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Judicial

«Hay testimonios de fiscales, quienes confesaron delitos, luego se hicieron ‘testigos criteriados’ de acusación contra su ex jefe Luis Martínez»Paolo Luers sobre Caso Corruptela

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No cabe duda que el escritor y analista Paolo Luers tiene opiniones que son controversiales y hasta «calientes» para nuestra sociedad. Y es que su más reciente columna deja, otra vez, al descubierto la delicada situación que se dió en uno de los casos más sonados del año pasado, promovido por el exfiscal general Douglas Meléndez, nos referimos al «Caso Corruptela»

En su más reciente columna de opinión publicada en un periódico nacional, Luers hace un análisis de la situación del caso antes mencionado, llamando a usar la lógica como una primera herramienta para entender los indicios, que a su juicio, son claros. Y es que para el escritor hay que investigar de manera categórica los indicios que la fiscalía pueda tener sobre los métodos «ilegales» utilizados para preparar acusaciones y conseguir condenas, además que hay que apartar esas supuestas pruebas o actores del caso de inmediato.

Textualmente, el analista dice lo siguiente:

Si esto afecta a los casos, en el sentido de poner en peligro las condenas, no puede ser razón para no investigar a las fiscales o de no apartarlos de los casos donde han manipulado testimonios o pruebas.

“Ponen en peligro que se les caiga el ‘caso Corruptela’ por andar investigando y cambiando fiscales” – con este grito al cielo denuncian que los favorecidos de esta serían Luis Martínez, el ex fiscal general preso en Mariona; Enrique Rais, el empresario prófugo en Suiza; y Mauricio Funes, el ex presidente asilado en Nicaragua. Ellos son los acusados
en este caso.

¡Momentito! La cuestión no es si se les cae una condena o no, la única cuestión relevante es si hubo o no hubo ilegalidades en los procedimientos de la fiscalía – y la única manera de saber es investigando a los fiscales al cargo del caso. Y a sus superiores, incluyendo el entonces fiscal general Douglas Meléndez, porque hay fiscales que alegan que han sido obligados a dar falsos testimonios. Acordémonos que el tal ‘caso Corruptela’ incluye las irregularidades presuntamente cometidas por el entonces fiscal Luis Martínez para favorecer a Rais y Funes. Y resulta que ahora aparecen indicios que esta investigación sobre casos amañados también tuvo mañas.

Louers afirma que es realmente increíble que el Fiscal General en turno, Raúl Melara, deba ocupar su tiempo y recursos en investigar a su antecesor para saber y confirmar que Meléndez utilizó pruebas y las manipuló para comprobar que e¡otro exfiscal, Luis Martínez, también pudo ser víctima de procesos similares o haber manipulado juicios.

Si el nuevo fiscal general no logra que estas investigaciones internas se concluyan apegadas a las leyes y de manera transparente, el daño para la institución fiscalía sería irreparable. En cambio, si esta vez la fiscalía procede bien, se comprueba que estamos avanzando en la lucha contra la corrupción judicial.

Además, para Paolo Luers es totalmente inconcebible la demanda planteada por Roberto Rubio, de FUNDE, en la que le solicitaba a Raúl Melara no investigar todas alas irregularidades del Caso Corruptela, aduciendo que si dejaban sin efecto estos falsos testimonios de los supuestos criterios, el caso se vendría abajo y no valdría la pena todo el esfuerzo. El analista es claro en plantear que cualquier institución de justicia del mundo, ya sea policía o fiscalía, está obligada a investigar cualquier irregularidad y a que se investiguen a los que investigan, y de comprobarse las irregularidades, a que se les castigue y suspendan.

Lo que quiero decir es: Ir al fondo en estas investigaciones internas es mucho más importante que el daño que esto podría causar al ‘caso Corruptela’. Y si de hecho, luego de todo este desmadre, se perdiera este caso, la culpa la tendrán quienes han tratado de ganarlo con métodos fuera de la ley y la ética – no quienes decidieron investigar, exhibir y subsanar estas ilegalidades.

En el contexto de la actual investigación se reveló algo que parece insólito: Hay testimonios de fiscales, quienes confesaron delitos, luego se hicieron ‘testigos criteriados’ de acusación contra su ex jefe Luis Martínez – y siguen ejerciendo como fiscales. No puede ser. Afirmó Luers en su Carta.

La conclusión del analista es categórica y clara: aquí algo raro ocurrió, hay suficientes pruebas y denuncias que involucran al exfiscal Douglas Meléndez en el cometimiento de posibles delitos que el fiscal general actual, Raúl Meara, está obligado a investigar y profundizar, para demostrarle al pueblo salvadoreño transparencia y justicia:

Si estos fiscales/testigos realmente cometieron delitos, hay que apartarlos de la fiscalía. Si no cometieron delitos, hay que castigar a los otros fiscales que los obligaron a hacer confesiones y acusaciones falsas. Por esto es tan importante laactual investigación interna – y habrá que ampliarla hacia un montón de otros casos prominentes de las fiscalías de Martínez y Meléndez.

Lea la nota original acá:

CARTA SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. DE PAOLO LUERS
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Judicial

Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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Judicial

Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.

La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.

El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.

El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.

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