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Salvadoreños, cubanos y hondureños contraen matrimonio con mexicanas, tras caravanas de inmigrantes
Tras un estudio, el periódico El Heraldo de Chihuahua reportó que luego de la presencia de más de 10 mil migrantes que se encuentran distribuidos en la zona norte del territorio mexicano, ha surgido el interés por contraer matrimonio con mexicanas, a fin de obtener documentos legales y buscar iniciar una nueva vida en México.
Salvadoreños, cubanos y hondureños son algunas de las nacionalidades que se encuentran registrados como contrayentes de matrimonio en el estado de Chihuahua, según los datos recabados por Registro Civil, que es la dependencia encargada de formalizar estos trámites entre las partes interesadas.
Ciudad Juárez, Jiménez y Chihuahua son los puntos donde más se registra la presencia de migrantes extranjeros, quienes con el paso de los meses han optado por juntarse con chihuahuenses para contraer nupcias a fin de obtener documentos mexicanos para tener una estabilidad en el país.
De 2018 a 2019, el Registro Civil reconoció que se ha registrado un incremento considerable en el número de matrimonios, que aparentemente se debe por la gran presencia de migrantes en el estado, pero que no se asegura debido a que los registros están clasificados por extranjeros y no como migrantes.
“Se puede decir que sí hay un incremento, pero no contamos con el dato exacto, porque en esta oficialía y en Juárez no se manejan los datos, pero sí ha habido un incremento por la cuestión de los migrantes”, dijo Palos Pacheco, coordinador de las oficialías del Registro Civil en la localidad.
“Ha habido un pequeño repunte, de repente nos ha tocado casar salvadoreños, cubanos o hondureños que se casan con norteamericanos o juarenses en las diferentes oficialías de la localidad”, agregó.
Las caravanas
El 13 de octubre del 2018 miles de salvadoreños, hondureños y guatemalteco partieron rumbo a México con destino final a EE. UU., en caravanas que incluía hombres, mujeres y niños; familias completas que buscaban un mejor futuro.
Después de un año, estos migrantes, así como miles que les siguieron en por lo menos otras cinco caravanas similares, no han logrado su objetivo. Muchos fueron deportados, otros aún permanecen en las ciudades fronterizas mexicanas con la esperanza de obtener asilo en EE. UU. y el resto, simplemente decidió retornar.
Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de un niño de cinco años, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública por la crueldad del crimen y el motivo que lo originó: una deuda de apenas 1,000 pesos (unos 54 dólares).
Según informó la Fiscalía del Estado de México, el menor fue raptado el pasado 28 de julio en el municipio de La Paz, luego de que su madre informara a dos mujeres que no podía pagar un préstamo. En represalia, las agresoras secuestraron al niño con la amenaza de no devolverlo hasta que la deuda fuera saldada.
Días después, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del menor escondido en una vivienda vinculada a los presuntos responsables. La Fiscalía no ha revelado aún la causa de muerte, pero confirmó que las dos mujeres y un hombre fueron encarcelados en un penal estatal, acusados de delitos relacionados con la desaparición de personas.
El caso ocurre en medio de una creciente ola de extorsiones en México. Apenas en julio, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una estrategia nacional contra este delito, luego de reconocer que los esfuerzos anteriores no han logrado frenar su impacto.
La ofensiva se intensificó tras casos como el de una maestra jubilada, asesinada en el estado de Veracruz luego de ser extorsionada y aparecer en un video amarrada y rodeada por hombres armados.
La violencia vinculada a préstamos informales y redes de agiotistas ha afectado tanto a pequeños comerciantes como a ciudadanos comunes. En el Estado de México, las autoridades han desarticulado recientemente al menos dos bandas de extorsionadores.
El asesinato del niño ha reavivado el debate sobre la urgencia de medidas más efectivas para proteger a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, pasando de $25 a $50 millones. Así lo informó la fiscal general Pam Bondi a través de la red social X.
“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, escribió Bondi.
Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de narcotráfico, corrupción y vínculos con redes criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, declarado organización terrorista global por Washington.
La administración del demócrata Joe Biden ya había elevado la recompensa a $25 millones. Tanto Biden como Trump han respaldado al opositor Edmundo González Urrutia, a quien reconocen como “presidente legítimo” tras las cuestionadas elecciones de 2024 en Venezuela.
Pese a las tensiones, la Casa Blanca ha sostenido contactos con altos funcionarios venezolanos para lograr acuerdos humanitarios. En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, como parte de un pacto negociado con apoyo de El Salvador.
Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando la administración Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y aplicó sanciones económicas en un intento fallido por propiciar la salida de Maduro. Ese gobierno interino fue disuelto por la propia oposición venezolana en enero de 2023.
La fiscalía de Aix-en-Provence informó este viernes la detención de dos personas acusadas de liderar una red criminal que reclutaba a jóvenes latinoamericanas bajo falsas promesas laborales, para luego obligarlas a prostituirse en varias ciudades del sureste de Francia.
Durante un operativo, agentes franceses capturaron a un hombre y una mujer e incautaron más de 200,000 euros, de los cuales 194,000 estaban en efectivo. Según las autoridades, los implicados operaban en localidades como Aix-en-Provence, Cannes y Menton.
Las víctimas, al menos 14 mujeres reclutadas durante los últimos dos años, afirmaron haber sido contactadas en sus países de origen a través de redes sociales encriptadas, donde se les ofrecía trabajo como “damas de compañía”. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Niza eran trasladadas directamente a apartamentos donde debían prostituirse hasta 16 horas al día.
Los testimonios revelan que las mujeres eran despojadas de sus documentos y ganancias, además de tener restringida su movilidad.
Ambos detenidos enfrentarán cargos por proxenetismo agravado, secuestro arbitrario, trata de seres humanos y lavado de dinero, y deberán comparecer ante un juez en las próximas horas.
