Internacionales
Trump plantea nuevas medidas contra los inmigrantes: El muro NO BASTA
El presidente, Donald Trump, mantiene cerrado el Gobierno federal por tercera semana en un pulso con el Congreso para obtener 5.700 millones de dólares para seguridad fronteriza. Con ese presupuesto, Trump podría construir 234 millas de barrera fronteriza (que ahora ya no es un muro de cemento sino una valla de acero), pero también financiaría celdas para 11.000 indocumentados, 750 agentes fronterizos, 75 jueces de inmigración y ayuda humanitaria urgente valorada en 800 millones de dólares, según informa la radio pública (NPR, en inglés).
Para elevar aún más la presión, el presidente tiene previsto viajar a la frontera el próximo jueves, según ha anunciado este lunes su portavoz, Sarah Sanders, sin ofrecer más detalles. Su último viaje de este tipo fue a California para examinar los prototipos de muro fronterizo que había ordenado construir.
Los demócratas sólo están dispuestos a concederle 1.200 millones para seguridad fronteriza (el mismo presupuesto que fue aprobado en diciembre por un Congreso en manos republicanas pero Trump se negó a aceptar), así que el Gobierno federal sigue sin presupuesto por tercera semana consecutiva: más de 800.000 trabajadores han sido enviados a casa, y el resto trabaja sin sueldo.
¿Para qué quiere Trump un presupuesto de 5.700 millones? Según reiteró en una carta enviada al Congreso este domingo, la partida fundamental iría a construir una barrera fronteriza que desde el viernes, en un intento de erosionar las reticencias demócratas, ya no es un muro de cemento sino una valla de acero (lo que, por cierto, convertiría en inservibles los prototipos construidos en California).
La frontera entre México y Estados Unidos se extiende unas 2.000 millas, pero ya existen 654 millas de muro construidas, las que se suman otras 51 con vallas dobles o triples (que serían reforzadas), y además “hay un montón de barreras naturales”, según Trump, montañas y “ríos violentos y crueles” que sirven de barrera natural. Así, según sus cálculos harían falta entre 700 y 900 millas de muro. Con 5.700 millones, la Casa Blanca espera poder construir 234 millas de barrera; el resto quedaría para el presupuesto de los próximos años.
Este dinero no se dedicaría íntegramente al muro: además, serviría para financiar nuevas celdas para 11.000 indocumentados, con los que la capacidad actual en los centros de detención aumentaría a 52.000. Pese a que Trump ha prometido acabar con la política de catch & release, las autoridades migratorias tienen que dejar en libertad a los indocumentados a los que atrapan cruzando ilegalmente la frontera (y que tienen derecho a solicitar asilo, por lo que no pueden ser deportados automáticamente) porque no tienen espacio suficiente para mantenerlos detenidos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) tiene presupuesto para mantener a 40.000 inmigrantes bajo custodia, pero, derivando fondos de otras partidas, ha logrado encarcelar a 45.000. Pero miles más han tenido que ser liberados por falta de plazas.
Además, el nuevo presupuesto permitiría contratar a 75 jueces de inmigración, con los que aliviar un atasco de 810.000 casos en las cortes migratorias (a los que se suman otros 330.000 que el Departamento de Justicia ha ordenado reactivar). Paradójicamente, el cierre del Gobierno federal está empeorando este retraso, dejando a decenas de inmigrantes en el limbo.
El dinero serviría también para contratar a 750 agentes fronterizos, aunque en este caso el principal obstáculo al que se enfrenta el Gobierno es la falta de aspirantes. En octubre de 2017, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) tenía casi 45.000 empleados, pero estaba por debajo de los límites establecidos para su plantilla. Trump ordenó que se contratara a 5.000 patrulleros fronterizos más, para sumar en total 26.370, pero la falta de candidatos ha complicado este proceso.
