Internacionales
Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales
Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este sábado el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, a los registros del Departamento del Tesoro, en respuesta a una demanda presentada por 19 fiscales generales demócratas contra el presidente Donald Trump.
El fallo, emitido por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Engelmayer, responde a la demanda que alega que la administración Trump permitió “ilegalmente” que el equipo de Musk accediera al sistema central de pagos del Tesoro, que gestiona reembolsos de impuestos, beneficios del Seguro Social y pagos a veteranos, además de contener datos financieros y personales de millones de estadounidenses.
De esta manera, Engelmayer prohibió el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro de Estados Unidos a “todos los cargos políticos”, “todos los agentes especiales del gobierno”, así como a “todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo al Tesoro”.
La orden restrictiva temporal, que permanecerá en vigor hasta una audiencia el 14 de febrero, también dice que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Trump asumió como presidente el 20 de enero debe “destruir inmediatamente todas y cada una de las copias del material descargado”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la medida representa un riesgo de seguridad y podría utilizarse para interferir con fondos federales. “Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a tener esta información. Buscaron este acceso no autorizado para bloquear ilegalmente pagos que millones de estadounidenses necesitan para atención médica, cuidado infantil y otros programas esenciales”, dijo en un video difundido por su oficina.
El Departamento del Tesoro, bajo la dirección del secretario Scott Bessent, modificó políticas internas para permitir el acceso del equipo de Musk a los registros de pagos, lo que, según la demanda, excede la autoridad de la agencia y viola leyes federales y el principio de separación de poderes de la Constitución.
Elon Musk ha desestimado las críticas a DOGE en su plataforma X, asegurando que la iniciativa está ahorrando millones de dólares a los contribuyentes al eliminar el gasto gubernamental innecesario.
Musk, la persona más rica del mundo, está liderando los esfuerzos de Trump para recortar costos federales bajo el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Mientras tanto, el fiscal general de Connecticut, William Tong, calificó la situación como “la mayor filtración de datos en la historia de Estados Unidos”.
“DOGE es un grupo ilegalmente constituido de ‘tecnócratas renegados’ revisando registros confidenciales, datos sensibles y sistemas de pago críticos. ¿Qué podría salir mal?”, afirmó Tong en un comunicado.
La administración Trump y el Departamento del Tesoro han defendido el acceso de DOGE, argumentando que su misión es auditar el gasto público y detectar fraudes.
Sin embargo, fuentes citadas por The Associated Press indicaron que la revisión comenzó con el objetivo de suspender pagos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una institución que Trump y Musk han buscado desmantelar.
La orden de Engelmayer decía que los estados que demandaron “enfrentarían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar”.
“Esto se debe tanto al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial como al mayor riesgo de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería”, escribió.
El caso sigue en curso en la justicia federal, mientras legisladores demócratas han solicitado una investigación del Tesoro sobre el acceso de DOGE y sindicatos han presentado demandas adicionales para bloquear la revisión de los sistemas de pago del gobierno
Internacionales
Terremoto en el este de Afganistán deja más de 2.200 muertos y miles de viviendas destruidas
Un terremoto de magnitud 6 sacudió el domingo por la noche el este de Afganistán, dejando un saldo de más de 2.200 personas fallecidas y casi 4.000 heridas, según informó este jueves el Gobierno talibán. El sismo, el más mortífero en la historia reciente del país, destruyó alrededor de 7.000 viviendas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.
Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del Gobierno, detalló que la mayoría de las víctimas se concentran en Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, y que las operaciones de rescate continúan, aunque se enfrentan a dificultades por desprendimientos y deslizamientos de tierra en las zonas montañosas.
Cuatro días después del sismo, los habitantes de las aldeas afectadas esperan ayuda urgente. “Necesitamos carpas, agua, comida y medicinas de forma urgente”, declaró Zahir Jan Safi, un agricultor de 48 años desde el pueblo de Mazar Dara, uno de los más devastados.
El balance de víctimas podría aumentar, ya que aún se hallan cuerpos en casas derrumbadas. Las organizaciones humanitarias y la ONU advierten que la situación se agrava debido a los recortes en la asistencia internacional, justo cuando la ayuda resulta más necesaria.
El Senado de Texas, de mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley que prohíbe prácticamente todas las interrupciones de embarazo, incluso en casos de incesto o violación, salvo cuando exista riesgo de muerte o discapacidad grave para la madre. La medida, que debe ser promulgada por el gobernador Greg Abbott para entrar en vigor, permite que cualquier ciudadano demande a quienes faciliten la entrega de la píldora abortiva, con indemnizaciones mínimas de 100.000 dólares.
La legislación, aprobada por 17 votos a favor y 9 en contra, no penaliza a las mujeres que intenten obtener las píldoras, pero sí prohíbe su prescripción, fabricación o envío dentro del estado.
El senador republicano Bryan Hughes justificó la norma asegurando que busca “proteger al bebé que crece en el vientre de su madre” y evitar que las farmacéuticas “envíen pastillas tóxicas a Texas para inflar sus ganancias”. En contraste, la senadora demócrata Carol Alvarado calificó la ley de “convertir a los texanos en cazarrecompensas”.
La medida se enmarca en la tendencia de los estados conservadores de limitar el aborto tras la decisión de la Corte Suprema de 2022 de revocar el fallo Roe contra Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal. Desde entonces, una veintena de estados han restringido o prohibido el acceso al procedimiento.
Casos recientes reflejan la aplicación estricta de estas normas: un médico de Nueva York fue multado con 100.000 dólares en Texas y enfrenta cargos en Luisiana por recetar pastillas abortivas a distancia, mientras que un hombre demandó a un médico de California por enviar píldoras a su novia residente en Texas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México “está gobernado por los carteles de droga” y aseguró que ofreció enviar tropas estadounidenses al país, propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum habría rechazado por “miedo”. Las declaraciones fueron publicadas el 2 de septiembre por el medio Daily Caller.
Trump elogió a Sheinbaum calificándola como “una mujer estupenda, elegante y hermosa”, pero insistió en que, pese a sus cualidades, México estaría controlado por organizaciones criminales. “Me he ofrecido a enviar al ejército, y ella no quiere que hagamos eso. Tiene miedo. Está muy asustada”, indicó.
Estas afirmaciones se producen tras declaraciones del asesor de seguridad interior de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien comparó la violencia en algunas ciudades estadounidenses con la de Ciudad de México, a la que también describió como dirigida por carteles criminales.
Por su parte, Sheinbaum rechazó las declaraciones y aseguró en conferencia matutina que no son ciertas, subrayando que prefiere mantener una buena relación con Estados Unidos. “Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos y al presidente Trump, y no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación”, señaló.
México ha mantenido cooperación con la administración de Trump, especialmente en temas migratorios, reforzando la vigilancia en zonas fronterizas en los últimos años. Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, estas acciones buscan “desmantelar carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica”.
