«Liquida más de 5 millones de operaciones al mes y más de $4,000 millones, todos lo conocen, es el preferido de los salvadoreños 24/7, los 365 días del año y completamente gratis», afirmó el presidente del BCR, Douglas Rodríguez.

Según datos oficiales, en los últimos cuatro años se transfirieron $74,261.01 millones mediante 81,474,399 operaciones a través de Transfer365. Un aspecto relevante es la participación femenina: el 47.7 % de las transacciones fueron ejecutadas por mujeres, lo que refleja avances en inclusión financiera y en el uso de plataformas digitales.

El funcionario también señaló que se ha mejorado el tiempo de liquidación de Tranfer365 para fortalecer la confiabilidad de los salvadoreños en la plataforma. «Ahora cuando usted manda una transferencia también se le manda un mensaje o correo electrónico que informa quién lo envía, el monto y quién lo recibe».

Además, toda la operación se refleja en los estados de cuenta de las bancas en líneas de los bancos del país aliados de la plataforma, según Rodríguez.

La encuesta, que se realizó a personas de 18 años en adelante, de zonas urbanas y rurales en los 14 departamentos del país y alcanzó una muestra representativa de 10,776 hogares, reveló que el 40.6 % de los usuarios ha realizado al menos una transferencia interbancaria en los últimos 12 meses y el 86.6 % recibió dinero a través de plataformas bancarias digitales.

De estos, el 80.2 % utilizó el «producto estrella» del BCR y entre las razones para su uso destacan el 71.8 % por estar disponible las 27 horas del día los 7 días de la semana, el 66.3 % por ser un servicio gratuito, el 59.9 % por la inmediatez y el 46.8 % por estar disponible en asuetos, feriados y periodos vacacionales.

Según los últimos datos disponibles, 26 instituciones ofrecen el servicio, entre ellas bancos privados, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito, bancos estatales, una federación y el Ministerio de Hacienda, lo que ha fortalecido su alcance y adopción a escala nacional.

Por otra parte, Rodríguez, señaló que El Salvador se ha convertido en el único país en Latinoamérica en modernizar la compensación de cheques y pasó de tres días hábiles para la compensación de cheques ajenos en custodia a un día hábil y ahora a cuatro horas o menos para realizar esta operación.

Mientras que, como parte de los esfuerzos para masificar la inclusión financiera, el BCR logró incluir para este 2026 la asignatura Economía y Finanzas en bachillerato, mediante el trabajo articulado con las autoridades de Educación, para que los jóvenes salvadoreños puedan conocer conceptos básicos de educación financiera.

El banco estatal también multiplica su alcance con la juventud salvadoreña en este tema con el bus de la iniciativa Mi Viaje Financiero que ha logrado visitar más de 180 centros educativos y ha inducido a más de 46,000 jóvenes en educación financiera.

Abundante material consistente en fotografías y videos de abuso sexual en contra de menores de edad fue detectado desde España y que era descargado, así como compartido en un grupo de una la aplicación Viber desde El Salvador, por los tres condenados.

Una investigación iniciada en el 2024 por la Oficina Central Nacional (OCN) de la Policía Internacional (Interpol), de Madrid, España, culminó con una condena de tres miembros de una red transnacional de pornografía infantil en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.

En la audiencia preliminar, la defensa planteó a la Fiscalía General de la República un procedimiento abreviado que el juez autorizó y con lo cual, los imputados, José Fidel Saravia Gómez, Josué Vladimir Uriarte Martínez y René Alberto Sánchez Mauricio, confesaron los hechos para evitar una pena elevada por dos delitos.

Al admitir los hechos, el juzgado los condenó a tres años de cárcel por el delito de utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Si los imputados no hubiesen confesado el delito, en un proceso penal ordinario un tribunal de sentencia los habría condenado con prisión de ocho a 12 años, según el artículo 29 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos.

Mientras que por Adquisición o Posesión de Material Pornográfico de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, fueron condenados a dos años, en un proceso penal ordinario habrían recibido cinco años según el artículo 30 de la normativa especial.

Según el expediente, el 24 de septiembre de 2024, la OCN de Madrid, informó a las autoridades salvadoreñas que a través de la operación denominada «Víbora» detectaron actos de explotación sexual de menores de edad a través de un agente encubierto.

En grupos de la aplicación Viber rastrearon descarga de contenido de videos e imágenes de abuso sexual infantil intercambiados dentro de dicho grupo de mensajería.

Tras solicitar a los administradores de Viber que facilitaran datos para identificar a las personas que estaban descargando y compartiendo el material, verificaron a los tres imputados quienes eran los usuarios con los números de telefónicos con el prefijo telefónico 503 que pertenece a El Salvador.

Desde Madrid la OCN compartió la información con la Interpol de El Salvador y la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

Remitiero el aviso junto al disco compacto que contiene el material de abuso sexual infantil. El 6 de febrero de 2025, expertos hicieron el análisis y extracción de la información del disco donde aparecen los números de teléfonos de los tres imputados.

Los archivos puestos a disposición de las autoridades contienen imágenes del abuso sexual a una adolescente por parte de un adulto y en un video aparecen dos niñas semidesnudas y posteriormente un hombre adulto interactuando y abusando de ellas.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Rosa Lidia M. de C. por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.

La pena impuesta fue de un año y seis meses de prisión, sustituida por trabajos de utilidad pública, además del pago de $2,175 en concepto de cuotas alimenticias adeudadas

Según lo resuelto en la sentencia, el tribunal estableció que la imputada incumplió con la obligación de cancelar una cuota mensual de $75, monto fijado por la Procuraduría General de la República (PGR) a favor de su hijo adolescente.

El impago corresponde al período comprendido entre marzo de 2023 y marzo de 2025