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Motociclistas murieron al chocar de frente con camión en Sonsonate
Un joven de 23 años y una mujer de 31 que viajaban en una moto murieron, el sábado por la noche, luego que chocaron contra un camión.
La tragedia ocurrió sobre la carretera que de Sonsonate lleva hacia Santa Ana, en la vía del Cerro Verde, cantón Las Lajas, en Izalco, Sonsonate.
Según el reporte de las autoridades, en la moto placas M347-548 se conducía una pareja con rumbo hacia Santa Ana.
De acuerdo con testigos, los motorizados sobrepasaron a un vehículo en una curva y en el carril contrario iba un camión con luces en mal estado.
«Creemos que a la distancia creyeron que era otro motociclista por eso sobrepasaron sin pensar que era un camión» dijo un testigo.
Es por ello que la moto colisionó de frente y tras fuerte el impacto ambos quedaron gravemente lesionados en la vía; por el golpe el motociclista quedó cercenado de una de sus piernas.
Por su parte, la Policía fue alertada de lo sucedido y después trasladaron al Seguro Social al conductor de la moto, quien lamentablemente llegó sin vida.
Mientras que la acompañante fue llevada al Hospital Nacional Jorge Mazzini y también falleció. Las victimas fueron identificados Jose Armando Posada Molina 23 años y Diana Rebeca de 31 años. Ambos originarios de Metapán, Santa Ana y se dijo que andaban de paseo.
Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial revelan que hasta el 30 de mayo perdieron la vida 217 motociclistas.
Siendo las principales causas de percances la distracción de conductor, la invasión del carril y el manejo a excesiva velocidad
Autoridades del Gabinete de Seguridad presentaron detalles de la captura de sujetos vinculados a una estructura de hurto de motos. “Como Gabinete de Seguridad ampliado estamos trabajando día con día en una guerra frontal contra las pandillas y tenemos la responsabilidad de gestionar, ordenar e investigar para poner tras las rejas a los responsables de delitos graves”, afirmó el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario explicó que están analizando las nuevas formas en que los salvadoreños se manifiestan y que, a raíz de esto, se encontraron con reportes de hurtos de motocicletas y es así como la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil inició con la operatividad.
“Tenemos diferentes videos y denuncias de esta estructura y, como resultado, se tiene la detención de siete personas. Operaban como moscas, salían todos y uno de ellos hurtaba la moto, luego la empujaban y con un desarmador generaban la ignición para que arrancara”, agregó el ministro.
Un usuario de redes sociales captó el instante en el que un sujeto que protagonizó una pelea durante un baile comenzó a llorar cuando las autoridades lo capturaron.
Según se aprecia en el video, el sujeto había protagonizado una pelea durante un carnaval callejero.
Sin embargo, todo el coraje mostrado durante la pelea parece que se desvaneció al verse rodeado por los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que procedieron a capturarlo por provocar desórdenes públicos.
El autor del video, quien se identifica con el usuario Rudy.SV, captó el instante cuando el sujeto comenzó a llorar tras darse cuenta que iría preso.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
