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Diputados de la oposición no apoyaron el decreto de régimen de excepción
Luego de una discusión en la Asamblea Legislativa en la que hubo intervenciones de diputados en las que decían que se demostraba quién estaba con el pueblo, 17 diputados de oposición no apoyaron el decreto del régimen de excepción; lejos de eso, varios cuestionaron la medida y criticaron al Gobierno junto con representantes de ONG, movimientos «civiles», tuiteros y troles antigobierno.
La medida se aprobó con 67 votos a favor, con 56 de Nuevas Ideas, cinco de GANA, dos del PCN, uno del PDC y tres de ARENA, entre ellos, René Portillo Cuadra, Francisco Lira Alvarado y Silvia Michelle Regalado, que llegó a suplir al diputado Alberto Romero.
«¡Aprobado con 67 votos a favor! Prácticamente el 80 % de los 84 diputados que componen la Asamblea Legislativa. Diputados de cinco partidos diferentes, incluso férreos opositores. Todo dentro del marco constitucional de acuerdo con el artículo 29. Nada que alegar en contra», publicó el presidente Nayib Bukele luego de la aprobación.
Marleni Funes, Anabel Belloso, Dina Argueta y el diputado Jaime Guevara, del FMLN, se abstuvieron; mientras que ocho diputados de ARENA, Johny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, y Claudia Ortiz, de VAMOS, no llegaron a la plenaria.
En el caso de Ortiz, quien tiene la COVID-19, publicó en sus redes: «Fase I, fase II, fase III. ¿Cuándo empieza el control territorial? ¿Cuándo empieza[n] las extradiciones de criminales solicitados por EE. UU.? ¿Cuándo empiezan las víctimas de la violencia social a recibir justicia?».
El abogado Eduardo Escobar, férreo opositor al Gobierno, se pronunció en contra del decreto y cuestionó al fiscal general Rodolfo Delgado. «Que un fiscal general hable de “cacería” y de “no tener piedad” muestra la lógica en la que enmarca el desempeño de su cargo. Palabras terribles para el Estado de derecho».
La asociación Acción Ciudadana también mostró su rechazo y en su Twitter publicó: «Consideramos que el Gobierno debe agotar las vías y los procedimientos ordinarios para combatir el delito antes de adoptar medidas extremas que signifiquen la afectación de los derechos de la ciudadanía honesta, como lo sería el régimen de excepción solicitado».
Ante todas las críticas por parte de los opositores al Gobierno, el presidente de la república respondió con un mensaje en el cual escribió: «¿Ya salió la oposición a defender a los pandilleros? “¡Ya saltó la liebre!”, dicen las abuelitas».
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
