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Alejandro Zelaya: “No son plazas fantasmas, son ladrones”
Las 1,200 plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa constituyen un delito serio en contra de los recursos públicos, destacó el titular del Ministerio de Hacienda (MH), Alejandro Zelaya.
“Estas no son plazas fantasmas, estos son ladrones. Se están robando los fondos estatales”, dijo el ministro de Hacienda.
Estos puestos de trabajo en la Asamblea tienen un salario asignado, pero no hay empleados ejerciendo esa función que justifica la transferencia de recursos públicos para cubrir dicho salario. La denuncia llegó a través del Presidente Nayib Bukele y, después, la confirmó el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa.
“No hay ninguna evidencia de que hayan asistido a trabajar” insistió el ministro de Hacienda. Pues aunque argumenten las personas que hacían sus labores fuera del recinto legislativo, también se necesitan respaldos. “Esas personas que cobraban no tienen un motivo para recibir el dinero, entonces es enriquecimiento ilícito. Es un delito penal”, agregó el funcionario que administra al fisco.
En este sentido, Zelaya comentó que el MH tiene una función de verificar en el Legislativo cuáles son las plazas para las que se continuará enviando el dinero en concepto de salarios. “A los empleados institucionales no los puedo afectar”; aclaró.
Luego detalló que analizarán el tema. “Con los indicios que estamos teniendo, nos preocupa. Vamos a hacer una revisión y a tomar decisiones en los próximos días”, expresó.
El presupuesto asignado para pago de salarios en la Asamblea Legislativa es de $55 millones, de acuerdo con el ministro Zelaya y aclaró, que “a los empleados institucionales no los voy a afectar; es decir, a los que llegan a trabajar y cumplen su horario normal”.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
