Nacionales
Abogado ambientalista, Sergio Portillo Toruño, solicita al presidente Nayib Bukele que sustituya al ministro Fernando López
A juicio del abogado ambientalista, Sergio Portillo Toruño, en un año de gestión al frente del Ministerio de Medio Ambiente, el ministro Fernando López ha demostrado falta de capacidad para desempeñar el cargo para el que fue nombrado por el presidente de la República, Nayib Bukele.
Desde el punto de vista del abogado ambientalista, el ministro López no ha estado a la altura de la responsabilidad que le confió el presidente Bukele, pues sostiene que en primer lugar no ha hecho cumplir la ley en el caso del botadero ubicado en el cantón Melara, en el Puerto de La Libertad.
“Son dos procesos sancionatorios que se le han solicitado al ministro de Medio Ambiente, uno por una parte en el sentido de la suspensión, la revocatoria del funcionamiento” del botadero del cantón Melara ya que según se expone en los escritos presentados ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dicho basurero funciona con autorizaciones obtenidas en la administración anterior de forma irregular.
Dicha petición de revocatoria del permiso de funcionamiento del botadero del cantón Melara se presentó en el año 2019, debido a graves fallas en las operaciones y que en las circunstancias que acaba de pasar el país y en particular la zona de la costa, ponen en serio peligro al medio ambiente y la salud de los habitantes del sector, argumenta el abogado Portillo Toruño.
El abogado Sergio Portillo Toruño indicó que luego de insistir todo el año pasado para que se resolviera su petición, la resolución fue favorable para el botadero, de modo que se interpusieron un “recurso de revisión, tal cual la ley lo mantiene, e igualmente se presentó un recurso de reconsideración” precisó el profesional del derecho.
“Este escrito se presentó con fecha 4 de marzo, la última solicitud de reiteración de la revisión”, y a 7 de junio no hay respuesta del ministro de la cartera de Medio Ambiente, reprochó el abogado ambientalista, que hizo énfasis en el riesgo que se corre que ocurra un desastre ambiental con las lluvias en el botadero del cantón Melara.
El caso del botadero del cantón Melara no es el único en el que el ministro Fernando López ha actuado de forma pasiva, sin aplicar la ley como es su deber remarcó el abogado Sergio Portillo Toruño, quien recuerda que también solicitó que se sancione a la alcaldía de Santa Tecla y a la sociedad Teclaseo como dicta la legislación vigente.
El mes de enero del presente año, el mencionado abogado interpuso una denuncia en el MARN pidiendo se que sancionara a la comuna y a Teclaseo, por contaminar con lixiviados los mantos acuíferos cercanos a la planta de transferencia ubicada a un costado de la carretera a Los Chorros.
Pese a que también se pidió la reiteración de la resolución del MARN, la fecha sigue sin haber respuesta, tres meses después de presentarse el referido recurso subrayó el abogado Sergio Portillo Toruño, quien señala lo que considera es la poca capacidad evidenciada por el titular de la cartera medioambiental.
Frente a lo que considera una falta de capacidad para desempeñar el importante cargo que se le confió, el abogado Sergio Portillo Toruño reitera el llamado al presidente de la República para que sustituya a Fernando López, por un funcionario que demuestre estar a la altura de las exigencias del cargo.
Nacionales
Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
Este día, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su Departamento de Investigaciones e Inteligencia Migratoria, realizó un operativo en la tienda “O” de El Salvador, dedicada a la venta de artículos para el hogar, ante la presunción de que se estarían cometiendo delitos relacionados con estafa y otras irregularidades migratorias y laborales.
La intervención se llevó a cabo luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos que afirmaron haber pagado por productos que nunca recibieron. Según los testimonios recopilados, tras concretar las compras, los responsables de la tienda brindaban diversas excusas para justificar la falta de entrega, como supuestos atrasos en embarcaciones, sin que los clientes obtuvieran respuesta ni devolución del dinero.
Las autoridades identificaron que en el establecimiento laboran tanto salvadoreños como ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, se determinó que los trabajadores de nacionalidad guatemalteca no poseen autorización ni permisos para ejercer actividades laborales en el país. Además, se constató que están recibiendo pagos en efectivo, lo que sugiere una posible evasión de impuestos por parte del empleador.
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De acuerdo con los registros migratorios, estas personas ingresaron a El Salvador en calidad de turistas durante el año 2024, por lo que su actual actividad laboral representa una infracción a la Ley migratoria vigente.
Asimismo, se ha establecido que el propietario de la tienda es de nacionalidad guatemalteca. Según los movimientos migratorios, debería encontrarse en territorio salvadoreño; sin embargo, a través de información recabada por otras fuentes no reveladas, indica que actualmente se encuentra en Guatemala, lo que sugiere que habría evadido los controles migratorios para salir del país.
Según lo establecido en la legislación nacional, corresponde a la DGME verificar las actividades que realizan las personas extranjeras en El Salvador.
A raíz de los hallazgos obtenidos en el operativo, el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se proceda con las investigaciones necesarias y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Nacionales
Ministro Gustavo Villatoro: «Marina Nacional es la única que ha puesto orden y autoridad en aguas internacionales»
Tras la reciente incautación de una tonelada de cocaína al suroeste del Estero de Jaltepeque, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó el papel de la Marina Nacional como una fuerza que ha logrado imponer autoridad en aguas internacionales, donde históricamente predominaba el tráfico de drogas.
La operación fue ejecutada el pasado martes 6 de mayo a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) de la Bocana El Cordoncillo, donde se interceptó una embarcación pesquera artesanal con el cargamento ilícito. En declaraciones posteriores, Villatoro aseguró que El Salvador está demostrando al mundo su capacidad para combatir el narcotráfico, incluso más allá de sus fronteras.
“La Fuerza Naval Tridente está demostrando lo que se puede lograr con decisión firme. Estamos tomando control en millas náuticas tan distantes como la 500, 600, hasta la 1,000”, afirmó el ministro, subrayando que solo la Marina salvadoreña ha logrado imponer orden en esa “autopista de aguas internacionales” por la que transitaba libremente la droga.
Villatoro también respondió a las críticas de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, al señalar que el actual Gobierno no está vinculado al narcotráfico. “Estamos demostrando que no solo no tenemos nexos, sino que lideramos con firmeza el combate a este flagelo. Contamos con equipos de rayos X y políticas claras en nuestros puertos para escanear lo que sale hacia Europa y Estados Unidos”, enfatizó.
El titular de Seguridad comparó este esfuerzo con la guerra contra las pandillas, indicando que, al igual que en ese combate, se enfrentan a sectores que —según él— terminan defendiendo intereses criminales. “Solo en la cabeza de retrógradas pueden pensar que estamos vinculados con estas actividades”, afirmó.
Finalmente, Villatoro reiteró que seguirán trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República para mantener y reforzar el combate al narcotráfico. Según cifras oficiales, en el último año El Salvador ha incautado aproximadamente 28.2 toneladas de droga, valoradas en unos $706.8 millones.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
