Doscientas personas por cada 10,000 habitantes se han convertido en víctimas de las extorsiones en Perú. Este es un problema que mantiene en vilo a la ciudadanía, que debe tener un fondo extra para pagar a los delincuentes y no poner en riesgo su vida.

La tensión llegó a su límite la semana pasada, especialmente cuando no cuentan con el respaldo del Gobierno ni del Congreso. Las protestas o exigencias de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no hacen eco en el Ejecutivo ni en los parlamentarios. La semana pasada cientos de personas bloquearon calles y se manifestaron frente al Congreso en espera de una respuesta a sus demandas.

La agonía que viven las familias fue externada desde el año pasado, pero en lugar de un cambio la criminalidad opera con más fuerza en las comunidades.

La principal fuente de extorsión son las organizaciones delictivas y, aunque este delito se asocia al control territorial de los grupos, en el país sudamericano ha escalado adaptándose al perfil de las víctimas, de acuerdo con el estudio «¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?», de la organización sin fines de lucro Lab-Co, con sede en México y El Salvador.

El informe, con registros de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto de 2023 hubo 12,936 denuncias por extorsión, y entre ellas la más frecuente es el «gota a gota», un mecanismo que empieza como un préstamo de manera informal y que conlleva a situaciones de impago para luego proceder a la extorsión, ya sea de forma presencial o virtual.

Una vez establecido el préstamo, las bandas operan mediante un aumento de los intereses, los cuales incrementan de manera excesiva por cada día de retraso.

Si se incumple una cuota, obligan a reiniciar los pagos desde cero, y frecuentemente presionan a las víctimas para que adquieran nuevos préstamos, se explica en la investigación. Del «gota a gota» existen 30 veces más registros de extorsión que otros tipos.

De las 3,060 denuncias recibidas entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2023, un total de 463 fueron por extorsión en modalidad de préstamos gota a gota. De las denuncias recibidas, el 57 % fueron de mujeres.

En cuanto a las formas de pago, 54 % fueron a través de una aplicación, 23 % a una cuenta bancaria y 14 % fueron realizadas de manera presencial. Los préstamos van desde los $66 a los $1,341.

También se encuentra el «chalequeo», un cobro por un servicio de seguridad dirigido a unidades de transporte o comercios grandes. Las bandas ofrecen sus servicios de protección para evitar las amenazas de su misma organización. Otro método es el «cobro de cupos y cuotas» diseñado para obras de construcción civil, puestos de transportistas y trabajadoras sexuales.

Las organizaciones criminales han instaurado un sistema de cobros ilícitos en cada proyecto de construcción en desarrollo. En esta modalidad se incluye al sector informal, ya que los vendedores deben pagar por lugares o plazas donde circula el comercio.

Cuando los usuarios recurren a créditos de manera virtual facilitan a los delincuentes el uso de datos personales obtenidos en sus celulares o extorsionar a sus contactos. De 2021 a 2023, un total de 3,730,802 personas descargaron aplicaciones de préstamos informales en sus dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio. A esta modalidad se denomina «aplicativos informales de préstamo».

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) difundió una lista de 29 aplicaciones de préstamos informales identificadas hasta mayo de ese mismo año.

Un informe del Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos del Perú reveló que 580,000 familias peruanas debían pagar una tasa anual de interés de por lo menos 500 %, y el 35 % de esas familias (más de 200,000) recibieron amenazas o fueron presionadas.

En algunos casos nunca solicitaron un financiamiento. El «escopetazo/extorsión desde cárceles» funciona con el envío masivo de mensajes o llamadas extorsivas, y quienes responden a los mensajes son acosados constantemente.

El techo del club nocturno Jet Set se derrumbó la madrugada del 8 de abril. Desde el aire puede verse el agujero que quedó en la estructura colapsada, entre máquinas de aire acondicionado y plantas eléctricas que pesaban toneladas.

El incidente ocurrió durante un concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien falleció en el lugar.

