Durante años, el sector del transporte colectivo en El Salvador fue blanco de la violencia de las pandillas. Solo en 2015, se registraron 95 homicidios en ataques directos contra rutas que se negaron a pagar extorsiones, una práctica que representaba ingresos ilícitos de hasta 35 millones de dólares anuales para estas estructuras criminales.

Motoristas, cobradores, empresarios y otros trabajadores del rubro fueron asesinados a plena luz del día, como una forma de presión ante la negativa de pagar la denominada “renta”. Estos hechos provocaron suspensiones de servicio en diversas rutas, afectando a miles de usuarios, incluidos estudiantes, trabajadores y comerciantes que tuvieron que buscar alternativas para movilizarse.

Investigaciones fiscales revelaron que las pandillas incluso llegaron a adquirir buses y microbuses, por medio de testaferros, para financiar sus actividades. En julio de 2015, seis motoristas de diferentes rutas fueron asesinados en un solo día, en un intento de presionar al gobierno del FMLN para reinstaurar la tregua entre pandillas iniciada por el expresidente Mauricio Funes.

Entre 2004 y mediados de 2019, se contabilizaron 2,452 personas asesinadas en el sector del transporte colectivo, según datos de la Mesa Nacional de Transporte. El pico de violencia se vivió durante los gobiernos de ARENA y el FMLN, con constantes paros de transporte y temor generalizado.

No fue sino hasta junio de 2019, con la llegada del presidente Nayib Bukele, que se implementó un plan frontal contra las pandillas. Desde entonces, los homicidios y extorsiones en el sector se redujeron drásticamente. A partir de 2022, el transporte colectivo dejó de ser víctima del acoso de pandillas, y los empresarios ya no pagan extorsiones ni aguinaldos forzados.

Actualmente, la seguridad en el transporte público es reforzada por policías y soldados en 1,266 rutas del país. Desde julio de 2022, más de 10,000 unidades de autobuses y microbuses operan bajo resguardo permanente, según orden presidencial.