Las riadas y los deslizamientos de tierra ocasionados por la intensa temporada de lluvias en Bolivia dejan 23 fallecidos desde noviembre pasado y unos 26.000 damnificados, informó el miércoles el Viceministerio de Defensa Civil.

«Los fallecidos han ascendido a 23 y en este momento se tienen dos personas desaparecidas», aseguró en conferencia de prensa Juan Carlos Calvimontes, titular de esa institución.

La mayoría de los decesos se registraron en los departamentos de Cochabamba (8), La Paz (6) y Chuquisaca (5).

De acuerdo con Calvimontes, La Paz -declarado en estado de «emergencia», es el departamento más afectado por las precipitaciones, las cuales en principio se extenderán hasta abril.

Del total de 343 municipios establecidos en Bolivia, 22 fueron declarados en estado de «desastre» 19 de ellos en La Paz, precisó el viceministerio en su más reciente balance.

En todo el territorio se contabilizan hasta el momento 332 viviendas destruidas y 26.000 personas damnificadas.

La pasada temporada de lluvias, que empezó en noviembre de 2023 y terminó en abril de 2024, dejó un total de 55 muertos, de acuerdo con datos oficiales.

El Servicio Nacional de Metereología e Hidrología boliviano (Senamhi) emitió la semana pasada «una alerta hidrológica que rige para cinco departamentos (…) donde existe la probabilidad de que los ríos» que los atraviesan «puedan sufrir algún desborde», dijo Calvimontes.

Además, en la planicie tropical denominada el Chaco, en el suroeste del país, en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, las autoridades emitieron una «alerta naranja» por el incremento de las temperaturas.

«Se estima que las temperaturas van a sobrepasar los 41 grados centígrados. Es el contraste que estamos viviendo con otras regiones del territorio nacional», agregó Calvimontes.

Durante el Consejo de Ministros transmitido en vivo este martes, 4 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó una declaración que ha generado controversia.

El mandatario colombiano hizo una comparación entre la cocaína y el whisky, afirmando que la legalización de esta droga facilitaría el desmantelamiento de su comercio.

«El negocio se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos, la plata (dinero) se usaría para que los niños no se pongan a tomar vinos, alcohol o fumar. En Colombia, más o menos, hemos tenido éxito en eso», dijo.

Petro argumentó que la cocaína es ilegal porque es producida en América Latina, además de asegurar que no es más mala que el referido licor.

«La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. No porque sea más mala que el whisky (…). La cocaína no es más mala que el whisky», dijo Petro, lo que generó controversia.

El presidente también señaló que el fentanilo ha causado una crisis de salud en Estados Unidos sin que existan políticas de control suficientemente fuertes.

«Lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Y eso no se hace en Colombia, pero allá está, sin mayores políticas en contra», expresó.

Asimismo, acusó a las multinacionales farmacéuticas norteamericanas de facilitar la distribución de fentanilo con fines comerciales.

«El fentanilo apareció siendo una droga de farmacia de las multinacionales norteamericanas que lo empezaron a entregar para hacer negocio. Y los señores que consumían eso se volvieron adictos, porque es adictísimo y mata. Entonces ahora la culpa es de los mexicanos. Sí, cómo no. La culpa es del negocio dentro de ellos», añadió.

De acuerdo con medios internacionales, el fentanilo es un opio sintético 50 veces más potente que la heroína y se ha convertido en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una serie de aranceles a las importaciones de Canadá y México del 25 % (posteriormente se unió China con un 10 %). Esto debido a que consideró que no detenían los flujos de migrantes ilegales y drogas.

En el caso de Canadá y México la medida fue suspendida por un mes, ya que el primero de estos tendrá un nuevo zar del fentanilo, y el segundo comprometió a desplegar 10,000 miembros de su Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos.

Al menos siete muertos dejó un motín en una cárcel del estado mexicano de Tabasco (sureste), informó este la fiscalía de este distrito sacudido por una escalada de hechos criminales en el último año.

Las autoridades informaron que en la mañana se reportaron detonaciones al interior de la cárcel de Villahermosa, la capital estatal, donde en diciembre pasado otra revuelta de reos dejó también siete fallecidos.

Se «ha iniciado la investigación sobre los hechos ocurridos al interior del #CRESET (penal) de #Villahermosa donde se registraron siete decesos», informó en la red social X la fiscalía sin dar mayores detalles.

Según medios locales, el motín se desencadenó poco antes del mediodía, lo que propició el despliegue de guardias nacionales y de policías estatales.

Las versiones apuntan que el probable origen de la revuelta habría sido el enfrentamiento entre dos grupos rivales al interior del penal.

El estado de Tabasco, dedicado a la producción petrolera pero golpeado por altos niveles de pobreza, ha registrado este año un repunte en la violencia.

En noviembre pasado, seis personas murieron y otras 10 resultaron heridas en un ataque armado en un bar de Villahermosa, en un atentado ocurrido días después de que un grupo de policías fuera tiroteado por desconocidos en esa misma ciudad.

En septiembre de 2024, la capital fue sacudida por una serie de robos simultáneos a negocios y la quema de varios vehículos.

Desde diciembre de 2006, cuando las autoridades lanzaron un polémico operativo militar antidrogas, México acumula casi 480,000 homicidios y unos 110,000 casos de personas reportadas como desaparecidas, según la estadística gubernamental.