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El diputado Parker, que obstaculizó la investigación de la masacre de los jesuitas, interpondrá una «denuncia penal» por el impago de salarios legislativos
Rodolfo Parker, que por varios períodos se ha mantenido como diputado del PDC para lograr inmunidad, dijo esta tarde que pondrá una denuncia penal contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por el impago de su salario y el de los trabajadores de la Asamblea Legislativa, algo que no deja de ser paradójico porque el ha actuado bajo la sombra de la ilegalidad durante toda su carrera política.
El legislador del PDC, por ejemplo, es mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad como el abogado que obstaculizó las investigaciones sobre la masacre de seis sacerdotes jesuitas, alterando declaraciones para proteger a oficiales de alto rango involucrados en estos crímenes de lesa humanidad.
“Además la denuncia de tipo penal, contra el ministro de Hacienda, también se pondrá otra ante organismos internacionales, no podemos dejar que la Asamblea deje de recibir sus salarios”, dijo Parker, mencionado en España en reiteradas ocasiones durante el proceso judicial que ahí se realiza por el caso jesuitas.
Voces del gobierno e incluso del FMLN (en su momento) siempre han cuestionado a Parker por su rol en este caso y por no permitir que la justicia, sobre este grave crimen, avance, por lo que hay una falta de coherencia entre sus posturas y acciones, más hoy que el país vive una difícil situación por la pandemia de COVID-19 y por lo tanto se necesita una Asamblea del lado de los salvadoreños.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
