Judicial
A juicio empleada de la PNC acusada de cobrar por limpiar solvencias de antecedentes
El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador ordenó auto de apertura a juicio contra Reina Isabel Acosta, por los delitos de cohecho propio y falsedad documental agravada con la modalidad del delito de falsedad material y sobreseyó provisionalmente por no acreditar suficientes elementos de prueba, al abogado Edgardo Antonio Molina Morales por cohecho activo y estafa.
Para el juez Rigoberto Chicas hay probabilidad positiva que la imputada realizó actividades impropias de sus funciones, ella debió respetar su funciones como servidora pública.
El juzgador también envió a juicio a Rolando Elías Julián Belloso, por tenencia, portación o conducción irresponsable de armas de fuego, la Fiscalía lo acusó de tenencia de armas de guerra, pero según el resultado de un peritaje de funcionamiento a las tres armas se corroboró que el mecanismo de disparo no es automático y que al parecer fueron utilizados en la época de la guerra civil, por lo tanto no se pudo acreditar que son armas de guerra, sostuvo el juzgador.
Según la acusación fiscal, la imputada laboraba en el Departamento Jurídico de la Oficina de Solvencias de la PNC y que supuestamente cobraba a cambio de limpiar los antecedentes penales de las solvencias.
La investigación surgió a raíz de denuncia de una víctima con régimen de protección quien relató que en noviembre del año 2016 sacó una solvencia de antecedentes penales en la cual le aparecía un delito el cual ya había cumplido la pena. Por tal motivo el 15 de noviembre de ese año presuntamente se contactó con el abogado Molina quien le cobró 600 dólares para borrarle permanentemente los antecedentes.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
