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Defensor de Juan Wright afirma que exfiscal Raúl Melara protegió a ARENA en caso $10 millones donados por Taiwán
El defensor de Juan Tennant Wrigth Castro, exdirector de asuntos económicos de Arena, Arnau Baulenas, afirmó que el exfiscal general Raúl Melara, protegió al partido de derecha, al excluirlo del proceso penal por los 10 millones de dólares donados por Taiwán para los damnificados de los terremotos de 2001 que fueron desviados a las arcas de ese instituto político.
Baulenas dijo que Melara emprendió acciones individuales contra su defendido así como en contra de Antonio Balzaretti Kriete y del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, pero nunca inició ningún tipo de proceso en contra del partido que recibió los fondos como institución.
“Creemos que es importante que la gente conozca, cómo es posible que si la tesis de la fiscalía es que este dinero fue a parar al partido ARENA, no haya nadie en representación del partido ARENA, y esto ha sucedido así por una simple razón: el exfiscal Raúl Melara en ningún momento tuvo intención de hacer un proceso donde se buscara justicia, se buscara verdad, sino lo que hizo es intentar proteger al partido ARENA”, señaló el defensor de Wright.
Según el defensor, la protección quedó evidenciada desde que el ministerio público dirigido por Melara, al momento de presentar la acusación no demandó civilmente a ARENA y tampoco lo hizo durante toda la etapa de instrucción.
A criterio de Baulenas, el fiscal Melara desacató el fallo de la Cámara Segunda de lo Penal que ordenaba proceder civilmente contra Arena y que el exfiscal procedió contra ese partido hasta que presentó la acusación, cuando debió hacerlo durante el proceso, en la fase de instrucción, afirmó. “Por tanto, digamos cortesía del fiscal Raúl Melara, es que el partido Arena no está siendo procesado”, afirmó el abogado.
Para este jueves se esperaba que la defensa de Wright, Saca y Balzareti, presentara a ocho testigos de descargo que habían ofrecido al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador a favor de sus clientes, pero estos no llegaron.
“Prescindieron de su declaración por considerar que ya no necesitaban de su pretensión en el proceso. Se reprogramó la audiencia para mañana, donde se presentará la prueba documental”, afirmó uno de los fiscales del procesos por lavado de dinero.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
