Internacionales
Máximo tribunal de Guatemala blinda a fiscal general Porras
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, máximo tribunal del país, ha otorgado su protección a la fiscal general Consuelo Porras, ofreciéndole un amparo provisional que impide que esta sea destituida de su cargo, como lo había solicitado al Congreso el presidente Bernardo Arévalo.
«No podemos seguir con una institución tan politizada y tan temerosa de que el Congreso haga su trabajo. El país necesita salir adelante y ella misma [Porras] lo ha dicho: es un obstáculo», dijo el presidente Bernardo Arévalo.
La resolución de la CC, publicada ayer, ordena que las autoridades guatemaltecas «se abstengan de actos constitucionales y legales que atenten» contra el mandato de Porras, cuyo segundo término acabaría en 2026. Su reelección fue avalada por el expresidente Alejandro Giammattei.
Los magistrados de la CC también exigen al Ejecutivo que «en el ejercicio de sus facultades observen de manera irrestricta el sistema republicano, democrático y representativo de Gobierno, por virtud del cual se debe observar la alternabilidad en el ejercicio del poder y el plazo que para cada uno establece la Constitución».
La resolución también demanda que la presidencia brinde a la fiscalía todo el auxilio para «el ejercicio de sus funciones, especialmente las relativas a garantizar la provisión de fondos para su ejecución presupuestaria». Este amparo había sido presentado ante la CC el domingo por parte del Ministerio Público, al considerar amenazada la «integridad física» de la fiscal general y de otros funcionarios del ente.
El Congreso guatemalteco debía sesionar ayer sobre la petición de Arévalo para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo fin sería que la fiscal Porras fuera removida del cargo, a quien señala de «la cooptación corrupta» del Estado. Sin embargo, no hubo quórum.
Samuel Pérez, diputado de Semilla, dijo ayer que varios legisladores no asistieron a la sesión porque fueron amenazados de muerte por su disposición de votar a favor de las reformas.
Los magistrados de la CC han sido cercanos a exgobernantes. Dina Ochoa, expresidenta de la alta corte, es conocida por votar a favor de las decisiones del exmandatario Jimmy Morales. El actual presidente de este jurado, Néster Vásquez Pimentel, ha sido tachado como actor corrupto y antidemocrático por el gobierno de Estados Unidos. Juan José Samayoa y Leyla Lemus fueron juramentados por Giammattei, antecesor de Arévalo, cuyo oficialismo había alegado fraude electoral y, de la mano de Porras, buscó retirar la inmunidad al entonces presidente electo.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
