Veintidós mujeres ganaron este jueves una demanda por fraude contra un sitio web pornográfico, GirlsDoPorn, con sede en San Diego (California, EE.UU.). La empresa deberá pagarles una indemnización colectiva por valor de 12,7 millones de dólares. El juicio —presidido por el juez de la Corte Superior, Kevin Enright— duró 4 meses y fue en contra de un total de 13 acusados.

Las demandantes afirmaron que los propietarios de la productora, Michael James Pratt, de 36 años; y Matthew Isaac Wolfe, de 37 años; junto al actor porno Rubén André García, de 31, las obligaron mediante un engaño a participar en películas sexuales explícitas sin saber que las imágenes serían publicadas en el sitio web, recogen los medios locales.

Durante el juicio se descubrió que múltiples individuos y varias empresas afiliadas habían operado como una sola entidad, por lo cual el juez declaró a todos como responsables. A las víctimas se les otorgaron 9,45 millones de dólares colectivamente de indemnización compensatoria y 3,3 millones de dólares en indemnizaciones punitivas.  

El juez reconoció la petición de las mujeres para que se les atribuyeran los derechos de las imágenes divulgadas; además, y se obligó a los acusados tanto a eliminar los videos publicados de su página web como tomar medidas para que fueran borrados de otros sitios pornográficos a los que permitieron publicar clips, anuncios o películas completas.

Asimismo el juez obligó a los propietarios de la página web a publicar en los anuncios de contratación, de manera destacada, que los videos grabados serían distribuidos por la Red y proporcionar copias del acuerdo legal con antelación y pedir permiso a las mujeres para poder usar sus nombres o información legal. 

«El dinero es una cosa, pero estos tipos han arruinado la vida (de las demandantes) y tenemos que limpiar esto tanto como sea posible», dijo Ed Chapin, abogado de las mujeres.

Durante el juicio, los abogados defensores intentaron librar a sus a sus clientes de cualquier responsabilidad argumentando que las mujeres tenían más de 18 años, sabían lo que estaban haciendo, aceptaron el pago e incluso en algunos casos volvieron para realizar más videos.

Por su parte, los abogados de los demandantes señalaron que los videos no se publicaron de inmediato en Internet y los acusados ​ rechazaron las solicitudes para eliminarlos. Asimismo la demanda alegaba que las mujeres fueron engañadas y se les mintió, ya que se les afirmó que las películas se distribuirían en DVD y solo a clientes privados en el extranjero.

Algunas de las víctimas declararon que los acusados les proporcionaron alcohol o marihuana y después las apresuraron a firmar sus derechos sobre las imágenes. Asimismo confesaron que aunque aceptaron practicar sexo en cámara para ganar dinero, incluido el pago de la universidad, la publicidad posterior arruinó sus vidas y sus carreras. Al menos una mujer consideró el suicidio.