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Francisco Alabi: “Todos estamos en riesgo de adquirir la enfermedad, y sobre todo que estamos en circulación masiva del virus”
El ministro de Salud, Francisco Alabi, reiteró que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha dotado de los equipos de bioseguridad adecuados al personal sanitario que trabaja en primera línea de la pandemia salvando vidas.
El funcionario aseguró que se aplican los protocolos internacionales en el manejo de pacientes de COVID-19, aun así, el riesgo de ser alcanzado por el virus persiste debido al nivel de exposición.
“El personal de salud que trabaja en primera línea es el que ha estado directamente relacionado al manejo de los pacientes con COVID-19, todos estamos en riesgo de adquirir la enfermedad, y sobre todo cuando nos encontramos en un punto de circulación masiva del virus”, expresó.
Al mismo tiempo, agreró: “En todo el mundo se lamenta el fallecimiento de personal sanitario en esta pandemia por salvaguardar la vida de otros ciudadanos”.
“Seguimos desempeñando las funciones, no quisiéramos que ningún sanitario perdiera la vida, pero debemos comprender que no podemos manejar de manera tendenciosa la información para generar un concepto que no es adecuado”, aclaró.
Según los datos oficiales del Ministerio de Salud (MINSAL), la semana pasada, se tenía el registro de 18 médicos fallecidos pertenecientes al sistema de salud pública; 24 del sistema privado y 11 que estaban en situación de retiro (jubilados).
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
