Internacionales
Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales
Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este sábado el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, a los registros del Departamento del Tesoro, en respuesta a una demanda presentada por 19 fiscales generales demócratas contra el presidente Donald Trump.
El fallo, emitido por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Engelmayer, responde a la demanda que alega que la administración Trump permitió “ilegalmente” que el equipo de Musk accediera al sistema central de pagos del Tesoro, que gestiona reembolsos de impuestos, beneficios del Seguro Social y pagos a veteranos, además de contener datos financieros y personales de millones de estadounidenses.
De esta manera, Engelmayer prohibió el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro de Estados Unidos a “todos los cargos políticos”, “todos los agentes especiales del gobierno”, así como a “todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo al Tesoro”.
La orden restrictiva temporal, que permanecerá en vigor hasta una audiencia el 14 de febrero, también dice que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Trump asumió como presidente el 20 de enero debe “destruir inmediatamente todas y cada una de las copias del material descargado”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la medida representa un riesgo de seguridad y podría utilizarse para interferir con fondos federales. “Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a tener esta información. Buscaron este acceso no autorizado para bloquear ilegalmente pagos que millones de estadounidenses necesitan para atención médica, cuidado infantil y otros programas esenciales”, dijo en un video difundido por su oficina.
El Departamento del Tesoro, bajo la dirección del secretario Scott Bessent, modificó políticas internas para permitir el acceso del equipo de Musk a los registros de pagos, lo que, según la demanda, excede la autoridad de la agencia y viola leyes federales y el principio de separación de poderes de la Constitución.
Elon Musk ha desestimado las críticas a DOGE en su plataforma X, asegurando que la iniciativa está ahorrando millones de dólares a los contribuyentes al eliminar el gasto gubernamental innecesario.
Musk, la persona más rica del mundo, está liderando los esfuerzos de Trump para recortar costos federales bajo el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Mientras tanto, el fiscal general de Connecticut, William Tong, calificó la situación como “la mayor filtración de datos en la historia de Estados Unidos”.
“DOGE es un grupo ilegalmente constituido de ‘tecnócratas renegados’ revisando registros confidenciales, datos sensibles y sistemas de pago críticos. ¿Qué podría salir mal?”, afirmó Tong en un comunicado.
La administración Trump y el Departamento del Tesoro han defendido el acceso de DOGE, argumentando que su misión es auditar el gasto público y detectar fraudes.
Sin embargo, fuentes citadas por The Associated Press indicaron que la revisión comenzó con el objetivo de suspender pagos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una institución que Trump y Musk han buscado desmantelar.
La orden de Engelmayer decía que los estados que demandaron “enfrentarían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar”.
“Esto se debe tanto al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial como al mayor riesgo de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería”, escribió.
El caso sigue en curso en la justicia federal, mientras legisladores demócratas han solicitado una investigación del Tesoro sobre el acceso de DOGE y sindicatos han presentado demandas adicionales para bloquear la revisión de los sistemas de pago del gobierno
La Policía Federal de Brasil detuvo a cinco personas en una operación contra una presunta organización criminal integrada por civiles y militares, acusada de espiar y planear asesinatos por encargo contra jueces de la Corte Suprema y otras figuras públicas.
La acción está relacionada con el asesinato del abogado Roberto Zampieri, ocurrido en diciembre de 2023 en Cuiabá, estado de Mato Grosso, y reveló la existencia de un grupo que ofrecía servicios de vigilancia y homicidios por hasta 250.000 reales (aproximadamente 44.000 dólares).
Durante el operativo, que incluyó allanamientos en Mato Grosso, São Paulo y Minas Gerais, se desmantelaron acciones atribuidas al llamado “Comando C4”, siglas de «Comando de cazacomunistas, corruptos y criminales», que incluso habría considerado el uso de disfraces y señuelos sexuales para ejecutar sus planes.
El jefe de la Abogacía General de la Unión, Jorge Messias, calificó la conspiración como un “absurdo sin precedentes”, alimentado por discursos de odio. Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, señaló que la investigación se mantiene bajo confidencialidad y aún está en una fase preliminar.
El caso se enmarca en un contexto de creciente tensión en Brasil, donde jueces del Supremo han sido objeto de amenazas, y se investiga un presunto intento de golpe de Estado vinculado al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo proceso judicial.
Internacionales
Netanyahu anuncia muerte de líder militar de Hamás mientras crece la crisis humanitaria en Gaza
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró ayer (miércoles) que las fuerzas israelíes han dado muerte a Mohamed Sinwar, presunto jefe de la rama militar de Hamás en la Franja de Gaza, en el marco de una guerra que ya se extiende por 19 meses.