La ministra de Interior, Faride Raful, informó que hay «un número de víctimas mortales del siniestro acontecido que asciende en este momento a 231 fallecidos: 221 que fueron levantados en la zona y 10 más que fueron levantados en hospitales».

El servicio de salud pública informó que 12 pacientes permanecen hospitalizados, de los cuales tres tienen pronóstico reservado. Otros dos fueron dados de alta y otro fue trasladado a Puerto Rico, de donde es originario, por pedido de su familia.

La identificación y entrega de los cuerpos de los fallecidos terminó la madrugada del sábado.

«Vacío en la ley»

El gobierno dominicano ordenó una investigación sobre este suceso a través de una comisión de expertos nacionales y extranjeros.

El presidente Luis Abinader dijo que iba a a «respetar que se haga justicia como tiene que hacerse justicia».

«No van a encontrar ningún tipo de incidencia del gobierno en los aspectos de justicia», añadió en su rueda de prensa semanal.

Expertos coincidieron en que una sobrecarga de la estructura, combinada con una pobre fiscalización, desencadenaron la tragedia.

Abinader explicó que no hay una ley que obligue una revisión de edificios privados en el país e indicó que el ministerio de Vivienda trabaja en un proyecto legislativo sobre este tema.

«Hay un vacío en la ley que tenemos que solucionar», señaló.

El techo de la Jet Set no tenía columnas para aliviar la carga y tampoco estaban reforzadas las columnas laterales.

La discoteca reportó un incendio en 2023 después de que un rayo impactara la planta eléctrica del establecimiento. Los bomberos descartaron entonces que el edificio quedara comprometido.

«Ese techo aplastó a todo el mundo, a mí me dejó atrapada hasta la cintura y a mi esposo lo enterró», dijo a la AFP Marisol Chalas. Ambos sobrevivieron.

Más de 50 personas murieron en dos ataques ocurridos en el centro de Nigeria el domingo por la noche, en un contexto de enfrentamientos mortíferos intercomunitarios, informaron a AFP un responsable de Cruz Roja y Amnistía Internacional.

Esta área de Nigeria suele verse azotada por la violencia étnica y religiosa, que puede exacerbarse por conflictos de tierra entre ganaderos peuls, musulmanes, y agricultores mayoritariamente cristianos.

«Hasta ahora hemos encontrado 52 cuerpos. Seguimos buscando», dijo un representante de la Cruz Roja, que pidió el anonimato. Según él, 30 personas resultaron heridas y unas 30 casas fueron incendiadas.

Un anterior balance daba cuenta de 47 decesos.

Los hechos tuvieron lugar en las aldeas de Zike y Kimakpa, diez días después de que unos ataques parecidos dejaran 40 muertos en la misma zona, el Estado de Plateau, situado entre el norte de Nigeria, mayoritariamente musulmán, y el sur, mayoritariamente cristiano.

La oenegé Amnistía Internacional anunció un balance de 54 muertos, y subrayó que cientos de personas tuvieron que abandonar sus hogares desde el ataque del domingo por la noche.

«Asaltantes no identificados entraron en la aldea y dispararon indiscriminadamente. Mataron a ocho personas, otras fueron heridas y hubo casas incendiadas», dijo a AFP Dorcan John, una habitante de la aldea de Zike.

Amnistía Internacional condenó las matanzas e instó al presidente nigeriano, Bola Tinubu, a poner en marcha una comisión independiente que «investigue el aparente fracaso de las agencias de seguridad» que deben «poner fin al derramamiento de sangre».

Con el aumento demográfico, la superficie de las tierras explotadas por los agricultores ha aumentado, mientras que los pastizales se están viendo duramente afectados por el cambio climático en el noroeste y el centro de Nigeria.

El acaparamiento de tierras, las tensiones políticas y la minería ilegal agravan aún más los conflictos.

La sucesión de asesinatos, seguidos de actos de represalia, ha generado una criminalidad más extendida en estas zonas, con pandillas que realizan incursiones específicas en aldeas, secuestros masivos y saqueos.