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Defensoría vigila abastecimiento de granos básicos con inspecciones en empresa en San Juan Opico
La Defensoría del Consumidor, desplegó un operativo para verificar el abastecimiento de granos básicos en el mercado nacional, como parte de los esfuerzos para proteger a la población ante posibles abusos.
Acompañados por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, los equipos de verificación desarrollaron la supervisión este miércoles en las instalaciones de la empresa Global Alimentos, ubicada en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
El dispositivo, que implicó el requerimiento de información a la empresa dedicada a la distribución de productos de primera necesidad, permitió constatar que el mercado salvadoreño cuenta con abastecimiento de importantes granos básicos como frijol, maíz blanco, maíz amarillo y arroz.
“Es una buena noticia para el país, en tanto que permite confirmar que no existe un desabastecimiento en el mercado nacional; por lo tanto, no debe existir ningún tipo de intención de parte de algunos comerciantes que busquen incrementar los precios de manera injustificada de productos de la canasta básica”, declaró el funcionario.
El abastecimiento del mercado de productos de primera necesidad es monitoreado por la Defensoría del Consumidor a diario. En el primer trimestre del año se hicieron más de 10,000 verificaciones a agentes de la cadena de suministros de alimentos, como importadores, distribuidores, mayoristas, detallistas y puntos de venta final.
Productos de las verificaciones, ya se presentaron 118 casos ante el Tribunal Sancionador por incremento injustificado de precios u obstaculización a labores de la Defensoría del Consumidor. De estos, 49 procesos ya fueron sancionados con multas que superan los $150,000.
Las cámaras de videovigilancia en Zacatecoluca, La Paz, registraron a un hombre depositando basura en la vía pública, desatendiendo un rótulo que prohíbe explícitamente esta acción. La alcaldesa del distrito, Marcela Pineda, compartió la imagen en su cuenta oficial de «X», expresando su preocupación: «Tenemos un rótulo enorme que establece la prohibición de tirar basura, tenemos sistema de videovigilancia para imponer las multas y aún así no cambian sus costumbres».
Pineda informó que el equipo municipal está buscando al infractor para imponerle la multa correspondiente. En abril de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas al Código Penal para sancionar a quienes arrojen basura en lugares no autorizados. Estas reformas establecen multas de hasta $1,500 y penas de cárcel de uno a tres años para infractores reincidentes.
La alcaldesa enfatizó que mantener limpia la ciudad es responsabilidad de todos y reiteró el compromiso de la administración local para hacer cumplir las normativas ambientales.
Zacatecoluca
Tenemos un rótulo enorme que establece la prohibición de tirar basura, tenemos sistema de videovigilancia para imponer las multas y aún así no cambian sus costumbres.
Como lo dijo nuestro Presidente @nayibbukele la cultura del más vivo nos afecta colectivamente.… pic.twitter.com/hRIn6KHmqY
— Marcela Pineda
(@MarcelaPinedaSV) April 10, 2025
Habitantes del distrito de San Martín, en San Salvador, han expresado su preocupación por la presencia de un individuo que, armado con piedras, intimida a peatones y conductores en las cercanías del punto de microbuses de la ruta 140.
Un video que circula en redes sociales muestra al sujeto caminando por la carretera durante la noche, sosteniendo piedras en ambas manos y confrontando de manera amenazante a los automovilistas que transitan por la zona.
Los residentes instan a las autoridades policiales a intervenir y abordar la situación antes de que ocurra una tragedia.
Maura Alicia Bonilla Pérez fue detenida por el homicidio de su esposo, en el caserío Linda Vista, cantón Las Piedras del distrito de Santa Isabel Ishuatán, departamento de Sonsonate.
La Fiscalía General de la República informó que ordenó la detención de la mujer, luego que en las investigaciones iniciales se detectara que alteró la escena del crimen para hacer ver a las autoridades que su cónyuge se había suicidado, el 28 de marzo de 2025.
El ministerio público recibió información de un suicidio y cuando llegaron a verificar el caso, Bonilla Pérez manifestó que cuando ella se estaba bañando escuchó golpes afuera y que su esposo no respondía, que le preguntó si todo esta bien, pero al salir de la ducha lo halló cubierto de sangre y sentado en una silla de plástico.
Agregó que salió hacia donde sus vecinos a pedir ayuda, pero cuando regresaron encontraron al hombre atado del cuello y colgado del techo.
Los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) junto al auxiliar fiscal que hicieron la inspección verificaron que el cuerpo de la víctima tenía lesiones que no pudo causarse el mismo.
Otro elemento que levantó sospecha fue la versión que la mujer les expuso de lo ocurrido, declaraciones catalogadas como incongruentes. A partir de los indicios encontrados el ministerio público ordenó la detención de la imputada por el delito de resistencia y giró instrucciones para realizar varias diligencias para determinar si se trataba de suicidio o un caso de homicidio.
Registraron la casa de la mujer y la de su esposo en busca de nuevas pruebas, entrevistaron a testigos, analizaron las bitácoras de llamadas telefónicas, se hizo pruebas científicas [luminol] en busca de manchas de sangre en la casa y objetos de la detenida y una autopsia que determinó la causa de la muerte.
