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Defensor de Juan Wright afirma que exfiscal Raúl Melara protegió a ARENA en caso $10 millones donados por Taiwán
El defensor de Juan Tennant Wrigth Castro, exdirector de asuntos económicos de Arena, Arnau Baulenas, afirmó que el exfiscal general Raúl Melara, protegió al partido de derecha, al excluirlo del proceso penal por los 10 millones de dólares donados por Taiwán para los damnificados de los terremotos de 2001 que fueron desviados a las arcas de ese instituto político.
Baulenas dijo que Melara emprendió acciones individuales contra su defendido así como en contra de Antonio Balzaretti Kriete y del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, pero nunca inició ningún tipo de proceso en contra del partido que recibió los fondos como institución.
“Creemos que es importante que la gente conozca, cómo es posible que si la tesis de la fiscalía es que este dinero fue a parar al partido ARENA, no haya nadie en representación del partido ARENA, y esto ha sucedido así por una simple razón: el exfiscal Raúl Melara en ningún momento tuvo intención de hacer un proceso donde se buscara justicia, se buscara verdad, sino lo que hizo es intentar proteger al partido ARENA”, señaló el defensor de Wright.
Según el defensor, la protección quedó evidenciada desde que el ministerio público dirigido por Melara, al momento de presentar la acusación no demandó civilmente a ARENA y tampoco lo hizo durante toda la etapa de instrucción.
A criterio de Baulenas, el fiscal Melara desacató el fallo de la Cámara Segunda de lo Penal que ordenaba proceder civilmente contra Arena y que el exfiscal procedió contra ese partido hasta que presentó la acusación, cuando debió hacerlo durante el proceso, en la fase de instrucción, afirmó. “Por tanto, digamos cortesía del fiscal Raúl Melara, es que el partido Arena no está siendo procesado”, afirmó el abogado.
Para este jueves se esperaba que la defensa de Wright, Saca y Balzareti, presentara a ocho testigos de descargo que habían ofrecido al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador a favor de sus clientes, pero estos no llegaron.
“Prescindieron de su declaración por considerar que ya no necesitaban de su pretensión en el proceso. Se reprogramó la audiencia para mañana, donde se presentará la prueba documental”, afirmó uno de los fiscales del procesos por lavado de dinero.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
