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FGR giró nueva orden de captura contra exalcalde de San Salvador por Incumplimiento de Deberes, Apropiación y Retención de Cuotas Laborales
La noche de este viernes la Fiscalía General de la República (FGR), giró nueva orden de detención contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Luis Muyshont García Prieto; el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González y del extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares.
Al exalcalde se le atribuye el delito de Incumplimiento de Deberes y a los otros 2 implicados se les acusa de Apropiación y Retención de Cuotas Laborales en perjuicio de 54 entidades, entre ellas de orden socioeconómico e instituciones financieras, además de 41 trabajadores de la comuna capitalina y de la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos.
Según las investigaciones, desde mayo de 2019 hasta abril de 2021, se retuvo de manera injustificada diversas cuotas laborales de los trabajadores de la alcaldía, así como de la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos.
Portillo Linares y Muñoz González conocían la obligación de transferir los fondos para pagar las cuotas labores, pero hicieron caso omiso; mientras que el edil, Ernesto Muyshondt conociendo la situación prefirió autorizar desembolsos para obras municipales.
El monto adeudado por la alcaldía de San Salvador en concepto de retenciones de cuotas laborales hacia los trabajadores es de US$5,109,628.60 dólares.
Durante la sesión plenaria la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, emitió su voto en contra de la nueva prórroga del régimen de excepción, medida que ha sido extendida de forma continua desde marzo de 2022.
A pesar de su voto en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la ampliación del régimen con una amplia mayoría, permitiendo que continúe vigente por 30 días más.
La diputada ha sido una de las pocas voces dentro del órgano legislativo que se ha mantenido firme en su posición de no acompañar las prórrogas, argumentando la importancia del respeto a los Derechos Humanos fundamentales y el fortalecimiento institucional.
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Avanza ampliación de carretera Panamericana: clave para mejorar la movilidad hacia el Occidente
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de pavimentación y ampliación de la Carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, continúa avanzando como una de las obras viales más importantes del país. Según la institución, estas intervenciones permitirán mejorar la movilidad del comercio, el turismo y de miles de familias que utilizan diariamente esta ruta estratégica entre Santa Tecla, Colón y el occidente del territorio.
El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 15 kilómetros de carretera, la construcción del viaducto Francisco Morazán, una estructura de más de un kilómetro diseñada para alejar la vía de las zonas de mayor riesgo, y la modernización integral del corredor vial con drenajes, señalización, iluminación y nueva capa de pavimento.
Autoridades del MOP detallan que los trabajos incluyen obras de terracería, estabilización de taludes, cimentación profunda para el viaducto y preparación de los nuevos carriles. Esta fase forma parte del proceso de transformación de la Carretera Panamericana en un corredor más amplio, seguro y resistente a las condiciones climáticas que históricamente han afectado la zona.
El proyecto no solo busca aumentar la capacidad vehicular, sino también reducir tiempos de viaje, mejorar la conectividad logística hacia el occidente y fortalecer la seguridad vial en un tramo caracterizado por su alta vulnerabilidad a deslizamientos.
La Asamblea Legislativa aprobó otra prórroga del Régimen de Excepción por otros 30 días. Una vez más, los dos diputados propietarios del partido ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no estuvieron presentes en el hemiciclo al momento de la votación.
El Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 85 mil presuntos pandilleros y la reducción histórica de homicidios en el país.
Con esta nueva extensión, el Régimen de Excepción continuará vigente hasta finales de diciembre de 2025, consolidándose como la herramienta central del Plan Control Territorial del gobierno del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas.
La oposición queda nuevamente señalada por no presentar una alternativa clara ni participar activamente en uno de los temas que, según las encuestas, goza del mayor respaldo ciudadano en materia de seguridad.
