Judicial
Juzgado impone 30 años de cárcel a feminicida
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres emitió un fallo de carácter condenatorio contra el imputado Juan Antonio Arévalo, quien fue condenado a la pena principal de prisión de 30 años, y como responsabilidad civil, se le condenó a la cantidad de $2,500 dólares, por el delito de feminicidio agravado.
El delito está previsto y sancionado en los Arts. 45 literales a y c, relacionados con el Articulo 46 literal a, ambos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en perjuicio de una mujer adulta, cuya identidad se omite en virtud de la reserva contenida en el artículo 57 literal e, de la misma normativa.
Según el Tribunal Especializado, los hechos sucedieron a la noche del 28 de junio de 2017, en casa de habitación de la víctima, ubicada en la Residencial Altavista, jurisdicción de Tonacatepeque, en San Salvador.
Según la FGR, el imputado Juan Antonio Arévalo, quien formaba parte de la Corporación Policial, disparo su arma de equipo en contra de la víctima, ocasionándole heridas graves.
La víctima fue trasladada al Hospital Nacional de San Bartolo, he ingresándola con diagnostico reservado, pero debido a la gravedad de las lesiones de bala, falleció 2 semanas después en el Hospital General del Seguro Social. Las pruebas aportadas por el Ministerio Publico fueron suficientes y contundentes para establecer la autoría del imputado y emitir una pena de 30 años de prisión.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
