Judicial
ESCÁNDALO: Absuelven nuevamente a juez acusado de violar a hombre en Santa Ana
Un nuevo juicio fue desarrollado en contra del exjuez de Sentencia de Santa Ana, Carlos Alfredo Alvarado Rodríguez, tras ser acusado del delito de violación agravada y otras agresiones sexuales y de Javier Eduardo Arévalo Toledo, procesado por las mismas faltas pero en calidad de cómplice necesario.
Para el juez a cargo del caso, la Fiscalía no pudo probar la existencia del delito ni la participación directa de los imputados con la prueba ofertada.
Nuevamente, ambos quedaron libres de las acusaciones sobre este caso. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, emitió un fallo de carácter absolutorio y libró de responsabilidad penal y civil a los imputados.
La vista pública en su contra fue ordenada por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente de Santa Ana, misma que anuló el fallo del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa, que absolvió a los imputados en mayo de 2017 y ordenó un nuevo juicio.
Para el juez a cargo del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo probar la existencia del delito ni la participación directa de los imputados con la prueba ofertada. El ministerio público no acreditó de forma inequívoca la participación de los imputados, por lo que fueron absueltos de toda responsabilidad penal y civil.
Según la acusación de Fiscalía, la víctima, quien cuenta con régimen de protección clave “Géminis”, denunció que Alvarado Rodríguez, ayudado de Arévalo Toledo, habría abusado sexualmente de él.
El afectado explicó que ambos lo invitaron a ingerir bebidas embriagantes, cuando se encontraban en una gasolinera ubicada en Santa Ana y le ofrecieron llevarlo a su casa. Sin embargo, cuando iban en camino se desviaron y lo llevaron a la vivienda de uno de estos, donde habrían cometido los delitos.
En el primer juicio, instalado en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, el juez restó credibilidad a la víctima y determinó exonerar a los acusados. El nuevo juicio fue asignado al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Nota tomada de El Salvador Times
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
