Nacionales
Embarazada que robó un celular a punta de cuchillo de cocina deberá limpiar calles por 3 años

El Juzgado 7° de Paz de San Salvador, en procedimiento abreviado, condenó a tres años con reemplazo, a Larissa Esmeralda Lara Guevara, de 24 años de edad, acusada de robo agravado en perjuicio de una víctima con régimen de protección. Lara tendrá que realizar trabajos de utilidad pública durante tres años, pero el incumplimiento de ello se revocará la resolución del reemplazo de la pena y tendrá que cumplir su condena en prisión.
Durante el desarrollo de la vista pública, Larissa confesó haber utilizado un cuchillo de cocina para robarle el celular a la víctima; además dijo que pidió apoyo a otras personas que la acompañaban pero éstos se negaron. En audiencia inicial realizada el pasado 31 de mayo la jueza le ordenó arresto domiciliar y el uso del brazalete electrónico debido al estado de embarazo en el que se encuentra la imputada.
Según la denuncia fiscal, agentes policiales del Sistema de Emergencia 911 fueron alertados que unos sujetos que se conducían en una camioneta habían robado un celular. Dicho aparato telefónico contaba con GPS lo cual facilitó la ubicación, por lo que los policías se dirigieron a la Alameda Juan Pablo II y Calle Escorial, lugar donde observaron la camioneta estacionada en el parqueo de la Pizza Hut, en donde fueron intervenidos.
La denuncia detalla que a Larissa Lara le encontraron un cuchillo de cocina y la víctima la reconoció como la responsable de haberle robado el celular; por lo que a las 10:30 de la noche del 29 de mayo quedó detenida, junto a tres personas más, de quienes la víctima manifestó que no participaron en el robo reconociendo únicamente a Larissa.
Nacionales
Lluvias de junio ya superan el promedio mensual, advierte el ministro de Medio Ambiente
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.