Judicial
245 años de cárcel para asesino serial que ejecutó a 9 personas en San Salvador
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador condenó a 22 mareros a penas que oscilan entre los 3 y 245 años por diversos hechos.
Los que mayor condena recibieron son Wilber Gerardo Calero Martínez, quien fue condenado a 245 años de prisión, por haber participado en nueve casos ejecución; además, fue condenado a 169 años de prisión el pandillero Bryan Eduardo Pérez Salamanca, por siete hechos donde personas perdieron la vida.
El juzgador advirtió a la representación fiscal que también debe de ser investigado el testigo con criterio de oportunidad, debido a que hubo casos donde no se logró establecer responsabilidades, por lo tanto “sería injusto no investigar los hechos donde el testigo tuvo la mayor participación”, acotó el juzgador.
En esta condena se logró hacer justicia en los hechos contra las víctimas Ernesto Ulloa Méndez, Walter Ernesto Alvarado, Yasmin Elizabeth Medina, Sidney Esmeralda Castellano y otros.
Asimismo, en la vista pública se había dado a conocer que los hechos se habían producido por disputas con la pandilla contraria, recordando que la zona de operación de los ahora condenados era Barrio Modelo, Calle Prado, Condominios Emmanuel, Condominios 15 de Septiembre, entre otras zonas del departamento de San Salvador.
Finalmente, el juzgador manifestó que 30 de los acusados eran encontrados inocentes, debido a que algunos no habían sido reconocidos por el testigo y otros porque no se pudo comprobar su participación con la prueba periférica que podía fortalecer el dicho del testigo.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
