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Del miedo a la tranquilidad: transporte colectivo se libera del control de las pandillas bajo el gobierno de Bukele
Durante años, el sector del transporte colectivo en El Salvador fue blanco de la violencia de las pandillas. Solo en 2015, se registraron 95 homicidios en ataques directos contra rutas que se negaron a pagar extorsiones, una práctica que representaba ingresos ilícitos de hasta 35 millones de dólares anuales para estas estructuras criminales.
Motoristas, cobradores, empresarios y otros trabajadores del rubro fueron asesinados a plena luz del día, como una forma de presión ante la negativa de pagar la denominada “renta”. Estos hechos provocaron suspensiones de servicio en diversas rutas, afectando a miles de usuarios, incluidos estudiantes, trabajadores y comerciantes que tuvieron que buscar alternativas para movilizarse.
Investigaciones fiscales revelaron que las pandillas incluso llegaron a adquirir buses y microbuses, por medio de testaferros, para financiar sus actividades. En julio de 2015, seis motoristas de diferentes rutas fueron asesinados en un solo día, en un intento de presionar al gobierno del FMLN para reinstaurar la tregua entre pandillas iniciada por el expresidente Mauricio Funes.
Entre 2004 y mediados de 2019, se contabilizaron 2,452 personas asesinadas en el sector del transporte colectivo, según datos de la Mesa Nacional de Transporte. El pico de violencia se vivió durante los gobiernos de ARENA y el FMLN, con constantes paros de transporte y temor generalizado.
No fue sino hasta junio de 2019, con la llegada del presidente Nayib Bukele, que se implementó un plan frontal contra las pandillas. Desde entonces, los homicidios y extorsiones en el sector se redujeron drásticamente. A partir de 2022, el transporte colectivo dejó de ser víctima del acoso de pandillas, y los empresarios ya no pagan extorsiones ni aguinaldos forzados.
Actualmente, la seguridad en el transporte público es reforzada por policías y soldados en 1,266 rutas del país. Desde julio de 2022, más de 10,000 unidades de autobuses y microbuses operan bajo resguardo permanente, según orden presidencial.
Una joven de 18 años identificada como Mirza Acosta falleció la tarde del martes, horas después de resultar gravemente lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que de Metapán conduce a la frontera Anguiatú, a la altura del cantón El Limón, en el municipio de Santa Ana Norte.
La víctima era una de las siete personas que viajaban en un camión que se precipitó a un barranco en el kilómetro 122.5 de dicha vía, según reportes preliminares compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC).
Tras el siniestro, los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Acosta perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital local.
La División de Tránsito Terrestre de la PNC se presentó al lugar para realizar las investigaciones y determinar las causas del accidente.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el martes 8 de julio sin registrar homicidios a nivel nacional, sumando así 154 días sin muertes violentas en lo que va del año 2025.
Según el balance oficial, estos días sin homicidios se distribuyen de la siguiente manera: 6 días en julio, 25 en junio, 25 en mayo, 25 en abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero.
La institución policial destacó que, desde junio de 2019 hasta el 30 de junio de 2025, se han contabilizado 948 jornadas sin homicidios en el país, lo que atribuyen a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, este último vigente desde el 27 de marzo de 2022.
En el marco de estas medidas, más de 86,000 personas —entre pandilleros y colaboradores— han sido capturadas y procesadas por delitos vinculados a agrupaciones ilícitas, según datos oficiales.
