Judicial
Fiscalía logra condenas para extorsionistas que operaban en Cabañas
La Unidad Fiscal Especializada Antiextorsiones, dio a conocer la imposición de las condenas de prisión de 15, 12 y 8 años, contra de miembros de estructuras terroristas, quienes fueron declarados culpables judicialmente por cometer extorsiones en distintas partes del departamento de Cabañas. Los juicios para los involucrados fueron desarrollados en diferentes fechas por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque.
El primero de los procesos fue contra Luis Fernando Cruz Torres, alias “Sombra” y Lisseth Guadalupe Lizano Monteagudo, alias “Diabla”; quienes de acuerdo a la prueba que desfiló en vista pública, fueron los responsables de llegar el 15 de febrero de 2017, hasta el negocio de la víctima a quien le exigieron la cantidad $2,000. “Te va a devorar la bestia”, fue la amenaza de muerte que le hicieron tanto a la víctima con clave “3443”, siendo extensiva a trabajadores y hasta familiares del empresario.
En una respuesta inmediata y ante la denuncia obtenida, la Fiscalía con apoyo policial lograron coordinar el dispositivo que llevó a lograr las captura de ambos sujetos, momentos después que recibieron la exigencia y cuya prueba fue determinante para que el juez les impusiera una pena de 15 años de cárcel.
La fiscal especializada confirmó que el segundo caso fue contra Jorge Antonio Vásquez Torres, alias “Zuri” y Santiago Hernández Rodas, alias “Ruso”, acusados por Extorsión Agravada y siendo la víctima protegida con clave “3460”.
Dichos delincuentes, pertenecientes a la misma organización criminal de esa jurisdicción, operaron bajo la misma modalidad, llegaron al negocio de la víctima en febrero de 2017, y bajo amenazas personales y materiales le exigieron la entrega de $3,000. Toda la prueba aportada en audiencia fue contundente y al concluir el juicio les fue aplicada la pena de 12 años en prisión a cada uno.
En el tercer caso, se demostró que Baltazar Alonso Martínez Alemán, llegó en el mismo mes y año hasta un establecimiento comercial y a punta de arma de fuego entró al inmueble dirigiendo amenazas contra los trabajadores y fue al propietario a quien directamente le pidió $500, diciéndoles “que la MS manda esa zona”. La entrega se coordinó para fecha posterior y esta se realizó en el Barrio San Sebastián, de Ilobasco, en donde logró ser capturado en flagrancia después que los mismos investigadores le hicieron la entrega.
El juzgador lo consideró responsable penalmente por Extorsión y ordenó que pase encarcelado durante 8 años.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
