Judicial
«Hay testimonios de fiscales, quienes confesaron delitos, luego se hicieron ‘testigos criteriados’ de acusación contra su ex jefe Luis Martínez»Paolo Luers sobre Caso Corruptela
No cabe duda que el escritor y analista Paolo Luers tiene opiniones que son controversiales y hasta «calientes» para nuestra sociedad. Y es que su más reciente columna deja, otra vez, al descubierto la delicada situación que se dió en uno de los casos más sonados del año pasado, promovido por el exfiscal general Douglas Meléndez, nos referimos al «Caso Corruptela»
En su más reciente columna de opinión publicada en un periódico nacional, Luers hace un análisis de la situación del caso antes mencionado, llamando a usar la lógica como una primera herramienta para entender los indicios, que a su juicio, son claros. Y es que para el escritor hay que investigar de manera categórica los indicios que la fiscalía pueda tener sobre los métodos «ilegales» utilizados para preparar acusaciones y conseguir condenas, además que hay que apartar esas supuestas pruebas o actores del caso de inmediato.
Textualmente, el analista dice lo siguiente:
Si esto afecta a los casos, en el sentido de poner en peligro las condenas, no puede ser razón para no investigar a las fiscales o de no apartarlos de los casos donde han manipulado testimonios o pruebas.
“Ponen en peligro que se les caiga el ‘caso Corruptela’ por andar investigando y cambiando fiscales” – con este grito al cielo denuncian que los favorecidos de esta serían Luis Martínez, el ex fiscal general preso en Mariona; Enrique Rais, el empresario prófugo en Suiza; y Mauricio Funes, el ex presidente asilado en Nicaragua. Ellos son los acusados
en este caso.
¡Momentito! La cuestión no es si se les cae una condena o no, la única cuestión relevante es si hubo o no hubo ilegalidades en los procedimientos de la fiscalía – y la única manera de saber es investigando a los fiscales al cargo del caso. Y a sus superiores, incluyendo el entonces fiscal general Douglas Meléndez, porque hay fiscales que alegan que han sido obligados a dar falsos testimonios. Acordémonos que el tal ‘caso Corruptela’ incluye las irregularidades presuntamente cometidas por el entonces fiscal Luis Martínez para favorecer a Rais y Funes. Y resulta que ahora aparecen indicios que esta investigación sobre casos amañados también tuvo mañas.
Louers afirma que es realmente increíble que el Fiscal General en turno, Raúl Melara, deba ocupar su tiempo y recursos en investigar a su antecesor para saber y confirmar que Meléndez utilizó pruebas y las manipuló para comprobar que e¡otro exfiscal, Luis Martínez, también pudo ser víctima de procesos similares o haber manipulado juicios.
Si el nuevo fiscal general no logra que estas investigaciones internas se concluyan apegadas a las leyes y de manera transparente, el daño para la institución fiscalía sería irreparable. En cambio, si esta vez la fiscalía procede bien, se comprueba que estamos avanzando en la lucha contra la corrupción judicial.
Además, para Paolo Luers es totalmente inconcebible la demanda planteada por Roberto Rubio, de FUNDE, en la que le solicitaba a Raúl Melara no investigar todas alas irregularidades del Caso Corruptela, aduciendo que si dejaban sin efecto estos falsos testimonios de los supuestos criterios, el caso se vendría abajo y no valdría la pena todo el esfuerzo. El analista es claro en plantear que cualquier institución de justicia del mundo, ya sea policía o fiscalía, está obligada a investigar cualquier irregularidad y a que se investiguen a los que investigan, y de comprobarse las irregularidades, a que se les castigue y suspendan.
Lo que quiero decir es: Ir al fondo en estas investigaciones internas es mucho más importante que el daño que esto podría causar al ‘caso Corruptela’. Y si de hecho, luego de todo este desmadre, se perdiera este caso, la culpa la tendrán quienes han tratado de ganarlo con métodos fuera de la ley y la ética – no quienes decidieron investigar, exhibir y subsanar estas ilegalidades.
En el contexto de la actual investigación se reveló algo que parece insólito: Hay testimonios de fiscales, quienes confesaron delitos, luego se hicieron ‘testigos criteriados’ de acusación contra su ex jefe Luis Martínez – y siguen ejerciendo como fiscales. No puede ser. Afirmó Luers en su Carta.
La conclusión del analista es categórica y clara: aquí algo raro ocurrió, hay suficientes pruebas y denuncias que involucran al exfiscal Douglas Meléndez en el cometimiento de posibles delitos que el fiscal general actual, Raúl Meara, está obligado a investigar y profundizar, para demostrarle al pueblo salvadoreño transparencia y justicia:
Si estos fiscales/testigos realmente cometieron delitos, hay que apartarlos de la fiscalía. Si no cometieron delitos, hay que castigar a los otros fiscales que los obligaron a hacer confesiones y acusaciones falsas. Por esto es tan importante laactual investigación interna – y habrá que ampliarla hacia un montón de otros casos prominentes de las fiscalías de Martínez y Meléndez.
Lea la nota original acá:
CARTA SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. DE PAOLO LUERS
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
