Judicial
245 años de cárcel para asesino serial que ejecutó a 9 personas en San Salvador
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador condenó a 22 mareros a penas que oscilan entre los 3 y 245 años por diversos hechos.
Los que mayor condena recibieron son Wilber Gerardo Calero Martínez, quien fue condenado a 245 años de prisión, por haber participado en nueve casos ejecución; además, fue condenado a 169 años de prisión el pandillero Bryan Eduardo Pérez Salamanca, por siete hechos donde personas perdieron la vida.
El juzgador advirtió a la representación fiscal que también debe de ser investigado el testigo con criterio de oportunidad, debido a que hubo casos donde no se logró establecer responsabilidades, por lo tanto “sería injusto no investigar los hechos donde el testigo tuvo la mayor participación”, acotó el juzgador.
En esta condena se logró hacer justicia en los hechos contra las víctimas Ernesto Ulloa Méndez, Walter Ernesto Alvarado, Yasmin Elizabeth Medina, Sidney Esmeralda Castellano y otros.
Asimismo, en la vista pública se había dado a conocer que los hechos se habían producido por disputas con la pandilla contraria, recordando que la zona de operación de los ahora condenados era Barrio Modelo, Calle Prado, Condominios Emmanuel, Condominios 15 de Septiembre, entre otras zonas del departamento de San Salvador.
Finalmente, el juzgador manifestó que 30 de los acusados eran encontrados inocentes, debido a que algunos no habían sido reconocidos por el testigo y otros porque no se pudo comprobar su participación con la prueba periférica que podía fortalecer el dicho del testigo.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
