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Papa Francisco no autoriza que haya curas casados en el Amazonas y descarta la posibilidad de ordenar diaconisas
Foto de archivo
El papa Francisco cerró la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados al ni si quiera mencionarlo en su exhortación sobre el Sínodo de la Amazonia, publicada este miércoles, frenando la expectativa formada en torno a la posibilidad y generado un fuerte debate entre los sectores conservadores.
Los obispos de las regiones amazónicas que participaron en el Sínodo del año pasado habían aprobado la propuesta de poder ordenar sacerdotes a hombres casados y reconocidos por su comunidad para poder celebrar la eucaristía en los puntos más remotos de la región. Sin embargo, el papa Francisco reconoce que es necesario que la eucaristía llegue a estos lugares pero se limita a pedir que se rece para que crezcan las vocaciones y que se envíen más misioneros en estas zonas.
Asimismo, en este documento titulado “Querida Amazonia” , aunque Francisco exhorta a que las mujeres tengan mayores funciones en la Iglesia de la región, también cierra la posibilidad a la creación de diaconisas.
Y es que en el documento final aprobado por una mayoría de dos tercios, la asamblea de los obispos proponía, para que se pueda celebrar la Eucaristía en las zonas más remotas de la Amazonia, “ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad que tengan un diaconado fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado, pudiendo tener familia legítimamente constituida y estable”.
Sin embargo, Francisco ni si quiera menciona esta posibilidad y se limita “a exhortar a todos los Obispos, en especial a los de América Latina, no sólo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonía”.
Y recoge a pie de página la reflexión realizada durante el Sínodo sobre que “llama la atención que en algunos países de la cuenca amazónica hay más misioneros para Europa o para Estados Unidos que para auxiliar a los propios vicariatos de la Amazonia”.
El papa propone que existan más “diáconos permanentes y que junto con las religiosas y los mismos laicos asuman responsabilidades importantes para el crecimiento de las comunidades (amazónicas)”.
Francisco tampoco abre a la creación de las diaconisas, mujeres que pueden impartir algunos sacramentos, y lo justifica afirmando que es reductivo pensar que “se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la Iglesia sólo si se les diera acceso al orden sagrado”.
“Pero esta mirada en realidad limitaría las perspectivas, nos orientaría a clericalizar a las mujeres, disminuiría el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable”, explica el papa argentino.
Aunque, el papa sí que exhorta a “estimular el surgimiento de otros servicios y carismas femeninos, que respondan a las necesidades específicas de los pueblos amazónicos en este momento histórico”, pero “que no requieran” la ordenación.
(Con información de EFE)
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
