Internacionales
Enfrentamiento deja un herido en la frontera entre Venezuela y Colombia
Al menos un herido se reportó en el municipio venezolano de Ureña, fronterizo con Colombia, donde la policía militarizada se enfrenta con manifestantes de la zona luego de que Nicolás Maduro ordenará el cierre de la frontera para evitar el ingreso de ayuda humanitaria.
El herido es un sargento de la Fuerza Armada que participaba en este enfrentamiento en el que hubo intercambios de bombas lacrimógenas y piedras, en Ureña, ubicado en el estado fronterizo del Táchira.
El herido es un sargento de la Fuerza Armada que participaba en este enfrentamiento en el que hubo intercambios de bombas lacrimógenas y piedras, en Ureña, ubicado en el estado fronterizo del Táchira.
El gobierno de Nicolás Maduro ordenó la noche del viernes el “cierre total” de los cuatro puentes que comunican al estado Táchira con el departamento colombiano de Norte de Santander, donde está la ciudad de Cúcuta, centro de acopio de ayuda enviada por Estados Unidos a solicitud del opositor venezolano Juan Guaidó.
“¡Queremos trabajar!”, gritaba la multitud frente a un piquete de efectivos de la Guardia Nacional con equipos antimotines que bloqueaba el puente Francisco de Paula Santander, constató un equipo de la AFP.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, justificó la medida en lo que definió como “amenazas” del gobierno de Colombia, que respalda el paso de ayuda gestionada por Guaidó, jefe del parlamento opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por una cincuentena de países.
Algunos también quemaron neumáticos, luego de que los efectivos militares desplegaron un vehículo con barricadas para impedir el paso.
“Yo tengo que pasar para cumplir mis ocho horitas de trabajo. ¿Qué pasa si no llego? Mi familia depende de mí”, dijo a la AFP, antes de los disturbios, Unay Velasco, un joven de 24 años que hace servicios de limpieza en un supermercado en Cúcuta.
Unos 40.000 venezolanos cruzan a diario las fronteras tachirenses, según autoridades migratorias. La mayoría regresa a su país tras trabajar o comprar medicinas o productos escasos en su país.
Venezuela vive una grave crisis económica, con un sueldo mínimo que apenas equivale a unos 6 dólares, que ha forzado la emigración de unos 2,7 millones de personas desde 2015, según la ONU.
Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de un niño de cinco años, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública por la crueldad del crimen y el motivo que lo originó: una deuda de apenas 1,000 pesos (unos 54 dólares).
Según informó la Fiscalía del Estado de México, el menor fue raptado el pasado 28 de julio en el municipio de La Paz, luego de que su madre informara a dos mujeres que no podía pagar un préstamo. En represalia, las agresoras secuestraron al niño con la amenaza de no devolverlo hasta que la deuda fuera saldada.
Días después, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del menor escondido en una vivienda vinculada a los presuntos responsables. La Fiscalía no ha revelado aún la causa de muerte, pero confirmó que las dos mujeres y un hombre fueron encarcelados en un penal estatal, acusados de delitos relacionados con la desaparición de personas.
El caso ocurre en medio de una creciente ola de extorsiones en México. Apenas en julio, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una estrategia nacional contra este delito, luego de reconocer que los esfuerzos anteriores no han logrado frenar su impacto.
La ofensiva se intensificó tras casos como el de una maestra jubilada, asesinada en el estado de Veracruz luego de ser extorsionada y aparecer en un video amarrada y rodeada por hombres armados.
La violencia vinculada a préstamos informales y redes de agiotistas ha afectado tanto a pequeños comerciantes como a ciudadanos comunes. En el Estado de México, las autoridades han desarticulado recientemente al menos dos bandas de extorsionadores.
El asesinato del niño ha reavivado el debate sobre la urgencia de medidas más efectivas para proteger a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, pasando de $25 a $50 millones. Así lo informó la fiscal general Pam Bondi a través de la red social X.
“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, escribió Bondi.
Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de narcotráfico, corrupción y vínculos con redes criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, declarado organización terrorista global por Washington.
La administración del demócrata Joe Biden ya había elevado la recompensa a $25 millones. Tanto Biden como Trump han respaldado al opositor Edmundo González Urrutia, a quien reconocen como “presidente legítimo” tras las cuestionadas elecciones de 2024 en Venezuela.
Pese a las tensiones, la Casa Blanca ha sostenido contactos con altos funcionarios venezolanos para lograr acuerdos humanitarios. En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, como parte de un pacto negociado con apoyo de El Salvador.
Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando la administración Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y aplicó sanciones económicas en un intento fallido por propiciar la salida de Maduro. Ese gobierno interino fue disuelto por la propia oposición venezolana en enero de 2023.
La fiscalía de Aix-en-Provence informó este viernes la detención de dos personas acusadas de liderar una red criminal que reclutaba a jóvenes latinoamericanas bajo falsas promesas laborales, para luego obligarlas a prostituirse en varias ciudades del sureste de Francia.
Durante un operativo, agentes franceses capturaron a un hombre y una mujer e incautaron más de 200,000 euros, de los cuales 194,000 estaban en efectivo. Según las autoridades, los implicados operaban en localidades como Aix-en-Provence, Cannes y Menton.
Las víctimas, al menos 14 mujeres reclutadas durante los últimos dos años, afirmaron haber sido contactadas en sus países de origen a través de redes sociales encriptadas, donde se les ofrecía trabajo como “damas de compañía”. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Niza eran trasladadas directamente a apartamentos donde debían prostituirse hasta 16 horas al día.
Los testimonios revelan que las mujeres eran despojadas de sus documentos y ganancias, además de tener restringida su movilidad.
Ambos detenidos enfrentarán cargos por proxenetismo agravado, secuestro arbitrario, trata de seres humanos y lavado de dinero, y deberán comparecer ante un juez en las próximas horas.
