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El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, busca bajar la edad de imputabilidad criminal a 9 años
Una propuesta de ley para rebajar la edad de responsabilidad criminal de los 15 a los 9 años ha provocado una fuerte polémica en Filipinas, donde diversos grupos lo consideran una violación de los derechos de la infancia, en el marco de una violenta política antidrogas.
La norma cuenta con el apoyo del presidente Rodrigo Duterte, que la ve como una solución para que grupos criminales no utilicen a los niños para cometer delitos graves, práctica común en el país según el mandatario.
El Comité de Justicia del Congreso aprobó el lunes un proyecto de ley que reduce la edad de responsabilidad criminal a los 9 años, medida que el Senado se ha comprometido a ratificar.
«El gobierno filipino está un paso más cerca de poder enjuiciar a niños como si fueran adultos, pilar fundamental de la abusiva campaña contra el crimen de Duterte«, denunció Human Rights Watch (HRW) en Filipinas, a través de su comunicado de su titular, Carlos Conde.
«Esto sin duda empeorará la difícil situación de los niños filipinos atrapados en el sistema de justicia», agregó.
Según los legisladores que han impulsado el proyecto, la ley protege a los niños de los criminales que tratan de explotarlos, pero organizaciones como HRW advierten de que la nueva norma los confinaría en centros de menores hasta 12 años.
La relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard -quien ha criticado duramente las políticas de Duterte-, también ha levantado la voz de alarma sobre esta «vergonzosa» medida, que calificó como «muy peligrosa y potencialmente mortal» para los niños filipinos.
«Lo vergonzoso es que la señora Callamard siga inmiscuyéndose en los asuntos domésticos de Filipinas», respondió el portavoz del presidente, Salvador Panelo, quien la acusó de pronunciar «teoremas ignorantes e intrusivos» sobre cómo un estado debe manejar sus problemas sin haberse leído a fondo la propuesta.
Panelo defendió que la norma castigará con cadena perpetua a los adultos que exploten a menores para delinquir, mientras que los niños de entre 9 y 18 años que comentan crímenes como asesinato, serán recluidos en centros especiales, no cárceles, donde recibirán atención de doctores, psicólogos y trabajadores sociales.
«Las estadísticas muestran un aumento de delitos cometidos por niños. La intención del proyecto de ley es precisamente protegerlos«, explicó Panelo.
La división en Filipinas de UNICEF o Save the Childres también han expresado su oposición a la norma y esgrimen «falta de evidencias» que prueben que los niños estén detrás del aumento de la criminalidad en el país, como alega el gobierno.
Desde que Duterte llegó al poder hace dos años, con una fuerte y violenta política antidrogas, la policía dijo haber matado a casi 5.000 personas durante operaciones antidroga, pero organizaciones de derechos humanos afirman que el balance es tres veces mayor.
(Con información de EFE)
La salida con amigas la noche del domingo terminó en una fatídica tragedia para Amanda dos Santos Barbosa, que decidió aprovechar el viaje en vehículo de una discoteca hacia otra para postear en sus ‘stories’ una impactante narración gráfica del trayecto por las calles de la ciudad brasileña de João Pessoa, en el estado de Paraíba.
La joven, de 24 años, sentada en el asiento trasero, se entusiasmó tanto con las selfis y la grabación de los videos que se asomó por la ventanilla para captar las mejores vistas y perdió el equilibrio mientras el auto estaba en marcha. Al caerse del carro en la carretera, ya en la madrugada del lunes, fue casi enseguida atropellada por otro auto, que acababa de girar desde la calle aledaña, y murió.
Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad
Amanda dos Santos Barbosa, de 24 anos, morreu após cair de um carro em movimento e ser atropelada na madrugada de segunda-feira (18) no bairro dos Bancários, em João Pessoa.
➡️https://t.co/l5MRR8pCLW pic.twitter.com/IQO8cZPsiB
— Jornal O Sul (@OSul_noticias) November 20, 2024
El yerno del líder del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido en Estados Unidos, tras fingir su propia muerte, informó este jueves el Departamento de Justicia.
Según documentos judiciales estadounidenses, «Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa, de 37 años, comenzó a trabajar para el CJNG, uno de los cárteles de drogas más violentos de México, en torno a 2014».
Coordinó personalmente en México el transporte y la distribución de unos 40.000 kilos de metanfetamina y aproximadamente 2.000 kilos de cocaína, destinados a Estados Unidos, donde vivía en la opulencia.
Gutiérrez-Ochoa supuestamente promovió las actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero del CJNG, señaló el comunicado.
En 2021 secuestró presuntamente a dos miembros de la Armada de México en un intento por obtener la liberación de la esposa de su suegro, Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’, que había sido arrestada por las autoridades de ese país.
Tras ser procurado en México, Gutierrez-Ochoa huyó a Estados Unidos, asumió una identidad ficticia y pasó a residir en una lujosa residencia en Riverside (California, oeste) comprada con fondos del lavado de dinero del CJNG».
Según la justicia estadounidense, «El Mencho» pudo haberle ayudado en su plan para fingir su propia muerte diciendo a sus socios que él lo asesinó por mentiroso.
Esto le ayudó a infiltrarse en Estados Unidos para estar con la hija de «El Mencho».
El Cártel de Jalisco «está más débil debido al arresto de un líder que supuestamente simuló su propia muerte y asumió una identidad falsa para evadir la justicia y vivir una vida de lujo en California», dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco, citada en un comunicado.
Este cártel ha desatado una violencia sin precedentes en México y ayuda a alimentar la mortal crisis de drogas en Estados Unidos, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
Gutiérrez-Ochoa se expone a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
