determinó que existe riesgo de fuga por parte del exministro Benito Lara, por lo que ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
