La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.

Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.

La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.

De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.

El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.

En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.

Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.

La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.

Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.

La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.

El lunes, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de más de 200 integrantes del Clan del Golfo, el cartel narcotraficante más grande del país, responsable de implementar un violento «plan pistola» que ha dejado al menos 20 miembros de la fuerza pública muertos.

Desde el 15 de abril, un total de 217 miembros de este grupo armado han sido detenidos en una serie de operativos coordinados, como parte de la respuesta del gobierno ante los ataques perpetrados por el Clan del Golfo, cuyo impacto ha desbordado la seguridad en varias regiones del país. Además, otros 15 narcotraficantes fueron abatidos, y se incautaron 6,8 toneladas de estupefacientes, 123 armas de fuego y más de 15,000 municiones, según el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

La violencia del Clan del Golfo, un grupo paramilitar que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha escalado en los últimos meses. Desde finales de abril, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel implementó una estrategia de «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública, una táctica que recuerda a las guerras del narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa. En el marco de estos ataques, se ha establecido una recompensa de hasta $3,500 por cada policía muerto.

El Clan del Golfo, que tiene más de 7,500 miembros, se dedica principalmente al tráfico de cocaína y es considerado uno de los carteles más poderosos del país. En 2022, este grupo ya había recurrido a un «plan pistola» como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su antiguo líder, alias Otoniel.

El Ministerio de Defensa también informó que, desde el 15 de abril, los ataques de grupos ilegales y rebeldes han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, en lo que se considera el peor pico de violencia que ha vivido Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. A pesar de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, las conversaciones no han avanzado, dejando al país en medio de una grave crisis de seguridad.

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Un abogado de trayectoria en Honduras perdió la vida la tarde del lunes en un establecimiento de hospedaje ubicado en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, según confirmaron medios locales y autoridades policiales.

El fallecido fue identificado como José Roberto Cárdenas Matute, de 76 años, quien según reportes preliminares se encontraba en una habitación de un motel en la zona conocida como la “zona viva” del municipio costero, cuando sufrió un aparente paro cardíaco.

De acuerdo con el informe forense preliminar, el abogado se encontraba acompañado por una mujer al momento del incidente. El propietario del lugar notificó a las autoridades tras percatarse de que el cliente se había desvanecido y no respondía.

Equipos de socorro llegaron al sitio para brindarle asistencia, pero al momento de ser atendido ya no presentaba signos vitales. La Policía Nacional indicó que, en principio, la muerte se habría producido por causas naturales.

No obstante, el cuerpo fue trasladado al centro de medicina legal para la autopsia correspondiente, como parte del protocolo legal. Las autoridades continúan con las investigaciones de rigor para esclarecer los detalles del suceso.