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Familias de veteranos y excombatientes son beneficiadas con contribuciones para viviendas
Este jueves, el Ministerio de Vivienda entregó a 18 familias de veteranos y excombatientes provenientes de los departamentos de La Unión, Usulután, Sonsonate, San Salvador, San Vicente y Cuscatlán, contribuciones para iniciar la construcción de viviendas adecuadas y seguras. Para ello, la inversión asciende a $358,972.50.
La titular de Vivienda, Michelle Sol, y el presidente del Instituto Administrador de los Beneficios de Veteranos y Excombatientes (INABVE), Juan Alberto Ortiz, fueron los encargados de entregar los fondos para las familias que ahora tendrán una vivienda digna.
“Yo confirmo a ustedes un mensaje de esperanza. En este Gobierno se les está respondiendo como el presidente lo ha ordenado”, dijo la ministra de Vivienda. Con estas entregas son 475 viviendas para veteranos y excombatientes, beneficiándolos con $2.4 millones. “Hoy se entregan 18 cheques más, y en 15 días, inicia la construcción de las viviendas”, puntualizó la funcionaria.
Con el programa de contribuciones es posible que las familias construyan sus viviendas o modificar aquellas que tienen estructuras de lámina, plástico, madera, adobe y bahareque por casas de bloque con dos cuartos, sala, cocina-comedor, jardineras, ventanas tipo francesas, piso de cerámica, pila, baño y ducha independiente.
El titular del INABVE dijo que estos proyectos ayudan a dinamizar la economía familiar. “Nuestro trabajo es cuidar sus intereses. Ayudarles para obtener la vivienda o un proyecto productivo”, agregó.
El proceso de selección está determinado por una serie de requisitos establecidos, entre los que están: que el beneficiario cuente con terreno propio para construcción y que no haya recibido el beneficio de vivienda de ninguna otra institución del Ejecutivo.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
