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Firma de abogados Sáenz y Asociados señala a La Prensa Gráfica de “mal intencionada” por satanizar vuelos en los que viajó el exfiscal Luis Martínez a representar al Estado
La firma de abogados Sáenz y Asociados señala a la Prensa Gráfica de “mal intencionada”, luego que ese medio de comunicación publicara el pasado viernes 23 de agosto un artículo, en la que se señala algunos de sus abogados ligados con el exfiscal Luis Martínez, durante su periodo en la Fiscalía General de la República (FGR).
La respetable firma señala en especial la nota que lleva como título: “Abogados Sáenz declararán por viajes con exfiscal Luis Martínez”.
Según Sáenz y Asociados, la noticia no es má que un artículo que presenta imprecisiones y solo cuenta con “mal intencionadas”.
El bufete de abogados destaca que en la actualidad representan a un accionista minoritario de la sociedad Prensa Gráfica, que mantiene varios conflictos societarios y que se tramitan en contra de dicho medio y de sus administradores.
“Nuestra firma nunca ha tenido como política la discusión pública de sus casos, pero en este caso en particular, tenemos la absoluta certeza que las intencionadas imprecisiones de ese medio de comunicación, no son más una desafortunada reacción al conflicto societarios en el que simplemente representamos un interés distinto al del medio”, exponen los abogados en un campo pagado.
En el comunicado, los abogados Sáenz detallan que durante los 2014 y 2015 la firma representó, junto con una firma internacional, los intereses del Estado de El Salvador, en dos importantes arbitrajes de inversión: “los casos (son) Pacific Rim y Enel. En el primero de ellos, el resultado fue totalmente a favor del Estado de El Salvador; y en el segundo, se llegó a un arreglo que benefició los intereses de de toda la ciudadanía”, agrega.
Los abogados enfatizan que en función de la participación de su firma legal en dichos arbitrajes efectuaron varios viajes a Estados Unidos, la mayoría de viajes se realizaron en vuelos comerciales y en una cantidad menor en vuelos privados, atendiendo la invitación del exfiscal general. “En el ejercicio de esa representación, nuestros socios Mario Enrique Sáenz y Humberto Sáenz Marinero, se trasladaron a Washington D.C. en varias oportunidades, tanto para participar en la audiencias en CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones es una institución del Banco Mundial), como para preparar los casos en las oficinas internacionales y también para participar en los procesos de negociación que se desarrollaron en la CIADI. Los viajes tuvieron como único y exclusivo propósito, la defensa de los intereses del Estado”, detalla el comunicado.
“Nuestra firma es reconocida como un referente nacional e internacional en materia de arbitrajes comerciales y de inversión. Hasta el momento, hemos tenido resultados exitosos en absolutamente todos los casos en que hemos representado al Estado de El Salvador o a instituciones públicas”, agrega.
Toda esta situación surgió a raíz que el juzgado que lleva el caso corruptela, ordenó a la fiscalia entrevistar a los abogados Mario y Humberto Saenz para determinar que los viajes que realizaron en aviones vinculados a la investigación fueron o no oficiales y para beneficio del Estado de El Salvador.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
