Nacionales
Alcalde de San Miguel aún no explica la utilización de $1.5 millones para drenaje de la Roosevelt

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmó que las inundaciones en la ciudad de Santa Ana, San Salvador y San Miguel son generadas por la cantidad de basura en los tragantes, aunado a la negligencia de los alcaldes que no han considerado hacer obras de mitigación de riesgos para evitar problemas a la población.
Las alcaldías incumplen con el artículo 4 del Código Municipal o con algunos convenios establecidos, como es el caso de la comuna migueleña dirigida por el alcalde Miguel Pereira, quien irrespetó el acuerdo firmado con el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).
Según el funcionario, el acuerdo era que las instituciones gubernamentales rehabilitarían la calle Roosevelt de San Miguel y que la alcaldía construiría los drenajes. Sin embargo, el edil Pereira no cumplió con el convenio y por ese motivo fue denunciado ante la Fiscalía General de República (FGR) para que indague lo sucedido.
“Fovial rehabilitó calle Roosevelt, pero el alcalde de Miguel Pereira se iba a comprometer a construir los drenajes que están en esa zona, que son rutas municipales y todas las aguas convergen en la Roosvelt”, explicó el titular de Obras Públicas en la entrevista A Primera Hora de radio 102.9.
Ahora desconocen el paradero de los 1.5 millones de dólares que eran para el proyecto y cómo lo utilizó la alcaldía de San Miguel, señaló Rodríguez, quien agregó que la Corte de Cuentas de la República (CCR) hizo reparó en este tema y donde está involucrada la municipalidad.
El ministro de Obras Públicas lamentó este incidente y resaltó, que con ese dinero que fue entregado a la municipalidad, bien se pueden construir puentes, carreteras y en eliminar cárcavas. “El Gobierno busca que la inversión llegue a la población”, concluyó.
Judicial
Decretan instrucción contra King Flyp, acusado de expresiones de violencia contra las mujeres

Foto: Cortesía
Los hechos por los cuales es procesado ocurrieron el 6 de junio de 2025
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó la continuación a la etapa de instrucción del caso penal contra Marvin Ulises Martínez León, mejor conocido en redes sociales como King Flyp, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres, previsto y sancionado en el artículo 55, literal C y E de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Durante la audiencia, el juzgado determinó que existen indicios probatorios suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del procesado, motivo por el cual se ordenó que el caso continúe en la etapa de instrucción ante un juzgado LEIV.
Como medida cautelar, se le impusieron medidas sustitutivas a la detención, entre ellas: la prohibición de no acercarse a la víctima por cualquier medio y la obligación de presentarse cada 20 días ante el juzgado especializado LEIV.
Los hechos que motivan el proceso, ocurrieron el 6 de junio de 2025. Por tratarse de un delito contra una mujer, la relación circunstanciada de los hechos permanece bajo reserva total.
Judicial
Conductor enfrentará proceso judicial tras accidente que dejó lesionados a dos policías en Soyapango

Rolando Boanergues L. L., de 31 años, fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango por su presunta implicación en un accidente de tránsito que causó lesiones a dos agentes de la Policía Nacional Civil.
Según la Fiscalía, el hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera de Oro, a la altura del puente San José, cuando el imputado habría invadido el carril contrario e impactado con una motocicleta en la que se transportaban los agentes. Las víctimas recibieron incapacidades médicas de hasta ocho días.
La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.