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Cobrar el bono destinado para los militares fue lo último que hizo un Sargento antes de morir en fatal accidente
Algunas cosas que Daniel Alfonso Sánchez realizó la noche del viernes 4 de octubre, antes de accidentarse, fue conducir su motocicleta por la carretera a Salcoatitán, Sonsonate.
El joven de 28 años, quien además era sargento de la Fuerza Armada, estaba contento porque había recibido el pago del bono trimestral que le entregan a policías, militar y custodios de Centros Penales que participan en labores de seguridad del plan Control Territorial.
Sin embargo, la felicidad del joven militar fue momentánea cuando en un abrir y cerrar de ojos se accidentó al llegar al desvío de Nahuizalco.
Las lesiones fueron de gravedad, al punto que no le dieron oportunidad de reaccionar pese a la asistencia que intentaron darle, informaron fuentes consultadas.
Tránsito de la PNC no brindó detalles respecto a las circunstancias que originaron que el accidente vial.
No obstante, se informó que se dirigía a su lugar de residencia en el municipio de Juayúa, y que viajaba en la moto placas M232-157 cuando ocurrió la tragedia.
“Ayer por la noche (viernes). Muere camarada verde olivo, cuando transitaba cerca del desvío que conduce hacia Nahuizalco”, escribió uno de sus conocidos en redes sociales.
“Que descanse en paz, resignación a su familia”, fue el mensaje de otra tuitera.
“Mis condolencias para su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz”, escribió otro conocido como muestra de apoyo a la familia.
Ese mismo viernes, pero por la tarde, el Ministro de la Defensa, René Francis Monroy, confirmó que se había hecho efectivo el desembolso del bono para los militares.
“Todas las pagadurías de la Fuerza Armada depositaron el bono a nuestro personal empeñado en el Plan Control Territorial”, fue parte del mensaje que escribió el ministro en las redes.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
