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Un número telefónico real aparece en la serie ‘El juego del calamar’ de Netflix y ahora su dueño recibe miles de llamadas y mensajes al día
La serie surcoreana ‘El juego del calamar’, que ha alcanzado rápidamente el ‘top ranking’ de las listas de Netflix, muestra a un misterioso hombre que entrega tarjetas con un número de teléfono de ocho dígitos a la gente y les dice que llamen si quieren participar en un juego en el que los participantes arriesgan la vida para ganar una gran cantidad de dinero. Ahora, el dueño de ese número en la vida real recibe miles de llamadas y mensajes de texto al día.
Al parecer, numerosos espectadores curiosos llamaron o enviaron mensajes al número telefónico, que resultó no ser inventado para el programa, mientras que su propietario, un surcoreano de 40 años residente de la provincia de Gyeonggi, lamenta que no puede seguir con su vida normal debido a las interminables llamadas, tanto de día como de noche.
«Nunca había visto ‘el juego del calamar’, pero pensé que era solo una llamada de ‘spam’. Solo me enteré del hecho de que mi número estaba en la serie porque me lo dijo alguien que me llamó», declaró al medio surcoreano MBC, mencionando que recibe unas 4.000 llamadas al día de personas con voz de niño que dicen que también «quieren participar en el juego», agregando que la mayoría las recibe temprano en la mañana.
Tras la noticia, Huh Kyung-young, jefe honorífico del Partido Nacional Revolucionario y aspirante a la presidencia de Corea del Sur, publicó en las redes una oferta de 100 millones de wones (85.000 dólares) para comprar el número al hombre. «Me he enterado de que el propietario del número de teléfono que aparece en una tarjeta de visita en ‘El juego del calamar’ está sufriendo graves daños por las llamadas de broma. Me gustaría comprar el número por 100 millones de wones», escribió.
Por otro lado, según informa el medio Hankook Ilbo, la productora de la serie se ha puesto en contacto con el propietario del número para «resolver el problema de manera amistosa».
Internacionales
Motines en cárceles de Guatemala buscan traslado de líder del Barrio 18: «No voy a ceder a esos chantajes», afirma ministro
El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, afirmó que los motines registrados de forma simultánea en varios centros penitenciarios del país responden a un intento de presión para trasladar a un líder del Barrio 18 y recuperar privilegios que le fueron retirados.
Según explicó el funcionario, el objetivo del motín coordinado sería beneficiar a Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias «el Lobo», recluido en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla.
Villeda señaló que Ochoa Mejía había solicitado anteriormente una serie de comodidades dentro del penal, entre ellas la instalación de aire acondicionado, el ingreso de una cama y la autorización para recibir comida de determinados restaurantes, entre otros.
«Este gobierno, esta administración del Ministerio de Gobernación no va a pactar con ningún grupo terrorista, no voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarles los privilegios», enfatizó el funcionario en una conferencia de prensa.
Villeda advirtió además que, de ser necesario, se hará uso de la fuerza del Estado para retomar el control de los centros penitenciarios. «Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros lo vamos a hacer», afirmó.
Las autoridades señalaron que ya se han desplegado fuerzas de la policía y del ejército para crear anillos de seguridad, para proteger a los civiles y evitar que haya fuga de los privados de libertad.
Las declaraciones del ministro se dieron luego de que durante la mañana de este sábado se registrara un motín en la cárcel Renovación I, el cual provocó un incendio visible desde el exterior.
De manera simultánea, se reportaron disturbios en la cárcel Fraijanes II y en el sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
