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Advierten posible aumento al pasaje si no prorrogan subsidio
Empresarios que aglutinan la Mesa Integral de Transporte, llegaron este miércoles a la Asamblea Legislativa para solicitar una nueva prórroga al pago del subsidio del transporte público que venció el 30 de junio. Aseguraron que de no obtenerlo podrían incrementar el pasaje.
“La Ley venció este 30 de junio, por lo que se ha presentado un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa” manifestaron los transportistas.
“Desde el pasado jueves 25 de junio tienen la propuesta de Ley los Diputados, pedimos que se agende, se discuta y se apruebe lo más pronto posible”, indicaron.
El empresario, Alex Sorto, aseguró que se reunieron en la Asamblea legislativa con el propósito de pedirle urgentemente a los señores diputados que sea aprobado el proyecto de decreto de compensación que fue presentado ya hace ocho días por la mesa nacional de transporte y todos los transportistas a nivel nacional, con el próposito de evitar que el día 7 de julio, que se activa el transporte colectivo para pasajeros haya un aumento en las tarifas.
De acuerdo con los transportistas, el Gobierno central aún debe el subisidio, a varios de los empresarios, de los meses de enero, febrero y marzo, por lo que instaron a que se pague a cada uno de los empresarios.
Por su parte, William Cáceres, dijo que es necesario ajustar la compensación para poder seguir operando, teniendo en cuentas las restricciones que se tomarán para evitar contagios.
“Hemos presentado la propuesta de que este sector requiere un ajuste para poder operar de $1,200 para autobuses y $600 para microbuses”, dijo Cáceres.
Agregó que buscan que les entreguen un bono para poder cumplir con las responsabilidades que requiere el protocolo de salud que se le va a imponer al sector transporte como la desinfección y el equipo especial que los conductores quieren que lleven.
En la prórroga que la Asamblea aprobó en diciembre no se modificaron los montos de la compensación, dejando $400 para buses y $200 para microbuses, por lo que los buseros buscan triplicar lo que ya recibían.
El empresario no reveló el monto del bono, solo dijo que este se debe “discutir”.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
