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Asesinos de familia Pimentel reciben más de 250 años de cárcel
Tres integrantes de la estructura criminal MS que participaron en la masacre de cinco miembros de la familia Pimentel en el municipio de Nahuizalco, en Sonsonate, fueron condenados a más de 250 años de prisión en horas del mediodía de este lunes por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana.
Los condenados fueron identificados como Ronald Isaías Aguilar Valencia, reconocido como alias “Chufle o Tramposo”; Leonidas Abel Cardona Ancheta, de alias “Diácono” y Víctor Manuel Lúe Arias, alias “Renka”.
El juez determinó que todos ellos son responsables de asesinar con lujo de barbarie a Rosa Ivett de Pimentel, Marco Antonio Pimentel, Tania Monterrosa, Carlos Ernesto Colindres y Silvia de Colindes.
Los fallecidos eran familiares del reconocido entrenador de fútbol del equipo Sonsonate FC de la Liga Mayor, Omar Pimentel.
En el momento de la condena, el juez Carlos Linares Ascencio dijo a los reos que tuvieron un total desprecio por la vida de las personas y que sin ningún pudor cometieron los crímenes que refleja más que su degeneración como hombres, no solo porque las asesinaron, sino también porque ejercieron violencia física, psicológica y en algunas de las víctimas violencia sexual.
Ronald Isaías Aguilar Valencia recibió 250 años de cárcel, 50 años por cada una de las cinco víctimas y 15 más por organizaciones terroristas. Este sujeto era cabecilla de la MS-13 de los cantones El Canelo, Los Naranjos, Sabana San Juan Arriba, Sabana San Juan Abajo, Los Arenales y otros lugares del municipio de Izalco y Nahuizalco.
Los pandilleros Leonidas Abel Cardona Ancheta y Víctor Manuel Lúe Arias, el juez les impuso 250 años por los cinco asesinatos y 12 años por pertenecer a esa estructura criminal.
Los reos ausentes son Melvin Osvaldo Sorto Callejas, Samuel Isaac López Guerrero y Edwin Rafael Hernández Catalán.
Los hechos fueron cometidos en horas de la noche del 16 de enero de 2019 y por varios días estuvieron como desaparecidos hasta que el 23 de enero, luego de que la Policía y la Fiscalía ofrecieran criterio de oportunidad a un pandillero, encontraron la tumba donde las cinco víctimas fueron enterradas, en la finca Los Trozos, cantón Los Arenales, de Nahuizalco.
Ese día los miembros de la familia Pimentel regresaban de ver un partido en la cancha Ana Mercedes Campos, de Sonsonate y le dispararon a una de las llantas del vehículo para que se detuvieran, para luego privarlos de libertad, violar a las mujeres y luego asesinarlos con un disparo en la cabeza.
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Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