“Expulsamos a los terroristas de nuestro territorio, penetramos con fuerza en Gaza, eliminamos a miles de terroristas y también a Mohamed Sinwar”, declaró Netanyahu ante el Parlamento israelí. Medios locales informaron que Sinwar habría sido blanco de un bombardeo en Jan Yunis, al sur de la Franja, el pasado 13 de mayo.
Mohamed Sinwar, hermano de Yahya Sinwar —exlíder supremo de Hamás asesinado en octubre de 2024—, era considerado el responsable de las Brigadas al Qasam, brazo armado del movimiento islamista palestino clasificado como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.
Desde Washington, el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, manifestó optimismo sobre un eventual acuerdo. “Tenemos un muy buen presentimiento sobre la posibilidad de una resolución a largo plazo, un alto el fuego temporal y una solución pacífica del conflicto”, dijo. Añadió que una propuesta formal será enviada “a más tardar hoy”.
Grave crisis humanitaria y tensiones por la ayuda
Mientras continúan los enfrentamientos, la situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose. Este miércoles, un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) fue saqueado en Deir el Balah por una multitud desesperada que buscaba alimentos. Según la organización, “hordas de gente hambrienta irrumpieron en el almacén”, lo que evidencia la urgencia de facilitar un acceso humanitario seguro.
El incidente ocurrió un día después de que al menos 47 personas resultaran heridas durante una caótica entrega de ayuda en Rafah, en un operativo liderado por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), organización respaldada por Estados Unidos pero cuestionada por la ONU y varias ONG.
El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los Territorios Palestinos, Ajith Sunghay, confirmó que la multitud sufrió lesiones durante el reparto. Sin embargo, el ejército israelí negó haber disparado contra los civiles.
Philippe Lazzarini, director de la UNRWA, criticó duramente a GHF y señaló que su intervención es “un desperdicio de recursos y una distracción de las verdaderas atrocidades”. También advirtió que ya existe un sistema de distribución adecuado liderado por agencias de la ONU.
Sigrid Kaag, enviada especial de la ONU para la región, subrayó que los habitantes de Gaza “merecen algo más que simplemente sobrevivir”, en referencia a la creciente desesperación que afecta a la población, tras más de 600 días de conflicto armado.
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Eslovaquia autoriza el consumo de carne de oso y ONG denuncia fomento a la caza furtiva
El gobierno de Eslovaquia ha autorizado oficialmente el consumo de carne de oso, una decisión que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones ambientalistas. La ONG We are Forest condenó la medida, calificándola como una forma de «carnicería estatal» que pone en peligro a especies protegidas y fomenta la caza furtiva.
La decisión fue anunciada el lunes por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Filip Kuffa, miembro del partido nacionalista de extrema derecha SNS, quien declaró en redes sociales que los animales abatidos serán ofrecidos a la venta, al considerar que “la carne de oso es comestible”.
El anuncio se produce semanas después de que el actual gobierno de coalición, compuesto por varios partidos nacionalistas, aprobara el sacrificio de hasta 350 osos, tras declarar en abril el estado de emergencia en gran parte del país por la presencia “indeseable” de más de 1,300 ejemplares. Las autoridades justifican la medida señalando supuestos ataques de los animales a zonas habitadas.
“No podemos vivir en un país donde la gente tenga miedo de ir al bosque”, expresó el primer ministro, Robert Fico, al respaldar la iniciativa.
La reacción de grupos ecologistas no se hizo esperar. Marian Hletko, activista de We are Forest, advirtió que la decisión gubernamental debilita la protección de la fauna y abre la puerta a la caza ilegal. “Si el Estado envía el mensaje de que la protección le es indiferente, entonces los cazadores furtivos solo tendrán eventuales sanciones”, declaró.
Según datos de la ONG, solo en lo que va de 2024, un total de 92 osos han sido abatidos en territorio eslovaco, mientras que otros 52 han muerto por atropellos o por caza ilegal. Eslovaquia, con una población de 5,4 millones de habitantes, forma parte de la Unión Europea, donde el oso pardo es una especie protegida. Sin embargo, la normativa comunitaria permite excepciones bajo circunstancias específicas.
La medida ha abierto un debate sobre la conservación de la biodiversidad frente a las políticas de seguridad pública y control de fauna impulsadas por sectores políticos nacionalistas.
