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NO SE PUEDE CREER – Gobierno de Nicaragua prohíbe el uso de mascarillas al personal médico para no generar «pánico» en la población ante el Covid-19
Si la batalla contra el COVID-19 es una guerra, el gobierno de Nicaragua colocó al personal de salud en primera línea, sin armas y a pecho descubierto, en un afán inicial de aparentar normalidad y que recién ahora está empezado a rectificar, según los especialistas consultados.
“Se tomaron malas decisiones. Indudablemente. No hubo alarma. Estamos pagando las consecuencias de no haber cumplido los protocolos a cabalidad de una forma actualizada desde un inicio”, lamenta un médico nicaragüense, que sirve en un hospital público y aceptó hablar con Infobae sobre la situación del personal de salud en Nicaragua a condición de anonimato, por temor a represalias.
Las quejas anónimas son una constante en los hospitales y centros de salud de Nicaragua. “Es que como está la situación, todos dependemos de ese salario, y hablar y criticar al gobierno significa el despido inmediato”, justifica este especialista que fue jefe de área de un importante hospital de Managua.
Hasta el 20 de mayo, el Observatorio Ciudadano, una red de especialistas y voluntarios que lleva un conteo paralelo al gobierno sobre los estragos de la pandemia en Nicaragua, registraba 246 trabajadores de la salud presuntamente afectados por el COVID-19, de los cuales once fallecieron por esta misma causa. Las muertes del personal de salud corresponden, según el organismo, a tres personas de enfermería, dos administrativos, dos médicos, una visitadora médica, un laboratorista y dos categorizados como “otros.
Según el último informe oficial, dado a conocer este martes por el Ministerio de Salud (Minsa), se han confirmado 254 casos de personas con COVID-19 en Nicaragua, de las cuales 17 han fallecido. Sin embargo, y a pesar que este último informe registró un incremento de casos de más del mil por ciento con respecto al de la semana pasada, las cifras oficiales aún están muy lejos del conteo del Observatorio, que registraba hasta este miércoles 2.323 casos y 465 muertes “por neumonía y sospechosas de Covid-19 verificadas”.
El gobierno de Daniel Ortega asumió de forma relajada la amenaza del COVID-19. No se cerraron las fronteras, ni se estableció cuarentena ni se han suspendido las clases en las escuelas, y, por el contrario, se estimularon actividades de concentración masivas como marchas, ferias y eventos recreativos.
El Ejército colombiano ubicó y desmanteló una fábrica clandestina de falsificación de moneda en el departamento de Boyacá, donde incautó 1.1 millones de dólares falsos destinados al mercado negro. El operativo se realizó en una vivienda del municipio de Berbeo.
Durante el procedimiento, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 64 años, identificado como profesional en artes gráficas, quien presuntamente lideraba el proceso de fabricación de los billetes falsos. Según las autoridades, la acción representa un golpe contra la falsificación de moneda que afecta la economía del país.
Un niño de 11 años fue atacado por un perro de raza pitbull en el barrio Las Brisas, municipio de Nueva Arcadia, Copán, en el occidente de Honduras. El menor, identificado como Elvin C. H., se dirigía a dejar unas tortillas cuando fue sorprendido por el canino, que le mordió el brazo derecho.
Tras el ataque, el niño fue trasladado al Centro de Salud, donde recibió atención médica debido a una herida de consideración que le provocó la pérdida de parte de la piel. Medios locales informaron que recibió entre cinco y seis puntos de sutura y posteriormente fue dado de alta para continuar su recuperación en su vivienda.
Ante lo ocurrido, autoridades locales y vecinos hicieron un llamado a los dueños de perros considerados de razas fuertes o potencialmente peligrosas para que los mantengan bajo control y debidamente amarrados, con el fin de evitar nuevos incidentes, especialmente contra niños.
Al menos cuatro personas, al parecer todas de una misma familia, fueron asesinadas en el interior de una vivienda en el barrio Centroamérica, de Tegucigalpa, informó este jueves el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar.
Las víctimas son dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, según el alto oficial.
«Lastimosamente se da este hecho violento donde hay una muerte múltiple de cuatro personas», subrayó Aguilar en comunicación telefónica con el Canal 5.
Indicó además que los autores del crimen utilizaron armas blancas y de fuego, y que el hecho se habría registrado el miércoles, pero hasta hoy se supo del mismo a través de una llamada al teléfono de asistencia social 911.
Añadió que un equipo de la Policía Nacional está haciendo las investigaciones del caso, «que es extremadamente violento y nadie manifestó nada, sino que hasta el día de hoy hicieron una llamada anónima».
Según Aguilar, los vecinos del sector se mantienen «en un absoluto hermetismo» y «nadie quiere manifestar nada».
Honduras registra altos índices de violencia, con alrededor de una decena de homicidios diarios, según diversas fuentes, aunque las autoridades aseguran que la criminalidad se ha reducido sustancialmente, debido en parte a un estado de excepción parcial, que entró en vigor en diciembre de 2022.
La percepción de varios sectores hondureños, incluidos defensores de derechos humanos, difiere con la versión oficial y aseguran que el estado de excepción impuesto por el Gobierno no dado los resultados esperados.
