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Gobierno presenta propuesta de Ley General de Aguas al Legislativo
Por iniciativa del Presidente de la República, Nayib Bukele, funcionarios de su Gobierno presentaron el anteproyecto de Ley General de Recursos Hídricos, que solventa la deuda histórica y garantiza que el recurso hídrico de El Salvador sea un bien público para beneficio de los salvadoreños.
El anteproyecto de Ley fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López; el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, y el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.
La iniciativa de ley busca responder a las deudas históricas relacionadas con el acceso garantizado al agua potable, a la calidad del suministro y a un servicio digno para todos los salvadoreños. Evitando con ello que grupos de oposición intenten hacer del agua un negocio. Este anteproyecto de ley garantiza que el agua sea un bien administrado por el Estado y quita toda idea o intención de privatización.
El asesor jurídico de la Presidencia aseguró que la iniciativa de ley presentada, es por orden del Presidente Nayib Bukele y busca responder al mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en 2012 ordenó determinar el agua como un derecho fundamental.
“El Presidente de la República pide hoy a la Asamblea Legislativa materializar toda eliminación y posibilidad de que el agua se privatice. Hemos tenido amenazas y anuncios de posibles privatizaciones. Se elimina toda posibilidad de que el agua se privatice”, afirmó Argueta.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente manifestó que se está cumpliendo con la promesa de llevar el agua a quien realmente lo necesita, garantizando que sea un derecho humano y quitando toda posibilidad de privatización. “Esta es una deuda histórica y estamos cumpliendo con la promesa que se hizo de llevarle este beneficio a las mayorías. Nosotros estamos quitando cualquier posibilidad de privatización”, dijo.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se comprometió a que la Ley General de Recurso Hídrico sea aprobada en menos de 90 días, tal como lo solicitó el Presidente Bukele. Además, aseguró que será una ley ampliamente discutida por los diferentes sectores sociales, por lo que se creará una comisión ad hoc, que únicamente estudie este marco regulatorio del recurso hídrico.
“Vamos a revisar artículo por artículo y párrafo por párrafo para garantizarle al pueblo salvadoreño una Ley de Recurso Hídrico que sea lo que tanto se ha estado esperando. Hemos estado con seis gobiernos diferentes que por los últimos 20 años nos han mantenido en una discusión por la Ley General de Agua, bajo banderas políticas e ideológicas más que por llegar a un resultado final que beneficie a las mayorías”, explicó Castro.
Un trabajador de la construcción quedó soterrado la mañana de este día tras un alud de tierra ocurrido en una obra privada que se ejecuta en el sector del by pass de Osicala, departamento de Morazán.
El incidente movilizó a personal de la Oficina Distrital, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a otros trabajadores del proyecto, quienes realizaron labores inmediatas de rescate para liberar al afectado.
Luego de ser auxiliado, el trabajador fue identificado como Fidel y trasladado al Hospital Nacional de San Francisco Gotera, donde recibe atención médica. De acuerdo con testimonios de personas presentes en el lugar, el lesionado se encontraba estable al momento de su traslado.
Las autoridades mantienen las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y reiteraron el llamado a reforzar las medidas de seguridad laboral en obras de construcción.
Principal
Fiscalía procesa a siete personas por estafa y uso de documentos falsos en perjuicio de institución financiera
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo durante la madrugada que permitió la captura de siete personas acusadas de cometer delitos financieros en perjuicio de una institución financiera ubicada en la zona oriental del país.
Según el requerimiento fiscal, los imputados habrían operado mediante una estructura delictiva organizada que actuaba en diferentes fases. En la primera etapa, recolectaban documentos de identidad y elaboraban documentación falsa que posteriormente era presentada ante la entidad financiera. En una segunda fase, reclutaban personas para que facilitaran sus datos personales y colaboraran en la obtención de los créditos.
Posteriormente, los procesados se presentaban ante la institución simulando ser solicitantes legítimos de productos financieros, logrando así la aprobación de los financiamientos. Con esta modalidad, la Fiscalía establece que los imputados obtuvieron 19 créditos por un monto individual de $5,000, generando un perjuicio económico aproximado de $95,000.
De acuerdo con la investigación, parte del dinero era entregado a las personas que colaboraban con el esquema fraudulento, ya sea mediante el pago de una porción del crédito o con compensaciones económicas de hasta $100 por el uso de sus documentos personales.
Imputados y delitos atribuidos
Los detenidos son:
José Amílcar Flores
María Lorena Fuentes
Kenia Leticia Sánchez Fuentes
Carlos Alexis Sánchez Arevalo
Jessica Elizabeth Chicas Gutiérrez
Marvin Alexis Fuentes Flores
José Luis Ramos Díaz
La Fiscalía les atribuye los delitos de:
Falsedad ideológica
Uso y tenencia de documentos falsos
Estafa
Las capturas se realizaron en distintos sectores de los departamentos de San Miguel y La Unión, donde además se incautaron teléfonos celulares, documentos y otros elementos probatorios que serán incorporados al proceso penal.
Los imputados serán presentados ante los tribunales correspondientes en las próximas horas, donde la Fiscalía solicitará las medidas que conforme a derecho correspondan, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en el caso.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó hoy que han logrado la incautación de 375 kilos de cocaína, valorados comercialmente en un aproximado de $9.4 millones.
«La embarcación fue intervenida en la bocana del Río Jiboa, límite entre San Vicente y La Paz, donde fueron capturados dos sujetos: Ubaldo Reyes Juarez, salvadoreño y Rony Eduardo Morales Fajardo, guatemalteco», informó el ministro.
En esta misión participó la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), que eficazmente logró neutralizar el avance del cargamento y su ruta criminal.
Durante el procedimiento también fueron incautados dos celulares y un GPS. La lancha provenía de Nicaragua y su destino era Guatemala, dijo Villatoro.