Internacionales
Terremoto en el este de Afganistán deja más de 2.200 muertos y miles de viviendas destruidas
Un terremoto de magnitud 6 sacudió el domingo por la noche el este de Afganistán, dejando un saldo de más de 2.200 personas fallecidas y casi 4.000 heridas, según informó este jueves el Gobierno talibán. El sismo, el más mortífero en la historia reciente del país, destruyó alrededor de 7.000 viviendas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.
Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del Gobierno, detalló que la mayoría de las víctimas se concentran en Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, y que las operaciones de rescate continúan, aunque se enfrentan a dificultades por desprendimientos y deslizamientos de tierra en las zonas montañosas.
Cuatro días después del sismo, los habitantes de las aldeas afectadas esperan ayuda urgente. “Necesitamos carpas, agua, comida y medicinas de forma urgente”, declaró Zahir Jan Safi, un agricultor de 48 años desde el pueblo de Mazar Dara, uno de los más devastados.
El balance de víctimas podría aumentar, ya que aún se hallan cuerpos en casas derrumbadas. Las organizaciones humanitarias y la ONU advierten que la situación se agrava debido a los recortes en la asistencia internacional, justo cuando la ayuda resulta más necesaria.
El Senado de Texas, de mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley que prohíbe prácticamente todas las interrupciones de embarazo, incluso en casos de incesto o violación, salvo cuando exista riesgo de muerte o discapacidad grave para la madre. La medida, que debe ser promulgada por el gobernador Greg Abbott para entrar en vigor, permite que cualquier ciudadano demande a quienes faciliten la entrega de la píldora abortiva, con indemnizaciones mínimas de 100.000 dólares.
La legislación, aprobada por 17 votos a favor y 9 en contra, no penaliza a las mujeres que intenten obtener las píldoras, pero sí prohíbe su prescripción, fabricación o envío dentro del estado.
El senador republicano Bryan Hughes justificó la norma asegurando que busca “proteger al bebé que crece en el vientre de su madre” y evitar que las farmacéuticas “envíen pastillas tóxicas a Texas para inflar sus ganancias”. En contraste, la senadora demócrata Carol Alvarado calificó la ley de “convertir a los texanos en cazarrecompensas”.
La medida se enmarca en la tendencia de los estados conservadores de limitar el aborto tras la decisión de la Corte Suprema de 2022 de revocar el fallo Roe contra Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal. Desde entonces, una veintena de estados han restringido o prohibido el acceso al procedimiento.
Casos recientes reflejan la aplicación estricta de estas normas: un médico de Nueva York fue multado con 100.000 dólares en Texas y enfrenta cargos en Luisiana por recetar pastillas abortivas a distancia, mientras que un hombre demandó a un médico de California por enviar píldoras a su novia residente en Texas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México “está gobernado por los carteles de droga” y aseguró que ofreció enviar tropas estadounidenses al país, propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum habría rechazado por “miedo”. Las declaraciones fueron publicadas el 2 de septiembre por el medio Daily Caller.
Trump elogió a Sheinbaum calificándola como “una mujer estupenda, elegante y hermosa”, pero insistió en que, pese a sus cualidades, México estaría controlado por organizaciones criminales. “Me he ofrecido a enviar al ejército, y ella no quiere que hagamos eso. Tiene miedo. Está muy asustada”, indicó.
Estas afirmaciones se producen tras declaraciones del asesor de seguridad interior de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien comparó la violencia en algunas ciudades estadounidenses con la de Ciudad de México, a la que también describió como dirigida por carteles criminales.
Por su parte, Sheinbaum rechazó las declaraciones y aseguró en conferencia matutina que no son ciertas, subrayando que prefiere mantener una buena relación con Estados Unidos. “Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos y al presidente Trump, y no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación”, señaló.
México ha mantenido cooperación con la administración de Trump, especialmente en temas migratorios, reforzando la vigilancia en zonas fronterizas en los últimos años. Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, estas acciones buscan “desmantelar carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica”.
