Judicial
Prisión provisional para expresidente de BANDESAL por actos arbitrarios y cohecho impropio
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador desarrolló, este lunes, la audiencia inicial en contra de Juan Pablo Durán Escobar, expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), quien es acusado por los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio (pedir sobornos).
De acuerdo a las investigaciones, el exfuncionario cometió los delitos, entre los años 2019 y 2022, autorizando fondos millonarios para beneficio económico propio, de terceros y de un banco privado del que era accionista.
«Al señor Juan Pablo Durán Escobar se le atribuye la autoría directa de los delitos de actos arbitrarios, y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública, los hechos que se están conociendo en el presente caso en el que el señor Durán Escobar fungió como presidente de Bandesal, institución en la que él autorizó y realizó diversas acciones encaminadas a generar un beneficio económico millonario a favor de él y de terceros», ha señalado el fiscal del caso, durante la presentación del requerimiento en contra de Durán Escobar.
Agregó: «El acusado también generó beneficios económicos para un banco perteneciente al sector privado con el cual ha tenido relación desde hace varios años en las que tiene participación accionaria».
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, indicó que el caso tiene reserva total y que Durán Escobar seguirá en prisión mientras continúa el proceso de instrucción.
El pasado sábado 30 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la captura del expresidente de BANDESAL), a su llegada al país en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Durán Escobar fue separado de su cargo en marzo de 2022. La FGR informó en su cuenta X que tras la separación de Durán Escobar del cargo recibió información por parte del Gobierno para iniciar una investigación que dio como resultado la detención del exfuncionario.
El presidente de la república, Nayib Bukele, por su parte, sostuvo que la detención del exfuncionario es la continuación de la guerra contra la corrupción anunciada el pasado 1 de junio.
«En marzo pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se realizó en Bandesal, sin embargo, en lugar de engavetarla como hacían antes, se la entregamos a la Fiscalía para que ellos redujeran responsabilidades», escribió Bukele en su cuenta X.
El jefe de Estado reiteró su compromiso de cero impunidad al tiempo que advirtió a actuales y anteriores funcionarios que todo el peso de la ley les caerá si participaron de actos de corrupción.
«El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntase a esperar su turno», sentenció el gobernante en la red social.
El pasado 3 de octubre, las autoridades ejecutaron allanamientos en diversos inmuebles que pertenecen Durán, entre ellos una casa de cinco niveles.
«La Unidad Especializada contra Lavado de Activos está haciendo efectivas órdenes de registro con prevención de allanamiento a inmuebles relacionados al señor Juan Pablo Durán Escobar, y varias de sus empresas en la que tiene calidad de accionista», explicó el fiscal del caso.
Las autoridades detallaron que se intervinieron la vivienda, una oficina de asesoría financiera y un bufete jurídico, con el «fin de fortalecer las investigaciones en su contra y presentarlas ante el Juzgado correspondiente».
«También se han hecho efectivas las órdenes de registro en las sociedades Durán Importaciones, Enlace Inmobiliario, Asesoría Financiera Integral… Entre otras», indicó el fiscal.
Otra de las líneas de investigación de este caso es que habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
