Internacionales
FOTOS – VIDEO | Una adolescente y su novio hispano mataron a su padre e intentaron desmembrar su cuerpo

La historia de un amor prohibido terminó en uno de los crímenes más horrendos en la Unión Americana.
Una joven de 16 años de Las Vegas y su novio de 18 fueron arrestados en Salt Lake City. Los enamorados se dieron a la fuga después de que asesinaron al padre de la adolescente e intentaron desmembrar el cuerpo. Lar razón es que el padre de la chica se oponía al noviazgo.
Sierra Halseth y Aaron Guerrero fueron arrestados el martes en Utah. Huyeron en auto desde Las Vegas donde supuestamente cometieron el atroz asesinato. Su extradición a Nevada está pendiente, pues son directamente imputados por la muerte de Daniel Halseth.
El viernes por la tarde los bomberos respondieron a una llamada por un incendio en la cuadra 8400 de Dunphy Court, donde encontraron el cuerpo calcinado de Daniel Halseth en la cochera de la casa.
Halseth era un hombre divorciado y padre de otros dos hijos además de Sierra. Trabajaba como consultor de tecnología y estuvo casado con la senadora estatal de Nevada, Elizabeth Halseth.

Las primeras líneas de investigación arrojaron que habrían incendiado a propósito la casa y se dieron a la fuga en el auto de la víctima.
Las autoridades del condado Clark identificaron a la víctima y los exámenes periciales revelaron que el cadáver tiene heridas por armas punzocortantes.
La policía tiene la teoría que Halseth fue apuñalado hasta morir antes de que su hija y su novio hispano incendiaran la casa.
Los investigadores descubrieron que la pareja compró una sierra eléctrica, una de mano y otra sierra circular y trató de desmembrar el cadáver, pero finalmente decidieron utilizar un incendio para cubrir su crimen.
Cámaras de videovigilancia de varias tiendas mostraron a los jóvenes comprando el equipo mecánico con el que pretendían cortar en pedazos el cadáver. También adquirieron gasolina y blanqueador.
Los adolescentes robaron el coche de Halseth, dinero y manejaron hasta Salt Lake City, sin contactar a nadie en el camino.
Tanto el joven hispano como Sierra, podrían ser juzgados como adultos en Las Vegas, señalo Daily Mail.
La policía tiene evidencia que Halseth se oponía a la relación de su hija con Guerrero, pues hizo comentarios recientemente acerca que no quería al chico hispano para su hija.
Halseth y la senadora estuvieron casados por 11 años, pero todo terminó con un divorcio forzoso y el sujeto acusado de violencia intradoméstica.
La senadora cambió su apellido a Helgelien cuando se volvió a casar. Ella se preocupó cuando no supo de Halseth por un tiempo, así que llamó a su teléfono sin respuesta. Después contactó a Sierra, quien le dijo que su padre estaba en el baño y su teléfono se había descompuesto.
Helgelien llamó a un amigo para ir a visitar su casa, pero solo se encontró señales de un incendio y manchas de sangre.
La familia emitió un comunicado en la que lamentó la situación: “Él amaba a su familia y fue un padre increíble. Tenemos el corazón roto”.
Internacionales
Embarazada resulta lesionada en intento de asalto en Ciudad de Guatemala

Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
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Ecuador cierra el semestre más violento desde 2011 con más de 4,500 homicidios

Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.