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Del miedo a la tranquilidad: transporte colectivo se libera del control de las pandillas bajo el gobierno de Bukele
Durante años, el sector del transporte colectivo en El Salvador fue blanco de la violencia de las pandillas. Solo en 2015, se registraron 95 homicidios en ataques directos contra rutas que se negaron a pagar extorsiones, una práctica que representaba ingresos ilícitos de hasta 35 millones de dólares anuales para estas estructuras criminales.
Motoristas, cobradores, empresarios y otros trabajadores del rubro fueron asesinados a plena luz del día, como una forma de presión ante la negativa de pagar la denominada “renta”. Estos hechos provocaron suspensiones de servicio en diversas rutas, afectando a miles de usuarios, incluidos estudiantes, trabajadores y comerciantes que tuvieron que buscar alternativas para movilizarse.
Investigaciones fiscales revelaron que las pandillas incluso llegaron a adquirir buses y microbuses, por medio de testaferros, para financiar sus actividades. En julio de 2015, seis motoristas de diferentes rutas fueron asesinados en un solo día, en un intento de presionar al gobierno del FMLN para reinstaurar la tregua entre pandillas iniciada por el expresidente Mauricio Funes.
Entre 2004 y mediados de 2019, se contabilizaron 2,452 personas asesinadas en el sector del transporte colectivo, según datos de la Mesa Nacional de Transporte. El pico de violencia se vivió durante los gobiernos de ARENA y el FMLN, con constantes paros de transporte y temor generalizado.
No fue sino hasta junio de 2019, con la llegada del presidente Nayib Bukele, que se implementó un plan frontal contra las pandillas. Desde entonces, los homicidios y extorsiones en el sector se redujeron drásticamente. A partir de 2022, el transporte colectivo dejó de ser víctima del acoso de pandillas, y los empresarios ya no pagan extorsiones ni aguinaldos forzados.
Actualmente, la seguridad en el transporte público es reforzada por policías y soldados en 1,266 rutas del país. Desde julio de 2022, más de 10,000 unidades de autobuses y microbuses operan bajo resguardo permanente, según orden presidencial.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
