Judicial
Fiscalía logra condenas para extorsionistas que operaban en Cabañas
La Unidad Fiscal Especializada Antiextorsiones, dio a conocer la imposición de las condenas de prisión de 15, 12 y 8 años, contra de miembros de estructuras terroristas, quienes fueron declarados culpables judicialmente por cometer extorsiones en distintas partes del departamento de Cabañas. Los juicios para los involucrados fueron desarrollados en diferentes fechas por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque.
El primero de los procesos fue contra Luis Fernando Cruz Torres, alias “Sombra” y Lisseth Guadalupe Lizano Monteagudo, alias “Diabla”; quienes de acuerdo a la prueba que desfiló en vista pública, fueron los responsables de llegar el 15 de febrero de 2017, hasta el negocio de la víctima a quien le exigieron la cantidad $2,000. “Te va a devorar la bestia”, fue la amenaza de muerte que le hicieron tanto a la víctima con clave “3443”, siendo extensiva a trabajadores y hasta familiares del empresario.
En una respuesta inmediata y ante la denuncia obtenida, la Fiscalía con apoyo policial lograron coordinar el dispositivo que llevó a lograr las captura de ambos sujetos, momentos después que recibieron la exigencia y cuya prueba fue determinante para que el juez les impusiera una pena de 15 años de cárcel.
La fiscal especializada confirmó que el segundo caso fue contra Jorge Antonio Vásquez Torres, alias “Zuri” y Santiago Hernández Rodas, alias “Ruso”, acusados por Extorsión Agravada y siendo la víctima protegida con clave “3460”.
Dichos delincuentes, pertenecientes a la misma organización criminal de esa jurisdicción, operaron bajo la misma modalidad, llegaron al negocio de la víctima en febrero de 2017, y bajo amenazas personales y materiales le exigieron la entrega de $3,000. Toda la prueba aportada en audiencia fue contundente y al concluir el juicio les fue aplicada la pena de 12 años en prisión a cada uno.
En el tercer caso, se demostró que Baltazar Alonso Martínez Alemán, llegó en el mismo mes y año hasta un establecimiento comercial y a punta de arma de fuego entró al inmueble dirigiendo amenazas contra los trabajadores y fue al propietario a quien directamente le pidió $500, diciéndoles “que la MS manda esa zona”. La entrega se coordinó para fecha posterior y esta se realizó en el Barrio San Sebastián, de Ilobasco, en donde logró ser capturado en flagrancia después que los mismos investigadores le hicieron la entrega.
El juzgador lo consideró responsable penalmente por Extorsión y ordenó que pase encarcelado durante 8 años.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
