Judicial
«Hay testimonios de fiscales, quienes confesaron delitos, luego se hicieron ‘testigos criteriados’ de acusación contra su ex jefe Luis Martínez»Paolo Luers sobre Caso Corruptela
No cabe duda que el escritor y analista Paolo Luers tiene opiniones que son controversiales y hasta «calientes» para nuestra sociedad. Y es que su más reciente columna deja, otra vez, al descubierto la delicada situación que se dió en uno de los casos más sonados del año pasado, promovido por el exfiscal general Douglas Meléndez, nos referimos al «Caso Corruptela»
En su más reciente columna de opinión publicada en un periódico nacional, Luers hace un análisis de la situación del caso antes mencionado, llamando a usar la lógica como una primera herramienta para entender los indicios, que a su juicio, son claros. Y es que para el escritor hay que investigar de manera categórica los indicios que la fiscalía pueda tener sobre los métodos «ilegales» utilizados para preparar acusaciones y conseguir condenas, además que hay que apartar esas supuestas pruebas o actores del caso de inmediato.
Textualmente, el analista dice lo siguiente:
Si esto afecta a los casos, en el sentido de poner en peligro las condenas, no puede ser razón para no investigar a las fiscales o de no apartarlos de los casos donde han manipulado testimonios o pruebas.
“Ponen en peligro que se les caiga el ‘caso Corruptela’ por andar investigando y cambiando fiscales” – con este grito al cielo denuncian que los favorecidos de esta serían Luis Martínez, el ex fiscal general preso en Mariona; Enrique Rais, el empresario prófugo en Suiza; y Mauricio Funes, el ex presidente asilado en Nicaragua. Ellos son los acusados
en este caso.
¡Momentito! La cuestión no es si se les cae una condena o no, la única cuestión relevante es si hubo o no hubo ilegalidades en los procedimientos de la fiscalía – y la única manera de saber es investigando a los fiscales al cargo del caso. Y a sus superiores, incluyendo el entonces fiscal general Douglas Meléndez, porque hay fiscales que alegan que han sido obligados a dar falsos testimonios. Acordémonos que el tal ‘caso Corruptela’ incluye las irregularidades presuntamente cometidas por el entonces fiscal Luis Martínez para favorecer a Rais y Funes. Y resulta que ahora aparecen indicios que esta investigación sobre casos amañados también tuvo mañas.
Louers afirma que es realmente increíble que el Fiscal General en turno, Raúl Melara, deba ocupar su tiempo y recursos en investigar a su antecesor para saber y confirmar que Meléndez utilizó pruebas y las manipuló para comprobar que e¡otro exfiscal, Luis Martínez, también pudo ser víctima de procesos similares o haber manipulado juicios.
Si el nuevo fiscal general no logra que estas investigaciones internas se concluyan apegadas a las leyes y de manera transparente, el daño para la institución fiscalía sería irreparable. En cambio, si esta vez la fiscalía procede bien, se comprueba que estamos avanzando en la lucha contra la corrupción judicial.
Además, para Paolo Luers es totalmente inconcebible la demanda planteada por Roberto Rubio, de FUNDE, en la que le solicitaba a Raúl Melara no investigar todas alas irregularidades del Caso Corruptela, aduciendo que si dejaban sin efecto estos falsos testimonios de los supuestos criterios, el caso se vendría abajo y no valdría la pena todo el esfuerzo. El analista es claro en plantear que cualquier institución de justicia del mundo, ya sea policía o fiscalía, está obligada a investigar cualquier irregularidad y a que se investiguen a los que investigan, y de comprobarse las irregularidades, a que se les castigue y suspendan.
Lo que quiero decir es: Ir al fondo en estas investigaciones internas es mucho más importante que el daño que esto podría causar al ‘caso Corruptela’. Y si de hecho, luego de todo este desmadre, se perdiera este caso, la culpa la tendrán quienes han tratado de ganarlo con métodos fuera de la ley y la ética – no quienes decidieron investigar, exhibir y subsanar estas ilegalidades.
En el contexto de la actual investigación se reveló algo que parece insólito: Hay testimonios de fiscales, quienes confesaron delitos, luego se hicieron ‘testigos criteriados’ de acusación contra su ex jefe Luis Martínez – y siguen ejerciendo como fiscales. No puede ser. Afirmó Luers en su Carta.
La conclusión del analista es categórica y clara: aquí algo raro ocurrió, hay suficientes pruebas y denuncias que involucran al exfiscal Douglas Meléndez en el cometimiento de posibles delitos que el fiscal general actual, Raúl Meara, está obligado a investigar y profundizar, para demostrarle al pueblo salvadoreño transparencia y justicia:
Si estos fiscales/testigos realmente cometieron delitos, hay que apartarlos de la fiscalía. Si no cometieron delitos, hay que castigar a los otros fiscales que los obligaron a hacer confesiones y acusaciones falsas. Por esto es tan importante laactual investigación interna – y habrá que ampliarla hacia un montón de otros casos prominentes de las fiscalías de Martínez y Meléndez.
Lea la nota original acá:
CARTA SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. DE PAOLO LUERS
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
