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Bertha Deleón cometió delito al revelar nombre de testigo protegido en caso Rais-Martínez, denuncia ciudadano ante la Fiscalía
El abogado Rafael Hernán Cortez Saravia, en su calidad ciudadano, presentó este jueves un aviso ante la Fiscalía General para que inicie un proceso en contra de la abogada Bertha Deleón, por revelar el nombre de un testigo protegido en el caso denominado Rais-Martínez, en el que ella es querellante.
Deleón, quien además es candidata a diputada por el partido Nuestro Tiempo, habría cometido el delito de divulgación de la imagen o revelación de datos de personas protegidas, por el que fue condenado, en otro proceso, el exfiscal Luis Martínez al usar conversaciones íntimas del exsacerdote Antonio Rodríguez, de quien la abogada fue su defensora.
El delito en el que habría incurrido la abogada está regulado en el artículo 147-F del Código Penal, además del delito de divulgación de material reservado, estipulado en el artículo 34 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), ambos delitos en perjuicio de la administración pública, sostuvo el denunciante.
Los señalamientos apuntan a que la abogada divulgó audios donde se revela el nombre del testigo con clave “Troya”, los cuales hizo llegar a medios de comunicación en una clara violación a la Constitución y las leyes penales.
Deleón, además, se ha dado a la tarea de presentar ante el Tribunal Supremo Electoral varias peticiones de nulidad contra aspirantes que, según ella, tienen procesos penales pendientes y están inhabilitados para participar.
La abogada, además, tiene sobre sí denuncias por encubrir a periodistas del medio digital El Faro involucrados en un caso de abuso sexual, en detrimento de la víctima, cuyo nombre clave es “Marta”.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
